«Desde hace más de 30 años, nuestro país está siendo atacado por gobernantes corruptos que se enriquecen de manera obscena a costa del sacrificio de la sociedad. Y tenemos que decirlo bien claro: la gran corrupción es un atentado contra la democracia». Con sus primeras palabras, el fiscal federal Diego Luciani hechizó a los socios e invitados al almuerzo de camaradería del Rotary Club de Buenos Aires que lo habían convocado para disertar.
Durante media hora, y acompañado por su colega y compañero en la acusación del juicio oral por el caso Vialidad, Sergio Mola; el procurador general de la Nación, Eduardo Casal; el secretario de coordinación general de la procuración, Juan Manuel Olima Espel y el titular de la fiscalía especializada en narcotráfico Diego Iglesias, Luciani denunció a la corrupción como un delito «absolutamente execrable y un atentado contra los derechos humanos, porque la corrupción le priva recursos a los más necesitados», recordó que la justicia debe juzgarla «con firmeza y celeridad» para lograr «sentencias ejemplares» que implican «recuperar lo que se robaron» y que «hay que estar muy atentos» porque los embates de los corruptos no sólo se están verificando en nuestro país sino también en países vecinos como Perú, Guatemala o Ecuador.
El fiscal federal Diego Luciani, en su exposición ante el Rotary Club porteño.«Exhibir cuáles son las consecuencias de los actos de corrupción puede generar una reacción saludable por parte de la ciudadanía y fomentar una cultura de integridad», aconsejó Luciani, y tomó su parte en la tarea: «La justicia es la responsable de impedir la impunidad de los corruptos, y en esa tarea los fiscales somos pieza clave para proteger a la ciudadanía de las arbitrariedades y de los atropellos. Recordemos que cuando todos los organismos de control, como ocurrió del año 2013 al año 2015, se encuentran parasitados por la corrupción sistemática, la sociedad ve en nosotros, en los fiscales, la última alternativa de poner freno a la corrupción, a los abusos, a las arbitrariedades».
Para que esa saludable meta pueda cumplirse, también es clave que la independencia de los magistrados «se ejerza a diario» -«en nuestro despacho», puntualizó-, que «se defienda con templanza» y «se fortalezca frente a las presiones del poder político y de los poderosos«.
«Les aseguro que con el doctor Mola y nuestro equipo de trabajo no podríamos haber realizado nuestro trabajo con la libertad e independencia con la que lo hicimos si no hubiésemos tenido un procurador como el doctor Casal, un ejemplo de integridad y de rectitud. Nos inspira a todos los fiscales», se emocionó el acusador del caso Vialidad.
«Hay que estar atentos. Este es el mensaje que me gustaría que llegue. Toda la sociedad debería estar muy atenta. Decimos esto porque no es una fantasía. El gobierno anterior intentó colonizar la justicia para lograr impunidad de los corruptos. También ha intentado reformas sombrías», detalló Luciani.
Un somero repaso de los proyectos del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner para desviar y controlar el trabajo de jueces y fiscales despertó murmullos entre los presentes, por la contundencia de la enumeración: la reforma de 2020 para designar a jueces federales a dedo, la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal que modificaba la mayoría especial de dos tercios para nombrar al procurador o para removerlo sin consensos políticos -«que tuvo media sanción y nos ponía en riesgo a nosotros, ponía en riesgo la autonomía y nos debilitaba frente al poder político», precisó-, el proyecto para aumentar los representantes políticos de dos a cuatro en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, o la creación de una comisión para analizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público Fiscal, «encabezada por el abogado que defendía a la expresidenta entonces acusada por hechos graves de corrupción».
Lejos del Congreso y también de la ley, advirtió Luciani, jueces y fiscales fueron sometidos a «operaciones y espionajes nefastos», rastreos de registros internos en distintos ministerios -«para intentar ligarnos con algún gobierno», según señaló-, robo de declaraciones juradas de los jueces, hackeo de los teléfonos de magistrados y fiscales, y el inicio de un «bochornoso» juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
La trastienda de la acusación contra Cristina Kirchner
Desde luego, en la alocución del fiscal Luciani no faltaron detalles de su trabajo junto a Sergio Mola para la acusación del caso Vialidad, que terminó con la histórica condena a Cristina Kirchner por fraude al Estado que le valió una pena de seis años de prisión que ya está cumpliendo: «Nuestro equipo de trabajo tuvo que analizar cien cuerpos de la causa principal, 51 procesos licitatorios. Cada uno tenía 30, 40 o 50 cuerpos más documentación anexa. Además, había 5.000 expedientes vinculados, causas satelitales de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, documentación de distintos organismos».
