Nacho había sido detenido en la vía pública alrededor de las 10 de la mañana del 1° de octubre.
“Nunca me avisaron que estaba detenido. Llamé a las siete de la tarde para ver si alguien sabía algo y me dijeron que estaba detenido. Luego me informaron que se había atado con un cordón y se suicidó. Pero yo sé que no fue así”, relató Noemí, madre de Ignacio, en diálogo con Crónica.
Noemí lo dice con el dolor de quien lo vio con sus propios ojos: “Mi hijo tenía golpes en la cabeza, moretones en la cara, la nariz rota. Cuando lo velé, vi todo eso. No me van a convencer de que se suicidó”.
Ailín, prima de Nacho, contó: “Una persona que visitó la comisaría nos dijo que mi primo suplicaba que lo soltaran, que dejaran de pegarle. El chico nos pidió que no lo comprometiéramos porque tenía familiares detenidos. Nosotros solo queremos que se haga justicia”.
Mientras la familia intenta saber lo que pasó, los policías siguen ahí. Ninguno fue apartado. Ninguno investigado. También denuncian que están siendo hostigados por los mismos policías de esa comisaría.
Pero Noemí no se calla. Sus amigos tampoco. El jueves salieron a la avenida Centenario y Posadas, en Beccar. Levantaron carteles, gritaron su nombre, exigieron justicia. Porque Ignacio no fue el primero, y temen que tampoco sea el último.
Nacho terminó la escuela secundaria en la Media N° 12 de Beccar. Según contó su mamá, en ese mismo colegio las y los estudiantes están organizando un festival para pedir justicia por su muerte.
Este nuevo caso de violencia institucional en Beccar no es un hecho aislado. Se suma a tantos otros que ocurren en el conurbano bonaerense, donde la policía persigue, hostiga y asesina. Son situaciones que se repiten con alarmante frecuencia: jóvenes de barrios populares muertos a golpes o por disparos, ya sea en comisarías o en patrulleros. En muchos casos, las detenciones se producen solo por el color de piel o por la forma de vestir.
Como se vio también en el caso de Franco Cardozo, en la localidad de Don Torcuato, y tantos otros.
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Según datos de CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), desde que comenzó la gestión de Javier Milei y hasta febrero de 2025, se registraron 120 casos de gatillo fácil, de los cuales el 60% fueron cometidos por efectivos policiales fuera de servicio, y 460 muertes bajo custodia del Estado.
Muchos de estos casos —como el de Ignacio Gabriel Flores— corresponden a la Policía Bonaerense, que actúa bajo la gestión de Axel Kicillof.
Desde La Izquierda Diario acompañamos el reclamo de justicia por Ignacio Gabriel Flores y por cada pibe víctima de esta policía asesina.
Porque nadie se suicida en una comisaría.
Y porque si tocan a uno, nos tocan a todos.
Basta de gatillo fácil. Basta de persecución a los pibes de los barrios populares.
Justicia por Nacho.
