En pleno verano del 2017 los entonces tenientes de alcalde Jaume Collboni y Janet Sanz anunciaban que el Ayuntamiento había hecho su agosto. La buena nueva de los adláteres de la alcaldesa Colau era la adquisición pública de La Escocesa. Esta era una fábrica construida en el Poblenou en 1852 y que formaba parte del denominado Manchester catalán .
Poco antes, unos promotores habían adquirido su propiedad para construir en el libre mercado un centenar de pisos, pero el Consistorio revocó su compra ejerciendo el derecho de tanteo y retracto. Tras pagar 10 millones de euros, la finca pasó a ser de titularidad municipal confirmando su desidia para impulsar equipamientos y vivienda social. Una dejadez que conlleva apresar las actuaciones de terceros.
El inmueble se ha degradado y la incompetencia municipal se ha cronificado
La primera edil Ada Colau no cabía en sí y en su gozo. Arrebataba, siguiendo su relato ideológico de confrontación y sectario, una iniciativa privada e incluía en los usos, además de los ya previstos, la innovación económica social, léase vivero y sede de entidades y cooperativas afines a la órbita de la izquierda extrema.
Poco les importaba si a la compra inicial cabría sumar una compleja rehabilitación y que sus caros costes finales se incrementarían aún más al ser un bien declarado de interés cultural. Desde entonces han transcurrido ocho años. El inmueble se ha degradado en su conservación, su valor depreciado y la incompetencia municipal cronificada. Se han promovidos dos desahucios de inquilinos irregulares. El primero en el 2018 y el segundo hace unos días.
Compraron con el dinero de todos sin tener ultimado un proyecto ni disponer del cálculo preciso del monto final y sin un retorno social o de ciudad garantizado porque la vivienda y la cultura siguen allí ausentes. Dos lustros que encarecen el proyecto hasta hacerlo casi inviable si no llega una verdadera lluvia de millones que palie tanta mala praxis. Lo peor son los sobrecostes, rectificaciones, burocracias, desahucios y retrasos, que los pagaremos los barceloneses con nuestros impuestos y sin el acceso a casa para quien lo precise ni equipamientos para los vecinos del barrio.
Ante tal despropósito se pretende maquillar el desaguisado cediendo la nave esquinera Klein a la Casa América con un acuerdo con la Generalitat. En su día el Ayuntamiento nos vendió que compraba el recinto fabril para el barrio. Dijo que lo prometido sería una realidad este año 2025. Lo único cierto es que la fábrica acaba de ser desalojada de okupas tras un informe de bomberos que alertaba de su ruina.
La Escocesa es un fiasco económico y social y la revitalización urbana ha sido una habilitación marginal y delictiva. Es imprescindible una auditoría para conocer el coste último de todo (adquisición, rehabilitación, desahucios, vigilancia, mantenimiento, consolidación, etcétera). Un finiquito que detalle los costes previstos inicialmente y los finales tras años de abandono y un cronograma que refiera cuando serán accesibles en el tiempo las viviendas y los equipamientos comprometidos.
Este finiquito de gestión y de balance económico, social y de barrio ya podría concluirse. Hay que finiquitar a sus responsables y a esta forma de gobernar, demagógica, de confrontación, estéril y carísima para las arcas municipales. Con lo que nos costará se podría haber construido más vivienda social para los vecinos en el Poblenou, un mejor 22@ y un barrio con seguridad. La Escocesa no es la excepción, es la continuidad. Antes lo fueron Can Batlló, la Casa de las Lenguas de Can Ricart, la Colonia Castells, la Casa Orsola, etcétera, o los enquistados de la Casa de la Montaña y Can Mas Deu. Baños de realismo urbano y de incompetencia municipal.
