Diario HOY | Protección a periodistas: análisis jurídico muestra falencias

El análisis elaborado por el abogado Federico Legal se rige por estándares internacionales sobre las tres grandes obligaciones del Estado:

Prevenir cualquier tipo de violencia contra periodistas que puedan estar en situación de riesgo

Proteger a los que a están en riesgo como alguna amenaza

La procuración de la justicia, y de investigar y sancionar a los responsables

“Lo que concluyo es que este proyecto necesita algunas mejoras y adecuaciones o incluir algunas disposiciones para adecuarse a esas tres obligaciones. Si bien tiene sus bondades, se concentra excesivamente en una institucionalidad que recae en un mecanismo de protección que tiene la responsabilidad de tomar medidas , grandes medidas”, comentó Legal, en una entrevista con el canal Gen-Nación Media.

Advirtió que el proyecto no desarrolla aspectos como: obligaciones particulares para el Poder Judicial, Policía Nacional y Ministerio Público. Además, temas como una modificación del sistema penal y agravar la pena de homicidio doloso cuando el asesinato sea en el ejercicio de la labor periodística.

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PUNTOS CUESTIONABLES

La pertinencia o no para la inclusión de las “personas defensoras de derechos humanos” dentro del mismo marco legal. Si bien, jurídicamente no es inviable, deben considerarse temas relativos al universo de potenciales beneficiarios, lo cual sería excesivamente indeterminado y con elevados riesgos de déficits presupuestarios para implementar medidas eficaces de protección; los roles y las funciones de cada son distintos y, por lo tanto, los riesgos que enfrentan, así como las medidas de protección, serán naturalmente diferentes y requerirán de miradas separadas.

La dificultad para definir la calidad de “periodista”. Esto amplía la conceptualización excesivamente genérica que podría llegar a adoptarse, lo cual podría conspirar contra la factibilidad de aprobación del proyecto de ley e incluso contra la practicidad y claridad de su aplicación.

La creación de un “Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos (MPPD)”, compuesta por una “Comisión de Protección” y una “Secretaría Ejecutiva”, con atribuciones amplias, dejando de lado otros temas relevantes como el sistema judicial.

El modelo de institucionalidad propuesto plantea la creación de un ente autárquico, pero que incluye a integrantes de otros poderes del Estado, lo cual tiene implicaciones específicas que deben ser consideradas.

Algunas atribuciones del Mecanismo podrían entrar en conflicto con las facultades exclusivas del Poder Judicial, lo que requiere una revisión para evitar colisiones de competencias. Por ejemplo, particularmente el Art. 6, inciso c, dispone “ordenar evaluar, modificar y / o suspender las medidas de protección en coordinación con las instituciones competentes” (sic).

La probable inconstitucionalidad de incluir un miembro del Tribunal de apelación del Poder Judicial en la composición del mecanismo. Esto, debido a la incompatibilidad de ejercer otro cargo público o privado remunerado o no.

No se incluyen temas que podrían ser relevantes, como seguros de vida, indemnizaciones, protección especial en casos de conflicto social, imposibilidad de ser citados como testigos, el homicidio agravado cuando esté vinculado con la naturaleza del trabajo periodístico, la eliminación de los tipos penales de difamación, calumnia e injuria que se utilizan como mecanismos de acoso judicial, entre otros.

La estructura del proyecto no sigue la lógica de prevenir, proteger y procurar justicia, sino que se limita a enunciar.

En el transcurso de este miércoles se confirmó el hallazgo de un cadáver en un camino vecinal de la Colonia Mbokaja’i de Capitán Bado, a unos 85 kilómetros de Pedro Juan Caballero.

El cuerpo sin vida se encontraba envuelto en una carpa de plástico negra, que fue asegurada con una cuerda de verde, encima de un colchón.

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Posteriormente, se logró determinar la identidad de la persona fallecida. Se trata de Alcides Ramírez, de 34 años, residente del barrio San Blas de Pedro Juan Caballero.

