Diario HOY | Investigan prácticas abusivas del Grupo Vierci: así aprieta a proveedores para subir precios

LA CAJA NEGRA

El Directorio de la CONACOM resolvió instruir un sumario de investigación por posible infracción a los artículos 13 y 14 de la Ley N° 4956/2013 de Defensa de la Competencia y al artículo 34 del Decreto Reglamentario N° 1490/2014.

La investigación surge a raíz del incumplimiento de las cláusulas que habían sido impuestas a la empresa Retail S.A. durante la autorización de una operación de concentración del Grupo Vierci y el supermercado Nuevo Super, ubicado en la ciudad de Caacupé y cuya adquisición había sido aprobada en el año 2022 pero con condicionamientos específicos para evitar una posición dominante en el mercado minorista.

Fue en ese marco que, según los documentos oficiales, la Dirección de Investigación detectó varios indicios de prácticas anticompetitivas del conglomerado de supermercados que vulnerarían los compromisos asumidos ante la CONACOM.

Modificación unilateral y presión a proveedores

Uno de los puntos más graves identificados es la modificación unilateral de las condiciones comerciales con proveedores, realizada sin consentimiento ni nuevos contratos formales. El informe de la Conacom refiere que Retail impuso nuevas reglas de negocio, alterando precios, márgenes y descuentos, pese a que los contratos originales seguían vigentes. Uno de los proveedores reveló lo siguiente: “Ellos (refiriéndose al grupo Vierci) empezaron a incumplir con el contrato, que por más de que esté vencido como que continúa vigente ¿verdad?, porque nos empezaron a sacar ya los espacios, así como un método de presión y empezaron a suspender sus compras, o sea, empezaron a hacer compras muy chicas”.

Solicitud de facturas de competidores

La investigación también detalla que la firma habría exigido a proveedores entregar facturas o tickets de competidores para corroborar precios, una práctica expresamente prohibida. Este mecanismo permitiría al Grupo Vierci obtener información sensible del mercado y ajustar precios a conveniencia, limitando la libre competencia entre supermercados y afectando directamente al consumidor.

“Nos pidieron básicamente: así como conversamos en (…) tenemos cambios en el proceso de suba de precios, solicitamos tickets de compra de Biggie, Real y Fortis de uno o dos productos más referenciales que formen parte del listado de cambios de precios”, dijo uno de los proveedores. Otro reveló en una audiencia con la CONACOM: “Ante la suba de precios que se dieron en los últimos dieciocho meses, antes de una suba te obligaban, y te lo pedían por mail, el relevamiento de las otras cadenas: ‘si tal cadena no tiene tal precio, yo no te voy a subir el precio’”. Estas declaraciones exponen el modus operandi del Grupo Vierci para apretar a quienes le proveen los productos y a la vez afectar a las demás cadenas de la competencia. 

Calificaciones opacas y descuentos arbitrarios

Otro punto bajo análisis es el sistema de calificación no transparente de los proveedores. Según el expediente, Retail habría aplicado descuentos sin criterios claros, lo que afectaba la asignación de espacios de exhibición en góndolas. La normativa exige que estas prácticas sean claras, equitativas y no discriminatorias, condiciones que no se habrían cumplido.

Uno de los proveedores calificados a la conveniencia de Retail contó lo siguiente: “En conclusión, lo que a nosotros nos pasaron después para saber nuestra categoría en realidad fue el resultado de su fórmula, ¿entendés?, nosotros no sabemos en qué parte ahí nos perjudica o no del descuento porque ahora tipo estamos bien, mal, ya te dicen nomas ‘ahora vos me tenes que dar tanto más para subir de C a B”.

El expediente de la Conacom sigue en etapa de investigación y una vez finalizado determinará si el conglomerado, que controla parte importante del circuito de supermercados, medios de comunicación y distribución de productos, abusó de su poder económico para distorsionar la competencia y forzar alzas de precios, atendiendo al peso que tiene el Grupo Vierci en el mercado de consumo masivo, donde concentra parte de las principales marcas y canales de distribución del país.

La comitiva realizó la verificación e investigación, que requirió más de tres horas de desplazamiento por caminos de difícil acceso. Del levantamiemto del cuerpo del adolescente, participaron el fiscal Rodrigo J. Espínola, acompañado de personal de Criminalística, del médico forense y de la Policía Nacional.

La presencia institucional en el lugar tuvo como propósito garantizar una actuación inmediata, transparente y respetuosa de los derechos de la víctima y de su familia, así como documentar las circunstancias que rodearon el hecho, presuntamente suicidio. El representante del Ministerio Público destacó que estas diligencias forman parte de la política de la institución de no discriminar ni relegar la atención de los casos que afectan a comunidades indígenas, tradicionalmente relegadas y expuestas a diversas formas de vulnerabilidad social.

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“Es deber de la Fiscalía estar presente en todo el territorio nacional, sin distinción de procedencia, etnia o condición social de las víctimas. No podemos permitir que estas situaciones queden invisibilizadas”, manifestó el agente fiscal interviniente al concluir la diligencia.

