Diario HOY | Retiran carteles publicitarios sobre la ruta PY03, anuncian más operativos

Patricia Ferreira, jefa de Relaciones Públicas de la Patrulla Caminera, informó que en total retiraron 17 carteles con pórticos que se encontraban sobre la franja de dominio de la ruta PY 03 de Saltos del Guairá.

“Esto es parte de un control y despeje que vamos a continuar en los próximos días, dependiendo del clima”, comentó Ferreira, en un contacto con la 730 AM.

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Las ciudades de San Bernardino y Ciudad del Este son las siguientes en la lista de trabajos ejecutados con inspectores de la Caminera y funcionarios de la Dirección de Vialidad.

Entre los objetivos de este operativo figuran: eliminar la polución visual, permitir un mejor mantenimiento de la franja de dominio, facilitar el acceso a emergencias y prevenir accidentes de tránsito.

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En una nota remitida al contralor Camilo Benítez, el presidente de la república, Santiago Peña, solicitó un examen de correspondencia de sus declaraciones juradas entre las presentadas al inicio de su gestión y las que actualizó.

“No solo de que la ciudadanía que me honra con este alto cargo tiene derecho a saber que su Presidente de la República no tiene absolutamente nada que esconder, sino también en aras a tutelar mi buen nombre, particularmente, ante publicaciones periodísticas falsas, inexactas e interesadas que se alejan, y largamente, del mandato constitucional de que la información debe ser ”veraz, responsable y ecuánime (artículo 28 de la Constitución)”, expresa el documento.

Respecto al crecimiento patrimonial entre el año 2017 cuando dejó la función pública al salir del Ministerio de Hacienda y el 2023 cuando regresó como presidente de la República, explicó que esto provino exclusivamente de sus ingresos obtenidos como profesional independiente en el sector privado, declarado oportunamente ante la administración tributaria, y sobre los que ha pagado en tiempo y forma, todos los impuestos correspondientes.

Peña solicitó que, una vez realizado el examen, pueda publicar el dictamen y ponerlo a conocimiento de la ciudadanía para transparentar el resultado y permitir que la verdad salga a la luz.

“Copaco necesita una solución urgente, porque está perdiendo dinero desde hace muchos años”, dijo Stark en entrevista con GEN, al referirse al proyecto de ley impulsado por el diputado José Rodríguez para reestructurar la compañía.

El titular de la telefónica estatal explicó que el plan apunta a permitir la participación de capital privado, incluso con la venta parcial de acciones, y a crear un fondo de recuperación que garantice transparencia en el uso de recursos. “Ya tenemos 37 propuestas de inversión, cinco de ellas muy ambiciosas”, precisó.

Según Stark, la compañía pasó de facturar USD 92 millones en 2018 a solo 30 millones en 2023. “Conseguimos frenar la caída y subir un poco este año, pero seguimos muy lejos de ser sostenibles”, admitió.

El presidente indicó además que Copaco redujo su plantel en 550 funcionarios, lo que permitió ahorrar unos G. 3.000 millones al mes. Un nuevo plan de retiro voluntario podría alcanzar a 500 empleados más.

Stark confirmó que Copaco posee unos 600 inmuebles, muchos de ellos sin uso, por lo que no descarta su venta para cubrir gastos. “Ya perdimos propiedades por invasiones”, advirtió.

También mencionó que Vox, filial móvil de Copaco, está en una situación aún más crítica, pero con gran potencial. “Si logramos reducir costos y atraer inversión, podemos llegar al 10% del mercado y volvernos sostenibles”, afirmó.

El titular de Copaco insistió en que la incorporación de capital privado es la única salida posible.

El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia resolvió este viernes hacer lugar a la desestimación de la denuncia solicitada por los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Verónica Mayor y Fernando Meyer el 6 de junio pasado.

Arnaldo Giuzzio había denunciado a Horacio Cartes el 26 de enero del 2022 por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando.

Con base a la investigación fiscal, los magistrados concluyeron que Horacio Cartes no cometió ningún delito y la denuncia se envió al archivo.

Entre los argumentos expuestos por los magistrados se menciona que la producción en el país de mercadería lícita, así como su comercialización cumpliendo con los requerimientos legales, impositivos y demás regulaciones, no puede ser considerada una conducta típica de contrabando esbozando una teoría como la del denunciante de una supuesta sobreproducción.

En relación con el lavado de activos, no se constató la existencia de un delito fuente precedente ni de operaciones de ocultamiento, transformación o transferencia de bienes de origen ilícito, de modo que no se cumplen los presupuestos tipicos.

Con lo expuesto, resultó aplicable el principio de objetividad previsto en el artículo 18 del Código Procesal Penal, el cual impone al Ministerio Público promover la acción penal pública únicamente cuando existan elementos que sustenten razonablemente la existencia de una conducta tipica, antijurídica y reprochable.

En consecuencia, no encontrándose reunidos los elementos que configuran la comisión de un hecho con relevancia penal corresponde hacer lugar al requerimiento fiscal de desestimación.

Concluyen que resulta pertinente remarcar que la decisión de desestimación responde a la función garantista del juez de control, orientada a impedir que un ciudadano sea sometido a un proceso penal sin la concurrencia de una causa legal fundada.