Productores rurales acusan a Daniel Stadnik de haber frenado la convocatoria del Comité de Cuenca para priorizar la campaña electoral. La denuncia también alcanza a funcionarios provinciales y expone el colapso del Plan Maestro del Río Salado.
Productores rurales de Carlos Casares presentaron una denuncia penal contra el intendente de Unión por la Patria, Daniel Stadnik, al que responsabilizan por la inacción frente a las inundaciones que asfixian a la Cuenca del Salado desde febrero. El escrito también involucra a funcionarios de la Autoridad del Agua (ADA) y de la Dirección de Hidráulica bonaerense, a quienes acusan de haber desatendido sus obligaciones legales y técnicas.
La presentación judicial contempla delitos de estrago doloso por inundación, incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión impropia con deber de garante, figuras penales que pueden derivar en prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. “Conocían el riesgo, tenían la obligación de actuar y no lo hicieron”, remarcaron los denunciantes.
Uno de los puntos más graves expuestos es la inactividad del Comité de Cuenca Subregión A3, presidido por el propio Stadnik, ingeniero hidráulico de profesión. El jefe comunal admitió públicamente que debía convocar al organismo en plena emergencia hídrica, pero confesó haberlo pospuesto por estar dedicado a la campaña electoral. Para los productores, esa declaración constituye una prueba directa del dolo.
La denuncia también apunta al fracaso estructural del Plan Maestro del Río Salado, lanzado en 1999 con un plazo de ejecución de 15 años. A más de dos décadas, apenas la mitad de las obras está concluida, lo que dejó a la región expuesta a anegamientos masivos en 2017, 2022, 2024 y ahora 2025.
El impacto económico es devastador. Según CARBAP, la Cuenca del Salado concentra el 75% del stock vacuno bonaerense y el 28% nacional, además de aportar entre el 20% y 25% de la producción agrícola del país, el 40% de la cebada y el girasol y el 20% de la producción lechera. “Estamos hablando de un daño económico nacional por responsabilidad de un puñado de funcionarios”, denunciaron.
Otro de los ejes centrales es la contradicción entre el perfil técnico de Stadnik y su accionar político. Con más de cuatro décadas de experiencia en obras hidráulicas, los productores sostienen que no puede alegar desconocimiento ni incapacidad técnica. Por el contrario, su especialización lo hace doblemente responsable.
En ese sentido, señalaron que mientras en campaña electoral utilizaba la consigna de la “emergencia hídrica”, como intendente permanecía inactivo: no convocaba al Comité de Cuenca ni exigía a la Provincia y a la Nación el avance del Plan Maestro. “Es una contradicción flagrante que desnuda el abandono y el oportunismo político”, remarcaron.
La denuncia fue acompañada con certificados de emergencia agropecuaria, resoluciones oficiales, actas del Comité de Cuenca, informes de CARBAP, registros de eventos hídricos y hasta capturas de la página de la ADA. Además, se ofrecieron testigos y se pidió preservar digitalmente los documentos oficiales para evitar su manipulación.
“El Estado lleva 25 años incumpliendo con las obras y nosotros seguimos bajo el agua. Esto no es una catástrofe natural, es un estrago político”, concluyeron los productores al presentar la demanda.
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