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Tras varios días de recorrido por el país, la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida concluyó su paso por Guatemala con un acto simbólico en Jutiapa, que reunió a comunidades y organizaciones en torno a una agenda común de defensa territorial y justicia climática.
Por Glenda Álvarez
Antes de llegar a Jutiapa, la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida arribó el 12 de octubre por la frontera sur desde donde recorrió el occidente y la capital guatemalteca, articulando su paso en torno a cuatro ejes centrales: militarización y megaproyectos, migración forzada, mercantilización de la vida y crisis del agua.
En conferencias y talleres realizados entre el 12 y 13 de octubre, las organizaciones participantes denunciaron el impacto del modelo extractivista y la represión que enfrentan las comunidades que lo resisten. También se reflexionó sobre la mercantilización de la vida, cuestionando el modelo económico que convierte los bienes comunes y el trabajo en mercancía al servicio de grandes intereses financieros.
Pronunciamiento desde Guatemala
Tras concluir las actividades del 13 de octubre en Ciudad de Guatemala, las organizaciones y delegaciones que integran la Caravana emitieron un pronunciamiento político conjunto. En él, denunciaron las múltiples expresiones de violencia y despojo que enfrentan las comunidades de Mesoamérica como consecuencia del extractivismo, la militarización, el desplazamiento forzado y la mercantilización de los bienes comunes.
El documento reafirma que la Caravana es un proceso territorial impulsado por pueblos y organizaciones para articular resistencias y defender la vida ante la crisis climática. Señala que en Guatemala los megaproyectos (mineros, hidroeléctricos y petroleros) ocupan el 18 % del territorio nacional, muchas veces bajo resguardo militar y violentando los derechos comunitarios. La situación se agrava con una crisis del agua que afecta especialmente a los pueblos indígenas: más del 90 % de las fuentes superficiales están contaminadas y no existe una Ley de Aguas que regule su uso.
El pronunciamiento también enfatiza la responsabilidad de los Estados y organismos internacionales en garantizar el respeto a la vida, los territorios y las cosmovisiones de los pueblos originarios. En ese marco, las organizaciones acordaron sumarse a la movilización global “El Sur Global Resiste, por el Clima y la Vida”, prevista como una acción descentralizada desde los distintos territorios de Abya Yala.
Entre sus demandas se incluyen el cese de la represión contra comunidades indígenas, la libertad de personas presas por defender derechos humanos y territoriales, y el rechazo a los megaproyectos que amenazan la autodeterminación.
Cierre simbólico en Jutiapa
La tarde del 14 de octubre, el Centro Pastoral de Jutiapa se convirtió en punto de encuentro para delegaciones y representantes que acompañan la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida. El recorrido por Guatemala concluyó con una misa presidida por el sacerdote Anderson Pineda.
La ceremonia, acompañada por miembros de diversas pastorales de la Iglesia católica, enfatizó un mensaje central: el cuidado de la creación y la unidad de los pueblos en la defensa del agua y la vida.
En el marco de la misa, la activista Diana, parte del movimiento internacional Deuda por Clima, compartió un mensaje cargado de simbolismo y espiritualidad. “Por eso caminamos juntos para denunciar las malas prácticas de gobiernos y corporaciones, mientras tejemos solidaridad y alianzas entre pueblos que luchan por la dignidad y la justicia”, expresó.
Recordó que este 2025 es el año del Jubileo en la Iglesia católica, tiempo en el que se exige la liberación de tierras robadas, de personas esclavizadas y la anulación de las deudas que oprimen a los pueblos. “Sabemos que sin estas tres cosas nunca va a haber equilibrio ecológico ni social”, añadió. Su discurso evocó una dimensión espiritual del caminar colectivo, afirmando que la justicia climática también pasa por la restauración del orden social.
Después de la misa, las organizaciones que integran la Caravana se presentaron y compartieron sus luchas con las pastorales locales y con miembros del movimiento franciscano, fortaleciendo los lazos de solidaridad entre espiritualidad y acción territorial.
