Frente a la inédita situación de que el Gobierno promulgara la Ley de Discapacidad para luego dejar en suspenso su aplicación, el Congreso se niega a dictar una nueva norma y empuja la vía judicial para obligar a su cumplimiento. Diputados de distintas fuerzas apuestan a que será la Corte Suprema la que termine resolviendo el conflicto institucional y entre poderes que se abrió por este tema.
El diputado socialista Esteban Paulón ya presentó una denuncia penal contra el propio Javier Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
«La suspensión de facto para no cumplir la ley representa una falta muy grave porque es desconocer el proceso constitucional de la formación de una ley. El gobierno argumenta no saber cómo asignar los recursos necesarios para cumplir la ley sin embargo ese mismo día en el boletín oficial se realizan otras reconducciones de partidas sin problemas», afirmó Paulón en diálogo con Clarín.
En efecto, ese mismo día el Gobierno publicó la Decisión Administrativa 24/2025 que modificó el Presupuesto para aumentar fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a partir del 1° de octubre.
Su denuncia recayó en el juzgado federal número 11 subrogado por el juez Sebastián Casanello.
Por otra parte, los legisladores están manteniendo reuniones para orientar a organizaciones y grupos de abogados en la presentación de cautelares y amparos colectivos en la Justicia.
«El Congreso no va a caer en algo que no existe, una quinta instancia parlamentaria. Las leyes se votan y si se vetan se caen o se ratifican. La ratificamos. Ahora el Gobierno tiene que cumplirla y punto», aseguró una legisladora radical.
Distintas bancadas coinciden en que la aplicación ahora la tiene que obligar la Justicia, mientras que en paralelo las bancadas más opositoras sí motorizan una sanción política a través del Congreso: la moción de censura a Guillermo Francos que podría culminar con su remoción.
«Promulgaron la ley y la suspendieron con fundamentos jurídicos flojísimos. La aplicación no se soluciona con una moción de censura. Se va a solucionar con un fallo de la Corte Suprema, que no dudo en que va a venir porque se va a poner del lado de la Constitución», sentenció Juan Manuel López, jefe de bloque de la Coalición Cívica, quien advierte que el problema puede escalar si el Senado voltea los vetos a la ley del Garrahan y Financiamiento Universitario y el Gobierno tampoco las aplica.
La discusión legal
Milei vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad el 4 de agosto. Pero la cámara de Diputados la volvió a ratificar con más de dos tercios de los votos el 20 de agosto y el Senado luego hizo lo mismo el 4 de septiembre.
El 22 de septiembre el Ejecutivo promulgó la ley pero sentenció en el mismo decreto que “solo puede ser ejecutada por el Poder Ejecutivo Nacional una vez que se determinen las fuentes específicas para su financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto general”.
Para no aplicar la ley revalidada por el Congreso tras el veto de Milei, el Ejecutivo argumentó que se incumplió la ley de Administración Financiera que en su artículo 38 plantea que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
En concreto, la ley en su artículo 19 facultó al jefe de Gabinete a «efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento». Solo aclaró que «las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad “Servicios Sociales”.
La oposición plantea que la misma Ley de Administración Pública en su artículo 37 plantea que «quedan reservadas al Congreso las decisiones que afecten el monto total del presupuesto» y que «el jefe de Gabinete de Ministros puede disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del monto total aprobado».
Y que en el Presupuesto vigente, al igual que en casi todos, figura una cláusula que habilita al jefe de Gabinete a reasignar partidas a lo largo del ejercicio.
«Justamente para no meternos en el Ejecutivo lo facultamos a que retoque lo que crea conveniente para cumplir. Siempre se hace esto. Leyes que envió el propio poder Ejecutivo utilizan esa fórmula», recuerda un diputado opositor y se queja: «Cada vez que incluimos más específicamente formas de financiamiento, como recortes en la SIDE, sentenciaron que nosotros no podíamos decirle cómo gobernar. Entonces, ¿cómo es?».
