Este viernes se produjeron incidentes en la sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuando un grupo de manifestantes entró por la fuerza al edificio del organismo oficial y pidió dialogar con las autoridades.
Decenas de familiares de personas con discapacidad se habían congregado en las puertas de la sede de la Andis, ubicada en Bajo Belgrano, para entregar un petitorio a las autoridades del lugar con diversos reclamos.
Según explicaron, las autoridades se negaron a recibir el petitorio, por lo que los manifestantes resolvieron ingresar al lugar por la fuerza para darle más visibilidad al conflicto.
«Esta reunión era para exigirle a (el interventor de Andis, Alejandro) Vilches y a todo el directorio que se junten para tratar el aumento del nomenclador. Ayer anunció que se juntaba el directorio, nos pusimos recontentos, y a las tres horas dijo que no, que no se juntaba nada. Se suspendió la reunión por tiempo indeterminado», contó la actriz Valentina Bassi, parte de los familiares que marcharon, a medios presentes en el lugar.
«Con esas cosas, uno va juntando mucha bronca. Y cuando vinimos acá a marchar, quisimos entregar el petitorio, y no lo aceptó. Eso no pasa nunca. Es un acto simbólico. Que no acepte el petitorio es un montón. Es un destrato, es un maltrato. Estamos recansados ya, por eso entramos», agregó.
La protesta ocurre en medio de una creciente tensión política y judicial en torno al manejo de la Andis y la suspensión de la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue aprobada por el Congreso, vetada por el presdente Javier Milei, y ratificada por el Legislativo, que rechazó el veto presidencial.
Hace un mes, el Gobierno había promulgado la normativa que declara la emergencia nacional en la materia, pero dispuso su suspensión hasta que el Congreso apruebe las partidas presupuestarias necesarias.
El decreto que acompañó la promulgación, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fundamentó la medida en la “falta de financiamiento específico” y en la obligación de no ejecutar gastos sin respaldo presupuestario.
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