Asunción, 14 oct (EFE).- El Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP) denunció este martes ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado que desde 2022 han ocurrido más de cien casos de agresiones a la libertad de expresión en el país.
«Son más de cien casos de alguna agresión a la libertad de expresión en los últimos tres años, desde el 2022 hasta hoy (…) En ese mismo periodo son dos colegas que han sido asesinados. En total, desde 1991 hasta hoy, son 21 periodistas asesinados», afirmó el secretario general del SPP, Santiago Ortiz, en una audiencia sobre un proyecto de ley para proteger a los reporteros.
El dirigente sindical dijo que «lastimosamente, el crimen organizado ha seguido avanzando y ha continuado afectando la libertad de expresión y atacando a compañeros y compañeras en todo el país».
«Lo que buscamos con esta propuesta de ley es que el Estado paraguayo tenga una política pública que venga a garantizar un entorno seguro para el ejercicio del periodismo», agregó.
Ortiz mencionó los recientes casos de «violencia» contra periodistas como una justificación de la norma, después de que el lunes Aníbal Benítez, director de un medio digital especializado en noticias judiciales, denunciara que un desconocido lanzó una bomba molotov contra su casa y una bala envuelta en un papel con un mensaje amenazante.
El hecho se convirtió en el tercer ataque denunciado por el gremio en la ciudad de Lambaré (centro), donde en septiembre pasado el jefe de Comunicación de la municipalidad (alcaldía) de esa localidad, Fabián Costa, dijo que su vivienda fue baleada, al igual que la casa del periodista Carlos Benítez, director del diario El Observador, también especializado en noticias judiciales.
Al intervenir en la sesión, el asesor jurídico de la SPP y secretario ejecutivo de la organización no gubernamental Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Dante Leguizamón, explicó que el proyecto establece la creación de dos órganos: el Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos» y la «Comisión de Protección», que, aseguró, estará integrada por altas autoridades del sector de seguridad.
Leguizamón, hijo del periodista Santiago Leguizamón, asesinado en 1991, defendió la creación de esas instituciones porque, según dijo, las medidas de seguridad existentes «no dieron abasto» en los dos últimos casos de reporteros asesinados, en alusión a Humberto Coronel (2022) y Alexander Álvarez (2023), en hechos ocurridos en la ciudad de Pedro Juan Caballero (norte), en la frontera con Brasil.
Se espera el tratamiento en el plenario este miércoles del denominado Proyecto de Ley de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, según anticiparon legisladores.
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