Según revelaron sus familiares, este hombre se encontraba trabajando en un establecimiento ganadero de la Colonia Virginia cuando tuvieron contacto con él por última vez.

La autopsia confirmó que la víctima presentaba dos impactos de bala, uno en el rostro y otro en el tórax, y que llevaba aproximadamente 18 horas fallecida.

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Según se presume, Ramírez fue asesinado en otro sitio y posteriormente trasladado ya sin vida hasta el camino vecinal donde se concretó su localización.

La forma en que fue encontrado el cuerpo hace sospechar que se trató de un ajuste de cuentas, aunque se desconoce el trasfondo del crimen.

En Itá, un niño identificado con las iniciales T.D.O.G recibió una descarga eléctrica cuando se encontraba en su vivienda en el barrio Fátima utilizando el celular.

El aparato móvil estaba con el cargador enchufado, el cual explotó y provocó que el niño sufra una descarga eléctrica.

“Según manifestaciones del personal interviniente, el enchufe se encontró en condiciones normales y en buen estado, por lo que se desconoce la causa de este accidente”, expresó el Crio. Celso Zelaya, jefe de la Comisaría 12 de Itá a la radio Universo 970/Nación Media.

La madre del menor llamó a los Bomberos Voluntarios quienes dieron los primeros auxilio al niño, también llegaron agentes de la Comisaría 12ª Central.

Como consecuencia del incidente, el niño tuvo un golpe en la zona lumbar, por lo que lo trasladaron hasta el Hospital Nacional de Itauguá.

El caso fue comunicado al Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

“Cuando tuve protección policial me salía más caro que pagar un departamento en la zona más exclusiva de Saltos del Guairá. Era inviable. Tenía que pagar su alimentación, su combustible (de los policías). Al final terminé pidiendo que me retiren la custodia porque no podía sostenerlo”, relató Alcaraz en entrevista con el canal GEN.

El comunicador aseguró que, además del costo económico, temía por su seguridad al descubrir vínculos de ciertos agentes con grupos criminales fronterizos. “Llegó un punto en que sentía miedo de los mismos protectores. Pensé: ‘Estos me van a vender en cualquier momento’”, expresó.

Alcaraz criticó la falta de efectividad del sistema judicial y de seguridad, al afirmar que los casos de amenazas contra periodistas no avanzan en la Fiscalía.

“Tengo una denuncia hace nueve meses en la unidad de Derechos Humanos y no hay ningún avance. Nos matan y lo máximo que logramos es ser foto de tapa en los libros que ellos mismos después venden”, ironizó.

El periodista participó recientemente en un encuentro nacional sobre el proyecto de ley de protección a comunicadores y destacó el modelo chileno como ejemplo a seguir, por su enfoque real en los periodistas que trabajan en zonas de riesgo.

“Casi el 100% de los casos de violencia extrema contra comunicadores se dan en la frontera. En Amambay, Canindeyú y Alto Paraná vivimos frente a una 9 mm todos los días”, sostuvo.

INVESTIGACIÓN A ALIAS MACHO

Alcaraz también relató un episodio mientras reconstruía el paso irregular que había hecho el convoy narco cargado con más de 14 toneladas de marihuana de alias Macho. El comunicador investigaba cómo la caravana de nueve vehículos de alta gama recorrió 124 kilómetros en Canindeyú y no fue detectado por ninguno de los 19 puestos de control de la Policía, de la Patrulla Caminera y de unidades especializadas en narcotráfico instalados en la zona.

“Cuando hacía el recorrido, una moto empezó a seguirme y luego un taxi que en realidad era campana de los narcos. Me siguieron varios kilómetros. Fue una advertencia clara de que me estaban observando”, contó.

LEY EN DEBATE

A los efectos de realizar más ajustes, el Senado postergó ayer el tratamiento del proyecto de ley de protección a periodistas, que busca establecer medidas legales y de seguridad para comunicadores y defensores de derechos humanos.

La iniciativa crea un consejo especial y adapta la legislación paraguaya a recomendaciones internacionales surgidas del caso Santiago Leguizamón.