El acto marcó el cierre de tres días de actividades en territorio guatemalteco y dio paso al tramo siguiente de la caravana hacia El Salvador en donde tenían previsto permanece dos días para continuar por Honduras y Nicaragua.
En Costa Rica, se prevé la realización de una queja pública donde se expondrán las principales problemáticas, resistencias y luchas recabadas en cada uno de los territorios visitados. El trayecto finalizará en Brasil, sede de la COP30 en 2025, tras pasar por Panamá y Colombia.
Cerro Blanco: la resistencia que trasciende fronteras
La elección de Jutiapa como punto final de la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida no fue casual. Este departamento alberga a Asunción Mita, epicentro de una de las luchas socioambientales más emblemáticas de la región: la resistencia contra el proyecto minero Cerro Blanco, una mina de oro situada cerca de la frontera con El Salvador.
La preocupación central es la amenaza que representa para la cuenca transfronteriza del río Lempa, fuente vital de agua para más de 4 millones de personas. El acto de cierre en este territorio fue tanto una expresión de fe como una declaración política en solidaridad con las comunidades que defienden su derecho al agua, a la salud y a decidir sobre su propio territorio.
A inicios de 2025, la empresa canadiense Aura Minerals concretó la compra de Bluestone Resources, anterior propietaria del yacimiento, y rebautizó el proyecto como “Era Dorada”. Sin embargo, el cambio de manos no ha implicado una transformación ética ni técnica: el proyecto sigue rodeado de graves cuestionamientos legales, ambientales y sociales, mientras se busca avanzar su explotación a cielo abierto pese al rechazo popular masivo.
Una historia de resistencia
En septiembre de 2022, Asunción Mita ejerció su derecho a la libre determinación mediante una consulta municipal de vecinos que obtuvo 87.98 % de votos en contra de la minería metálica. Más de 7,400 personas respaldaron el proceso, que se realizó en apego al Código Municipal.
Pese a su legitimidad, la consulta fue objeto de ataques legales. Julio González, del Colectivo Madre Selva, denunció que la Corte de Constitucionalidad actuó con mala fe al pretender deslegitimar el reglamento de consulta con base en un borrador no aprobado. Afirmó que la consulta sigue vigente en términos legales y políticos. “Es la mayor expresión democrática del pueblo miteco”, agregó González.
Sin embargo, el Estado aprobó la transición del proyecto a explotación a cielo abierto. En enero de 2024, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) otorgó esta licencia bajo una resolución plagada de irregularidades entre ellas: falsificación de firmas, adulteración de sellos oficiales y la desaparición de más de 800 folios del expediente. Estas anomalías dieron origen a una denuncia penal por falsedad material contra funcionarios del MARN, incluyendo a Diego Armando Junior López Castillo, exdirector de Gestión Ambiental.
Ante la amenaza, la Resistencia Miteca, en conjunto con organizaciones aliadas de El Salvador, gestionó una auditoría técnica independiente del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que había sido presentado por Bluestone Resources, entonces propietaria del proyecto. Con el apoyo de una fundación alemana, se contrató al geofísico Steven Emerman —consultor del Congreso de Estados Unidos y uno de los mayores expertos internacionales en minería y relaves— para analizar el documento.
Según detalló González a Presa Comunitaria, Emerman detectó inconsistencias graves en el estudio: datos sin interpretación, supuestos no verificados y omisiones técnicas clave. En su dictamen, recomendó no autorizar el inicio de operaciones por considerarlo un proyecto ambientalmente inviable y alertó sobre el riesgo de colapso de la pila de relaves, que podría soterrar comunidades como Trapiche Vargas. El informe fue entregado al MARN y a otros actores estatales, pero nunca fue incorporado al expediente oficial.
Estrategias de desinformación y ruptura del tejido social
Según el reciente pronunciamiento difundido en el marco del tercer aniversario de la consulta comunitaria en Asunción Mita, la ofensiva contra la voluntad popular no se ha limitado al ámbito legal o institucional. Desde que se consolidó la resistencia local al proyecto minero Cerro Blanco, se han desplegado estrategias para debilitar el tejido comunitario y desacreditar el proceso democrático impulsado por la población.
