Asunción, 17 oct (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó este viernes a la Contraloría General de la República la revisión integral de sus declaraciones juradas sobre bienes y rentas porque, según dijo, no tiene «nada que esconder», después de que un grupo de legisladores opositores presentara a principios de mes una denuncia en su contra por supuesto «enriquecimiento ilícito de funcionario público».
«Dicho pedido lo realizo en la convicción firme -que me ha acompañado toda mi vida- no solo de que la ciudadanía que me honró con este alto cargo tiene derecho a saber que su Presidente de la República no tiene absolutamente nada que esconder, sino también en aras a tutelar mi buen nombre, particularmente, ante publicaciones periodísticas falsas, inexactas e interesadas», señaló Peña en la solicitud enviada al Contralor General de la República, Camilo Benítez.
La petición, publicada en la cuenta de Peña en X, se formula luego de que ocho legisladores de oposición presentaran el 2 de octubre pasado ante la Fiscalía General la denuncia contra el gobernante por los presuntos delitos de «enriquecimiento ilícito de funcionario público, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio», en una acción sin precedentes en el país.
Los legisladores señalaron que se basaron en las declaraciones juradas y las acusaciones de la exempleada de la residencia presidencial Luz Candado, quien señaló que fue despedida del equipo asignado al servicio doméstico después de que Peña se quejara el 22 de julio de este año por la presunta pérdida de dinero en su vestidor.
En declaraciones al grupo de medios ABC, Candado habló también de la supuesta existencia de sobres con dinero en esa residencia.
En su carta enviada al Contralor, el mandatario afirma que todo lo que tiene «se encuentra absolutamente respaldado en documentos fehacientes y merced a ingresos lícitos» y, agregó, que «son el resultado de toda una vida de trabajo tanto en el sector público, como en el privado».
Asimismo, enfatizó que el «incremento patrimonial» registrado en la declaración presentada al asumir el cargo de presidente en agosto 2023, en relación a la que hizo en 2017, cuando renunció al puesto de ministro de Hacienda, «provino exclusivamente» de sus «ingresos obtenidos como profesional independiente en el sector privado», sobre los que, según indicó, ha pagado impuestos.
El gobernante solicitó que la Contraloría «efectúe el control de consistencia» de su declaración jurada con un corte hasta el 30 de septiembre de 2025 y después publique su dictamen para toda la ciudadanía.
La denuncia de los legisladores señala el supuesto crecimiento patrimonial del mandatario en un 1.603 % entre 2017 y 2023, al haber pasado de 1.351 millones de guaraníes (unos 194.025 dólares) a un monto de 23.024 millones de guaraníes (unos 3,3 millones de dólares).
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