La familia de Lara presentó públicamente una acusación por inoperancia judicial, al considerar que los tribunales responsables no han actuado con la debida diligencia para esclarecer los hechos que afectaron a la joven. Según manifiestan, existen demoras injustificadas, falta de avances visibles en las medidas de prueba, así como vacíos en la comunicación institucional que agravan el sufrimiento de los allegados.
Representantes legales de la familia afirman que muchas de las actuaciones solicitadas no han sido cumplidas, lo que impide que el caso prospere. Exigen que se aceleren las pericias pendientes, que se brinden audiencias oportunas y que los responsables judiciales rindan cuentas por la gestión del expediente. Asimismo, hacen hincapié en la necesidad de que el acceso a la justicia no sea sólo formal, sino efectivo.