La Fiscalía prosigue con la recopilación de informes y testimonios, en coordinación con los líderes comunitarios y otras instituciones competentes, a fin de esclarecer los hechos y brindar acompañamiento integral a los familiares del afectado.

La paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. El refrán sur­gido de un pasaje bíblico puede explicar tranquila­mente el actuar del multime­dio Abc Color cuando se trata de hablar de casos de lavado de dinero.

El diario emblema del Grupo Zuccolillo, además de sus radios y su canal de televi­sión, se ha dedicado durante años a criticar con fuerza la supuesta falta de acción por parte de las autoridades en el combate contra el lavado de dinero en Paraguay.

De hecho, como se puede observar en la gráfica más arriba, el grupo económico realizó varias editoriales expresando su opinión al respecto.

En su edición del 12 de enero de 2021, la empresa periodística criticaba a los organismos de inves­tigación diciendo que “los peces gordos pueden nadar tranquilos”.

“Nuestro país ha aprobado varias leyes en la materia, pero los peces gordos de la delincuencia saben que no tendrán por qué preocu­parse mientras los organis­mos estatales se limiten a actuar como engañabobos, controlando pequeñas ope­raciones en vez de perseguir el contrabando, el narcotrá­fico y la corrupción”, señalaba el editorial.

Hace apenas unos días, Abc publicó un extenso informe refritando la información de que se habría utilizado dinero proveniente del narcotrá­fico para comprar la casa de verano que el senador Erico Galeano poseía en un barrio cerrado en Altos.

Luiz Carlos da Rocha, conocido como Cabeza Branca, vinculado a operaciones con banco Atlas

SE OLVIDAN DE SU CLIENTE

Precisamente si de dinero narco se trata, es ahí donde aparece el brasileño Luiz Carlos da Rocha, conocido como Cabeza Branca, consi­derado como el mayor narco­traficante de la región y quien operaba tranquilamente en nuestro país. Entre sus ope­raciones aparece un millona­rio préstamo otorgado por el banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo y empresa hermana de Abc Color.

El pasado 8 de mayo, Abc publicó un artículo en el que anunciaba que el juicio para los supuestos prestanombres del narco brasileño se realiza­ría en junio y citó algunas de las operaciones realizadas por los mismos. Pero se olvidó de una en particular.

En 2015, el banco Atlas otorgó un préstamo de USD 6,5 millo­nes a la firma Biocombustible Brasilero (Biobras), cuyo presi­dente es Gilberto Suárez, uno de los señalados como supuesto prestanombres de Da Rocha, puesto que el mismo es en rea­lidad un modesto tractorista.

En noviembre del año 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas para una línea de crédito con garantía hipotecaria, de la suma de USD 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias.

Como garantía hipoteca­ria, el presidente de Biobras ofreció las fincas de la estan­cia Cielo Azul, por lo que tras el incumpliendo del acuerdo, al no haber pagado al banco, la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para la ejecución hipotecaria. Sin embargo, el inmueble en cues­tión ya estaba a cargo de Sena­bico y la Justicia dispuso una medida de prohibición de con­tratar sobre el mismo.

CASI CONSIGUIERON REMATE

En el contexto de las clási­cas movidas judiciales de fin de año, en diciembre pasado se perfiló un remate judicial que favorecía los intereses del grupo empresarial Zuccolillo y perjudica al Estado.

Este remate buscaba recu­perar el crédito hipotecario millonario que el banco Atlas otorgó al tractorista testafe­rro del narcotraficante.

El 12 de diciembre, el juez del 7.° turno en lo Civil y Comer­cial, Édgar Rivas, ordenó el remate de la estancia Cielo Azul, propiedad de Cabeza Branca, en detrimento de la Senabico, que actualmente administra el inmueble incautado. Pese a los múlti­ples pedidos para realizar una subasta y pagar al acreedor, el juez dispuso que el remate se efectuara el 29 de diciembre de 2023, con publicaciones en el diario Abc Color, desta­cando las medidas cautelares que pesan sobre el inmueble.

Con esta maniobra judi­cial, el Estado paraguayo podría haber perdido un bien valuado en USD 18 millones al ser rematado por una deuda de USD 3 millones recla­mada por el banco Atlas, tras su cuestionable negocio con el tractorista testaferro del narco Cabeza Branca.

Si el remate prosperaba, el banco Atlas podría adjudi­carse un inmueble cuyo valor supera con creces la deuda pretendida, frustrando así los esfuerzos del Estado por recu­perar activos del crimen orga­nizado y abriendo la puerta a que en el futuro procesados puedan recuperar sus bienes mediante deudas simuladas.

EL MAYOR LAVADOR

En una entrevista realizada por Mabel Rehnfeldt, una de las estrellas de Abc, la enton­ces ministra de la Senabico Teresa Rojas había confir­mado que Cabeza Branca superaba el nivel de inver­sión del también brasileño Darío Messer.

• Unidad de Investigación Nación Media
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Por Cinthia Mora, periodista.

