Diario HOY | Abren investigación preliminar a funcionaria de Diputados

Al regreso de su viaje a Taiwán, el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, conversó con los medios acerca de varios temas, entre ellos, la situación de la funcionaria Lizani Solís Gomes.

“Yo he resuelto la apertura de una investigación preliminar.Dada la acusación, dado el tema del cual se está hablando, me siento moralmente obligado a abrir un proceso de investigación respecto a la funcionaria en cuestión”, confirmó Latorre.

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La sobrina de Lalo llegó a la Cámara a través de un comisionamiento del Ministerio Público en el año 2021. La investigación se abrirá a partir de ese entonces.

“Queremos enviar un mensaje claro: todo vínculo con el crimen organizado tendrá siempre una respuesta firme y responsable desde esta institución”, subrayó.

Según el informe de SIU de la Policía Nacional, Solís Gomes tuvo una intervención fundamental para que la estructura acceda e influya en instancias judiciales y administrativas, mediante conexiones con las que obstruía investigaciones y filtraba información confidencial.

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Tras varios días de reclamo e insistencia, este martes fue anunciado el desembolso a favor de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Asunción (AFUMA).

Este gremio de trabajadores de la comuna asuncena venía reclamando el pago de haberes atrasados, situación arrastrada desde el pasado mes de julio.

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Como medida de protesta, los funcionarios decidieron manifestarse de manera pacífica frente a la oficina del intendente Luis Bello, a quien exigieron el cumplimiento de los pagos pendientes.

El jefe comunal decidió salir a dialogar con los manifestantes y, luego de algunas gestiones administrativas, hizo posible el depósito de G. 1.800 millones, lo cual permitirá normalizar los compromisos asumidos.

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Cabe mencionar que existe un monto de aporte que es descontado del salario que perciben mensualmente los funcionarios, razón por la que decidieron ejercer este reclamo.

La ocasión fue aprovechada por Bello para solicitar a los sindicatos que puedan denunciar a los “planilleros” que existen en la municipalidad, con el propósito de tomar cartas en el asunto para sanear la institución.

Durante su exposición, recordó que el país registra por primera vez en casi tres décadas un crecimiento sostenido en la incorporación de trabajadores al sistema de seguridad social. Señaló que más del ochenta por ciento de los nuevos cotizantes del IPS provienen de acciones impulsadas por el Ministerio y que, entre agosto de 2023 y agosto de 2025, se sumaron más de 103.000 personas a la formalidad, con un incremento interanual del 7,4 por ciento en la cantidad de aportantes.

Explicó que la formalización empresarial también mantiene una tendencia positiva, acompañada de la creación de nuevas unidades productivas y del cumplimiento de obligaciones laborales.

En materia de control e inspección, informó que para el próximo año se prevé una inversión de 5.400 millones de guaraníes con el objetivo de duplicar la cantidad de fiscalizaciones, incorporar 24 nuevos inspectores laborales, fortalecer el uso de tecnología en los procedimientos y reducir en un 15 por ciento el nivel de incumplimiento patronal. Agregó que las metas establecidas incluyen también la regularización de más trabajadores y la disminución de accidentes laborales mediante mejores condiciones de seguridad y equipamientos adecuados para las intervenciones.

Al referirse a la intermediación laboral, mencionó que el portal del empleo alcanzó más de 19.000 conexiones efectivas entre buscadores y empresas en lo que va del año, con una tasa de inserción del 73 por ciento. Señaló que el presupuesto 2026 contempla una inversión de 3.000 millones de guaraníes para aumentar en un 15 por ciento las intermediaciones laborales, ampliar la cantidad de empresas oferentes y vacancias disponibles, y fortalecer los servicios de orientación para personas en búsqueda activa de empleo.

Sobre las políticas dirigidas a jóvenes, destacó el programa EmpleaPy Joven, que subsidia los aportes a la seguridad social de trabajadores de entre 18 y 29 años a fin de incentivar su contratación en micro, pequeñas y medianas empresas. Recordó que el programa se puso en marcha en julio y ya cuenta con más de 2.000 jóvenes inscritos y alrededor de 100 empresas adheridas. Para el próximo año se proyecta una inversión de 20.000 millones de guaraníes que permitirá alcanzar 25.000 intermediaciones laborales, generar 7.500 inserciones efectivas, sumar más empresas participantes y ofrecer cerca de 8.000 vacancias específicas para este sector.

Recalde concluyó que el presupuesto del Ministerio de Trabajo representa una inversión directa en empleo formal, productividad, juventud, formación técnica y protección social, con resultados comprobables y metas claras para el próximo año.

A través de su cuenta en X, el abogado Irrazábal sostuvo que, a su criterio, el caso (ser omiten nombres para resguardar identidad de la menor) debió resolverse en el fuero de Niñez y Adolescencia, mediante una limitación en el contacto entre padre e hija, y no en el ámbito penal. “El tipo penal del art. 135a CP es verdaderamente un desastre, entre una mala traducción del alemán al español, más el ‘toqueteo’ de legisladores que no comprenden la ley penal”, expresó.

El jurista explicó que el error clave está en la segunda parte del inciso 1 del artículo, donde se menciona que serán castigadas las conductas “frente a y dirigidas a él”. Según el texto alemán original, esa expresión debía referirse a actos “realizados en sí mismo (en el niño)”, no simplemente “frente a”. La confusión de las preposiciones —“von” traducido erróneamente como “vor”— altera el sentido del tipo penal, generando ambigüedad sobre qué conductas son punibles.

“Este error es muy relevante para castigar o no la conducta. No se configuran conjuntamente los dos presupuestos objetivos del tipo”, explicó Irrazábal.

Además, señaló que faltaría el elemento del dolo directo, es decir, la intención consciente de cometer el delito. Si se confirma que el supuesto autor estaba bajo efectos del alcohol y que el acto fue de autosatisfacción sin dirigirse a la menor —quien habría estado dormida—, podría tratarse de un error sobre una situación de hecho, lo que excluiría el dolo y, por tanto, la punibilidad.

“Si falta un elemento del tipo penal, no es posible castigar”, afirmó, y citó en ese sentido los artículos 18 y 23 del Código Penal que regulan el error de hecho y la perturbación de la conciencia.

El abogado subrayó que el bien jurídico protegido por la norma penal no es la moral ni el pudor, sino otros valores más específicos vinculados a la indemnidad sexual de los niños, tal como lo establece la exposición de motivos del Código Penal de 1997.

Irrazábal advirtió que la deficiente técnica legislativa puede derivar en graves consecuencias jurídicas, especialmente en delitos sensibles. “Tenemos graves efectos de una mala traducción y del toqueteo de la ley por personas que no entienden su funcionamiento. Eso puede costar justicia real”, dijo.