El Defensor del Pueblo de Morón, Enrique Pochat, y su adjunta, Valeria Roldán, presentaron en una sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante (HCD) el Informe anual de gestión correspondiente al 2023 y 2024.
El ciclo abarcó 998 expedientes entre 2023 y 2024. En su mayoría, referentes a reclamos en el área de Salud, IOMA y prepagas, como así también asesoramiento jurídico.
El titular de la Defensoría recordó que “sólo 14 municipios de la Provincia tienen esta institución”, y que “son numerosas las falencias de dependencias municipales”.
“Las personas que requieren al Defensor, conocen de la exigencia de respuestas y el establecimiento de plazos. Es mayor la frustración ante la falta de respuestas o su retraso injustificado”, señaló.
Respecto a las demandas municipales, el informe indicó que la mayoría son por “luminarias, extracción de árboles y bacheos”. También, “la inspección de comercios, la falta de habilitación, rubros no habilitados, ruidos molestos y contaminación”.
Las demandas recurrentes que recibió el Defensor del Pueblo
En cuanto al área de Salud, las demandas estuvieron relacionadas con el acceso a medicamentos oncológicos, en los casos asumidos, según el acuerdo con el Estado nacional y el Municipio.
“Las solicitudes presentadas desde fines del 2023 continúan sin respuesta. Esto derivó en la interrupción de tratamientos oncológicos y crónicos. El instituto de Cáncer de la Provincia asumió el rol activo de ante la falta de respuesta del estado nacional, de hacerse cargo de la gestión y entrega de medicamentos, ampliando su vademécum”, informó la Defensoría.
También, hubo demandas en torno a la desafiliación automática en los programas de la Agencia Nacional de Discapacidad. Además, hubo reclamos de jubilados por prótesis y elementos de apoyo como sillas de ruedas, internación en hogares, demoras en la autorización de medicamentos, insumos quirúrgicos, lentes, calzado ortopédico y cambio de medico de cabecera.
De igual forma surgieron quejas sobre la Obra Social bonaerense (IOMA), por la desactualización en cartilla de prestadores, dificultades en las autorización de estudios, provisión (particularmente en el programa MEPPES) de medicamentos especiales, patologías especiales y de suministro excepcional.