La campaña de perse­cución que desató el diario Abc Color en contra de la actual titular de Seprelad, Liliana Alca­raz, con el objetivo de invo­lucrarla, sin motivos, en la causa penal donde se inves­tiga a Abdo Benítez y sus excolaboradores, forma parte de la estrategia de defensa mediática del exmandatario imputado.

En agosto de 2023, al asu­mir el cargo de ministra de Seprelad, la exfiscal Liliana Alcaraz constató que no se habían aplicado las reco­mendaciones del Grupo de Acción Financiera de Lati­noamérica (Gafilat) respecto a las filtraciones ni tampoco sumarios a los funcionarios responsables por los gra­ves hechos. Las filtraciones de informes de inteligencia fueron motivo de alerta por parte de los evaluadores del Gafilat que en setiembre de 2022 recomendaron la apli­cación de protocolos para evi­tar tales situaciones y corre­gir los malos manejos.

Alcaraz ordenó la aplicación de sumarios a los funciona­rios asignados a la Dirección General de Análisis Finan­ciero y Estratégico y la apli­cación de los protocolos reco­mendados por el Gafilat. Los resultados de estos sumarios fueron enviados al Ministe­rio Público por solicitud de los agentes fiscales Aldo Can­tero y Giovanni Grissetti, en diciembre de 2023.

Los informes remitidos desde la Seprelad al Ministe­rio Público aportaron infor­mación relevante que permi­tieron colectar datos, correos electrónicos y testimonios que hoy forman parte de los 42 elementos que sustentan la imputación contra Abdo Benítez y su gavilla.

El documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández fue descubierto gracias a la colaboración de la actual ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz (Crédito: Acta de imputación)

EL DOCUMENTO SECRETO Y LOS CORREOS

Entre los 42 elementos de prueba que sustentan la imputación contra Abdo Benítez resaltan dos infor­mes remitidos por la nueva administración de Seprelad. El primer informe es del 21 de noviembre de 2023, en el cual la Seprelad responde a un pedido de los fiscales Cantero y Grissetti sobre los procedimientos ejecutados dentro de la Unidad de Inte­ligencia Financiera.

La respuesta de la Sepre­lad aportó un detalle que se convertiría luego en la “brú­jula” de la investigación fis­cal, el documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández. Este docu­mento en formato word fue detectado en los archivos de la DGAFE (Dirección Gene­ral de Análisis Financiero y Estratégico), dirección que estuvo a cargo de Carmen Pereira y de Guillermo Preda Galeano, ambos imputados en la causa.

El documento secreto fue uti­lizado como base para la ela­boración del informe de inte­ligencia (10/2022) que luego fue presentado al Ministe­rio Público y enviado a EE. UU. en carácter de “informa­ción espontánea”. El archivo fue redactado en una oficina paralela dentro de la Seprelad y a cargo de un funcionario que no pertenecía a la institu­ción. En el borrador se intro­dujo información falsa y ter­giversada, según lo expuesto por el Ministerio Público.

Este revelador documento fue uno de los elementos de prueba que permitió a los agentes fiscales construir la tesis de la persecución polí­tica ya que fue elaborado por fuera de lo que establece la ley y bajo la orden específica de perseguir exclusivamente a Cartes y a sus empresas.

El otro informe remitido por la ministra Liliana Alcaraz y que permitió avanzar aún más en la investigación contra Abdo Benitez y su camarilla fueron los correos electróni­cos entre la exviceministra Carmen Pereira y los funcio­narios de la Unidad de Inteli­gencia Financiera de la Sepre­lad, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira, todos imputados en la causa.

En estos correos se detalla la manera en que fue incorpo­rado el documento secreto, redactado por Farías y Fer­nández, al circuito institucio­nal de la Seprelad para que sea utilizado como base para la elaboración de un informe de inteligencia contra Horacio Cartes. En estos correos tam­bién se ordenaba incorporar al documento oficial infor­mación tendenciosa y juicios de valor para perjudicar a los enemigos políticos.

DESMIENTE INFORMACIÓN FALSA DE ABC

Publicaciones de tinte mali­cioso y falso del diario Abc Color tienen como objetivo instalar que Liliana Alcaraz fue partícipe del esquema de filtración en su calidad de punto contacto del sis­tema que recibió el pedido de información de la fiscalía de Panamá.

La actual titular de Seprelad mencionó que recién tuvo acceso al sistema mencio­nado en marzo de 2022, dos meses después de haberse registrado la filtración a los medios Abc Color y Última Hora, y de la declaración del entonces ministro del Inte­rior Arnaldo Giuzzio, quien fue el responsable de revelar públicamente el contenido del pedido de cooperación de la fiscalía panameña.

Alcaraz explicó que la RRAG es una plataforma electrónica que se encuentra en el extran­jero (Costa Rica) a través de la cual los países que conforman el Gafilat pueden intercam­biar información de manera segura y recién una persona se convierte en punto de con­tacto cuando tiene acceso a la plataforma. Cada país tiene un coordinador y es este quien gestiona estos accesos. En ese entonces era el minis­tro de Seprelad Carlos Arre­gui. Actualmente ese cargo lo ocupa Liliana Alcaraz. “La responsabilidad siempre es del coordinador nacional”, subrayó.