Entre estas acciones se señalan la conformación de grupos pro-mineros —como “Mitavanza”, con vínculos a la empresa responsable del proyecto— que han promovido campañas de desinformación y difamación, particularmente en redes sociales utilizando páginas anónimas como La Lupa Miteca para atacar a liderazgos comunitarios y organizaciones solidarias, incluso en El Salvador.
Además, se han documentado presiones contra medios locales críticos, como el programa de radio comunitaria Buenas Noches Mita, así como amenazas y actos de intimidación contra observadores nacionales e internacionales durante el proceso de consulta. A través de denuncias infundadas y hostigamientos digitales, se ha intentado castigar el ejercicio democrático y enviar un mensaje a otras comunidades que busquen ejercer su derecho a decidir sobre sus territorios.
Un historial corporativo manchado
Con la llegada de Aura Minerals en 2025 —empresa canadiense que adquirió Bluestone y rebautizó el proyecto como “Era Dorada”— no solo se mantuvieron las irregularidades, sino que se intensificó la incertidumbre. Aunque la empresa aún no ha iniciado operaciones formales, ha comenzado a contratar personal y asegura ante la Bolsa de Valores que ya posee los permisos necesarios. Según González, las autoridades no han respondido si los trámites de compra-venta han sido revisados ni si el registro mercantil está legalizado.
La mina posee túneles excavados que alcanzan una profundidad de 60 metros, en una zona volcánica. El riesgo de encontrar nuevos flujos de agua geotermal es alto, lo que podría contaminar aún más los sistemas hídricos. González recordó que, durante las perforaciones previas, trabajadores locales fueron obligados a operar maquinaria sin protección en túneles con temperaturas superiores a 40°C, sufriendo deshidratación, intoxicaciones por polvo y otros accidentes. “Era una explotación humana además de ambiental”, afirmó González, del Colectivo Madre Selva.
Aura Minerals no es ajena a la controversia. En Honduras, ha sido señalada por actos de profanación y criminalización de comunidades. En la mina San Andrés, ubicada entre Copán y Chiquimula, la empresa habría exhumado cadáveres de un cementerio comunitario para continuar la extracción de oro bajo el subsuelo. Las denuncias por estos hechos siguen abiertas y numerosas personas permanecen criminalizadas.
En Nicaragua, la misma empresa ha contratado firmas de lobby para realizar “diagnósticos comunitarios”, con el objetivo de identificar necesidades locales y diseñar programas sociales que buscan comprar voluntades. “Ya no apuestan tanto a lo legal, ahora su estrategia es romper el tejido social”, denunció González.
El negocio de un proyecto sin oro
Pese a que la mina no ha producido una sola onza de oro en casi dos décadas, las empresas involucradas han cotizado acciones en la bolsa de valores canadienses presentando estimaciones infladas. Según González, el modelo de negocio no reside en la extracción de minerales, sino en inflar valor accionario a través de licencias y promesas de explotación, engañando a inversionistas e influyendo en funcionarios públicos para sostener un proyecto fallido. “No sacan oro, pero sí sacan plata en la bolsa”, ironizó.
La llegada de Aura Minerals y el nuevo nombre del proyecto no significan un reinicio, sino la continuidad de un modelo extractivo que ha ignorado la voluntad popular y los límites ambientales. Para las comunidades organizadas en torno a la Resistencia Miteca, lo que está en juego es mucho más que una concesión minera: es el derecho a decidir, a vivir en un entorno sano y a ser respetadas como sujetas políticas.
Desde el movimiento comunitario se exige al actual gobierno reformar los reglamentos del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Energía y Minas para asegurar que antes de otorgar cualquier licencia se respete el derecho a la información y a la consulta libre, previa e informada. “No hacen falta más leyes —dice González—. Solo voluntad política para hacer cumplir lo que ya existe”, manifestó.
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