El cibercrimen dejó de ser un tema exclusivamente técnico para convertirse en una de las industrias más lucrativas del mundo, con un movimiento estimado de más de 10,5 billones de dólares al año, ubicándose solo detrás de Estados Unidos y China. En América Latina, este fenómeno representa un desafío crítico, dado el incremento sostenido de ataques digitales y la escasez de profesionales en ciberseguridad.

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Los expertos advierten que la región no está preparada para enfrentar una industria criminal que evoluciona a gran velocidad. A pesar del crecimiento de la digitalización, la protección sigue siendo insuficiente: muchas empresas carecen de políticas robustas y de líderes especializados que guíen su estrategia de defensa digital. Esto ha convertido a Latinoamérica en un blanco preferido para ciberdelincuentes, quienes pueden acceder a información sensible, paralizar operaciones o exigir rescates millonarios en cuestión de minutos.

La brecha entre ataques y defensas

El crecimiento del cibercrimen supera la capacidad de reacción de gobiernos y empresas. Según Sergio Oróña, CEO de Sparkfound, “estamos frente a un negocio criminal que crece más rápido que las capacidades de protección. Si no se actúa con rapidez, el impacto económico y social será devastador”.

En Argentina, solo el 20% de las grandes empresas dispone de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) activo, mientras que en pymes la cifra baja al 5%. En el resto de la región, apenas el 2% de las organizaciones cuenta con un CISO que lidere la estrategia de ciberprotección. Esta falta de liderazgo expone a las empresas a ataques sofisticados, como ransomware, phishing o intrusiones dirigidas.

Formar talento especializado: una necesidad urgente

El déficit de profesionales en ciberseguridad en América Latina se estima en cientos de miles, y crece cada año. Los expertos señalan tres ejes para reducir la vulnerabilidad:

  1. Formación y reconversión profesional: programas de capacitación accesibles, certificaciones y entrenamiento específico para roles críticos.
  2. Colaboración público-privada: políticas e incentivos conjuntos que fomenten el desarrollo de especialistas, replicando modelos exitosos de otros países.
  3. Uso estratégico de la tecnología: servicios de ciberseguridad administrada como SOC, SIEM y SOAR, que permiten acceder a herramientas avanzadas sin grandes inversiones iniciales.

Hacia una región digitalmente segura

Proteger los sistemas empresariales no es suficiente: también está en juego la confianza de los ciudadanos y la estabilidad económica regional. La ciberseguridad debe ser una prioridad estratégica, y su éxito dependerá de la capacidad de acción rápida y de la colaboración entre gobiernos, instituciones educativas y sector privado. De lo contrario, el cibercrimen seguirá expandiéndose, dejando a América Latina cada vez más expuesta ante un enemigo implacable.

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