Un nuevo escándalo de corrupción golpea a Gendarmería Nacional Argentina en la provincia de Córdoba, donde 23 efectivos fueron detenidos tras ser acusados de integrar una red de cobro de coimas a camioneros en distintos puestos viales del sur provincial.
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La investigación, a cargo del juez federal Carlos Ochoa y el fiscal Rodolfo Cabanillas, se originó en febrero de 2025 luego de que un transportista denunciara haber sido obligado a pagar dinero para evitar sanciones. Desde entonces, la causa derivó en 20 allanamientos simultáneos y en una de las mayores operaciones internas contra efectivos de la fuerza en los últimos años.
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Cómo funcionaba el sistema de coimas
Según la investigación judicial, el esquema operaba principalmente en el puesto vial de Sampacho, sobre la Ruta Nacional 8, aunque también se detectaron movimientos sospechosos en Holmberg, Santa Fe, Catamarca y Salta.
Los camioneros eran detenidos bajo el pretexto de supuestas irregularidades documentales o técnicas. Luego, los efectivos les exigían pagos que oscilaban entre $50.000 y $600.000 para permitirles continuar el viaje sin infracciones.
El dinero, de acuerdo con la fiscalía, era entregado en efectivo o mediante transferencias bancarias a cuentas de terceros que actuaban como testaferros. La maniobra se repetía con frecuencia y estaba tan organizada que los investigadores creen que existía una estructura interna destinada a “recaudar” y distribuir los sobornos entre los distintos turnos de control.
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Entre los implicados se encuentra la jefa del puesto vial de Sampacho, Analía Galian, quien fue una de las primeras detenidas en el operativo.
Hasta el momento, 13 gendarmes permanecen alojados en la cárcel de Bouwer, mientras que el resto cumple prisión domiciliaria.
A todos se les imputan los delitos de asociación ilícita, exacciones ilegales y abuso de autoridad, figuras que podrían derivar en penas de entre seis y diez años de prisión. Las autoridades judiciales no descartan nuevas imputaciones en los próximos días, dado que continúan llegando testimonios de transportistas.
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El caso salió a la luz cuando un camionero se presentó ante la Fiscalía Federal de Río Cuarto para denunciar que un grupo de uniformados le exigió dinero a cambio de no retener su vehículo. Esa denuncia fue el punto de partida de una investigación que, con el correr de los meses, permitió recolectar pruebas contundentes: audios, transferencias, fotografías y registros de cámaras en los controles.
Fuentes cercanas a la causa confirmaron que el circuito de “cohecho de controles” habría comenzado a mediados de 2024, y se consolidó a lo largo de los meses con una organización interna jerarquizada.
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El caso generó conmoción tanto en el ámbito político como en el interior de Gendarmería. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación informaron que se inició un sumario administrativo interno y que no se descarta la remoción de mandos superiores en los puestos implicados.
En declaraciones a La Voz del Interior, un vocero del ministerio reconoció que se trata de “una situación grave que afecta la credibilidad institucional” y que “no se tolerarán actos de corrupción dentro de las fuerzas federales”.
Por su parte, la Federación de Transportistas Argentinos (Fetra) celebró los avances judiciales y pidió “controles transparentes y seguros” en las rutas nacionales. “Durante años, muchos camioneros sufrieron extorsiones. Es hora de terminar con esas prácticas mafiosas”, señaló su presidente, Carlos Almeida.