El fiscal federal Diego Luciani, en su exposición ante el Rotary Club porteño.«El juicio nos demandó más de 3 años, 130 audiencias, 600 horas de debate. Les puedo asegurar que juzgar al poder mientras está en el poder es un trabajo titánico, que requiere mucho esfuerzo. Pone a prueba nuestra fortaleza mental, pone a prueba nuestras limitaciones», sostuvo.
Y remarcó: «Recordemos también que se intentó colonizar y se tomaron organismos de control. La Oficina Anticorrupción, que depende del Poder Ejecutivo, desistió de su rol de querellante cuando asumió como vicepresidente en 2019 Cristina Fernández de Kirchner. La Unidad de Información Financiera, que tiene que investigar el delito de lavado de dinero procedente de la corrupción, entre otros delitos graves, realizó un papel vergonzoso. Se transformó en una defensa más.»
«En nuestra acusación de más de 70 horas demostramos que los expresidentes de la Nación, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en paralelo a las funciones de la administración pública que cumplían, instauraron en la provincia de Santa Cruz un auténtico sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública», recalcó Luciani.
El fiscal contabilizó que Lázaro Báez, que no tenía bienes registrables cuando comenzó el gobierno de Néstor Kirchner en 2003, adquirió en 12 años más de 420.000 hectáreas, el equivalente a veinte ciudades de Buenos Aires. «Más de 400 inmuebles, estancias, departamentos, hoteles. Más de 900 bienes muebles, vehículos, camiones, aviones. 55 millones de dólares fugados al exterior. Esto es la corrupción. Esto es lo que le quitan a las personas más vulnerables«, sentenció.
«¿Qué hacen acá? ¿No se dieron cuenta de que se terminó?»
Entre varias anécdotas, el fiscal rescató una ocurrida en 2019, cuando el peronismo ganó las elecciones. «El lunes siguiente, nosotros fuimos a la sala de audiencias y había un clima de algarabía porque habían ganado las elecciones y algún abogado inescrupuloso nos gritó desde atrás: ‘¿Qué hacen ustedes acá? ¿No se dieron cuenta de que se terminó?’. Lo que no sabían es cómo nos habíamos preparado. Nos habíamos preparado mentalmente, profesionalmente y también académicamente, y teníamos el respaldo institucional», recordó.
Luciani rememoró escenas. «En el alegato nosotros les hablamos a los jueces, les hablamos a las partes, pero principalmente les hablamos a ustedes, les hablamos a la sociedad. Queríamos hacerlo en un lenguaje claro. Queríamos que entendieran. Nos esforzamos muchísimo. Graficar y mostrar los documentos», explicó.
Pero no fue gratis. «Los medios de comunicación colonizados por la corrupción nos atacaban y nos hostigaban. Padecimos intromisiones increíbles en democracia por parte del presidente Fernández, por parte de sus ministros, por parte de otros funcionarios que hoy ocupan cargos todavía. En especial, yo, mi familia y el doctor Mola fuimos sometidos a operaciones burdas tendientes a desestabilizarnos y amedrentarnos. La más grave de todas fue cuando el mismo presidente de la Nación, Alberto Fernández, dos días después de mi alegato, en un programa de televisión, dijo: ‘Nisman se suicidó. Yo espero que Luciani no se suicide’. Una aclaración: la hipótesis investigativa es que a Nisman lo mataron«, dijo.
Y concluyó: «Por eso nosotros en nuestro alegato dijimos una frase cargada de mucho sentido: esto es corrupción o justicia. No hay muchas alternativas. Hoy, con el esfuerzo que hemos hecho, con el trabajo conjunto de los fiscales de primera instancia -los doctores Pollicita y Mahiques-, nuestro equipo de trabajo, el fiscal ante la Casación Mario Villar y también el procurador, podemos decir: es justicia«.
