El país presentará un escrito ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para impugnar la orden de Loretta Preska por US$16.000 millones.
Argentina comienza este jueves un proceso clave ante la justicia de Estados Unidos para evitar entregar acciones de YPF al fondo Burford, como parte de pago de la sentencia por la expropiación de la petrolera durante el kirchnerismo.
Los abogados argentinos presentarán un escrito ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, que suspendió temporalmente la orden de Preska, fijando para este jueves la presentación de los argumentos sobre el rechazo a la entrega de acciones. Para el 29 de octubre, el tribunal tratará la cuestión de fondo relacionada con la condena millonaria de septiembre de 2023.
El calendario previsto incluye además:
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14 de noviembre: presentación de respuesta de los beneficiarios del fallo.
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12 de diciembre: réplica del Gobierno argentino.
Cumplidos estos pasos, la Corte analizará los argumentos de ambas partes antes de tomar una decisión definitiva sobre las acciones y el monto de la indemnización. Los demandantes también solicitaron que la audiencia oral de resolución se realice “tan pronto como sea posible” en 2026.
Mientras tanto, YPF continúa bajo control estatal y el Gobierno refuerza su estrategia legal para minimizar el impacto económico y político del caso.
Fecha clave tras las elecciones
El 29 de octubre, tres días después de las elecciones legislativas, se realizará la audiencia oral en la que Argentina deberá argumentar contra la sentencia de primera instancia. La orden de Preska obliga al país a indemnizar con más de US$16.000 millones a los fondos que adquirieron el juicio de los accionistas minoritarios de YPF al momento de la estatización.
Esta apelación es crucial para el Gobierno, ya que busca no solo anular la condena, sino también cuestionar el monto de la sentencia.
Antecedentes: reducción de condena en el Ciadi
En paralelo, la Procuración del Tesoro logró una reducción de US$30 millones en una causa del 2001 por la concesión de la conexión vial Rosario–Victoria. El tribunal arbitral del Ciadi aceptó un pedido de rectificación, reduciendo la indemnización de US$147 millones a US$117 millones, lo que representa un ahorro de aproximadamente $42.000 millones para el Estado.
Según la Procuración, este tipo de litigios se arrastran por casi dos décadas debido a decisiones de administraciones anteriores que comprometieron al país en tribunales internacionales.
