Ciudad de Guatemala. La fiscalía de Guatemala acusó este martes al gobierno del presidente Bernardo Arévalo de «corrupción» por la firma de un contrato con una agencia de la ONU para comprar insumos médicos.
El fiscal Rafael Curruchiche, también sancionado por Washington y Bruselas, afirmó que hubo «corrupción» en el contrato por 943.9 millones de dólares para comprar medicamentos y equipos, firmado en abril de 2024 por el Ministerio de Salud con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
Afirmó que este «contrato lesivo para los intereses» del país, suscrito por el anterior ministro de Salud, Óscar Cordón, y el director local de Unops, «debió de haber (sido) aprobado» por el Congreso.
Agregó que un juez emitió una orden de detención contra Cordón y la fiscalía pidió quitar la inmunidad al actual titular de Salud, Joaquín Barnoya, a quienes acusa de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado.
Además, el fiscal afirmó que el contrato fue ordenado por el presidente y su hermano Martín Arévalo, quien es funcionario de la Unops en Roma.
El presidente rechazó las afirmaciones de Curruchiche, «inventan casos como el que se está inventando ahora, es una ficción, son fantasías animadas», declaró en una rueda de prensa.
Hace dos semanas, Arévalo había indicado que su hermano «no tiene nada que ver pero ni remotamente con las gestiones que se hacen a nivel Guatemala», pues su cargo es de representante de la Unops ante la FAO.
Arévalo mantiene una larga disputa con la fiscal general, Consuelo Porras, a quien acusó de promover un «golpe de Estado» al abrir cuestionadas investigaciones para evitar que asumiera la presidencia, en enero de 2024.
El mandatario carece de las facultades para remover a Porras, quien tiene mandato hasta mayo de 2026, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por «corrupta» y «antidemocrática».
