El reciente informe de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (OPT) sobre el cabecilla del Barrio 18, Aldo Duppie Ochoa Mejía, conocido como “El Lobo”, abrió un debate sobre si las deficiencias en alimentación y tratos inhumanos denunciados corresponden únicamente a este privado de libertad o si, por el contrario, son un reflejo generalizado del sistema penitenciario guatemalteco, que alberga a más de 23 mil internos.
El documento de la OPT describe, entre otros aspectos, que la alimentación servida era insuficiente, muchas veces en mal estado, y otra serie de condiciones que supuestamente el reo enfrentó y violentaban sus derechos.
Aunque el informe se centra en un solo reo, analistas coinciden en que los problemas señalados no son exclusivos de un reo.
Problemática general en las cárceles del país
El analista en seguridad, Edy Morales, advierte que el caso de “El Lobo” se está tratando con una atención inusual, cuando en realidad las condiciones críticas afectan a todos los privados de libertad en Guatemala.
Recordó que la capacidad instalada del sistema es de alrededor de 6 mil 500 reos, pero actualmente alberga a más de 23 mil, lo que representa un hacinamiento superior al 354%.
En su opinión, poner el foco en un solo cabecilla pandillero revela un trasfondo político, pues la crisis estructural de las cárceles es permanente y generalizada que distan de los estándares internacionales.
«Hay casi 10 prisiones que tienen más del 72.6% de la población reclusa y la realidad es que entonces es un desafío total. Entonces, sorprende que el sistema se concentre específicamente en este caso, y no lo haga de manera general. Esto se ve muy mal, se percibe que hay otro tipo de interés netamente políticos», afirmó Morales.
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El analista considera que el Estado debería priorizar una inversión urgente en infraestructura carcelaria, como la inconclusa prisión de Masagua que podría albergar a 3 mil 500 internos, además de recuperar el control institucional de las cárceles y aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva para frenar el hacinamiento.
También señala que el director del Sistema Penitenciario tiene la facultad de oponerse a traslados de alto riesgo con base en la Ley del Régimen Penitenciario.
A su juicio, sin una coordinación real entre el Ministerio de Gobernación, el Organismo Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública Penal, el sistema seguirá desbordado y dominado por estructuras criminales fortalecidas por la corrupción.
Informe con sesgo
Para Sandino Asturias, del Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Temas de Seguridad (FOSS), el informe de la OPT plantea una preocupación válida, pero mal enfocada.
“Muchas de las cosas que están descritas en este informe son parte de lo que se ha señalado históricamente, un penitenciario sin recursos y sin atenciones adecuadas para todos los privados de libertad. Estas condiciones son generales… lo delicado es que se enfoque en un privado de libertad extremadamente peligroso, lo que podría interpretarse como un sesgo”, explicó.
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Asturias advierte que, aunque las carencias son reales y afectan al conjunto de la población penitenciaria, el informe corre el riesgo de justificar medidas que favorezcan a un reo en particular.
“Las condiciones descritas son prácticamente las que viven las más de 22 mil personas que están en prisión, y lo que se requiere son políticas y recursos extraordinarios, no privilegios para un individuo”, concluyó.
Una realidad que trasciende a “El Lobo”
En la misma línea, el coronel retirado y analista en temas de seguridad, Mario Mérida, considera que la OPT debió abordar el fenómeno en términos más amplios.
“Si más del 50% de los reos está sufriendo las mismas situaciones alimentarias, hacer un informe para un solo reo resulta innecesario. Lo correcto habría sido presentar un diagnóstico general de la mala calidad de la alimentación y el hacinamiento que afecta a la mayoría”, indicó.
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Mérida sostiene que cada interno resuelve su sobrevivencia dentro de la cárcel según su poder y condiciones particulares, pero la base del problema es sistémica: una política criminal débil, falta de infraestructura penitenciaria y ausencia de programas serios de resocialización.
Cambios urgentes que plantean los analistas
Los especialistas coinciden en que el sistema penitenciario necesita cambios estructurales:
- Recursos suficientes y personal calificado: garantizar carrera penitenciaria profesional y guardias especializados
- Infraestructura adecuada: construir centros carcelarios con criterios técnicos, no solo megacárceles de alta seguridad
- Deshacinamiento real: liberar a quienes ya cumplieron condena, revisar casos de prisión preventiva y usar medidas alternativas, como brazaletes electrónicos
- Alimentación digna: revisar el modelo de proveedores externos y garantizar comida balanceada, incluso con participación laboral de internos en la preparación
- Revisión de la política criminal: replantear el encarcelamiento masivo y establecer criterios claros sobre quiénes deben ir realmente a prisión
