El sector atraviesa una crisis que afecta tanto a la obra pública como a la privada. La UOCRA advierte que las empresas enfrentan dificultades para pagar salarios por la demora en las certificaciones estatales.
El sector de la construcción en Salta enfrenta una crisis profunda con una caída del 50% en la actividad, según datos de la Cámara Argentina de la Construcción. El delegado de la UOCRA en Tartagal, Vicente Saavedra, confirmó que el deterioro afecta tanto a la obra pública como al sector privado en toda la provincia.
«Esto no viene de ahora, viene cayendo desde mediados del año pasado. Acá se nota mucho. El único que más o menos sostiene algo es Garín, pero también tienen problemas para cobrar las certificaciones», señaló Saavedra en diálogo con Radio A. El dirigente gremial explicó que las empresas deben vender activos para pagar sueldos o afrontar bonos extras que complementan los salarios básicos.
La falta de pago de certificados por parte del Estado provincial agrava la situación del sector. Obras como el complejo terciario y las 128 viviendas de la zona sur avanzan con ritmo lento y personal reducido. «Trabajan pocos días, no llegan a cumplir las 44 horas semanales. En el terciario hay entre 10 y 13 obreros nada más, haciendo terminaciones», detalló el delegado.
El panorama en el norte salteño muestra una paralización generalizada. «Nadie viene a pedir un oficial albañil o un ayudante. Está todo parado, tanto en lo público como en lo privado. Estamos en el horno», afirmó Saavedra. Según informó VideoTar, incluso las obras nacionales que continúan, como las que ejecuta la empresa La Arca, funcionan con personal mínimo. «Trabajan un mes y descansan otro. Hace 20 días vinieron de Buenos Aires a hacer un censo y constataron que estamos trabajando con lo mínimo. Es desesperante», expresó el delegado.
La UOCRA evalúa medidas de reclamo y gestiona reuniones con autoridades provinciales y nacionales para reactivar los proyectos paralizados. «Hay muchos compañeros parados. Esperamos que se reactiven las obras porque esto golpea a miles de familias», concluyó Saavedra. La organización busca evitar más despidos en un contexto donde la falta de inversión pública y los retrasos en los pagos impactan directamente sobre la economía provincial.
