Barcelona
Los hay de prácticamente de todo el territorio (32 comarcas) y de municipios de todos los tamaños. Desde Barcelona y l’Hospitalet de Llobregat, a Sabadell, Terrassa, Cornellà, Tarragona, Girona, Lleida… y hasta municipios de menos de 1.000 habitantes como Sant Quirze Safaja. Todos ellos, 83 en total, han presentado un proyecto para regenerar un barrio, un casco antiguo o un núcleo de población entero. Después de quince años de la última convocatoria del plan que impulsó Pasqual Maragall, que prolongó el gobierno de José Montilla y que después quedó interrumpido, la ley de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029 ha generado gran interés. Las peticiones prácticamente multiplican por cuatro los 200 millones de euros presupuestados.
El plazo para presentar los proyectos expiró el 15 de octubre y el Departament de Territori iniciará ahora el proceso de valoración de cada una de las propuestas para hacer pública una primera lista provisional antes de final de año. Los proyectos tendrán un importe máximo de 15 millones de euros y la ley establece una inversión mínima y máxima en función del tamaño del municipio. Tras una primera revisión de los expedientes, el comisionado del Pla de Barris i Viles, Carles Martí, calcula que los seleccionados serán alrededor de una veintena.
“Estamos muy satisfechos de la respuesta que hemos tenido, ha sido un éxito porque hemos recibido peticiones de todo tipo y de todas partes; la última convocatoria fue en 2010 y había ganas, los municipios lo estaba esperando”, reconoció ayer el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona durante el mandato de Jordi Hereu. La región de Barcelona es, con 31 proyectos, la que concentra la mayoría de peticiones. La sigue la del Penedès, con once; Catalunya Central y Girona han presentado nueve proyectos cada una; Lleida y Tarragona, siete; Terres de l’Ebre, seis, y Pirineu Aran, 3.
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La convocatoria está diseñada para financiar el 100% de los proyectos, que deben ser motor de cambio en zonas de alta vulnerabilidad y contemplar tres tipos de actuaciones: urbanística, ambiental y socioeconómica. La Generalitat financiará la mayor parte de los proyectos seleccionados pero en una proporción que variará en función del tamaño del municipio. En todo caso, los ayuntamientos tienen que justificar cómo van a financiar el resto de la actuación, ya sea con fondos propios o de otra administración (un Consell Comarcal, la Diputación o fondos europeos). Así, los proyectos de los municipios de más de 50.000 habitantes (se han presentado 16) podrán optar a una financiación del 50% por parte del Govern. Los planteados por municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes (hay 24) podrán optar al 60% de la financiación. Los de entre 5.000 i 20.000 habitantes hasta el 70% y los de menos de 5.000 habitantes (se han presentado 19) entre el 75 y el 95%.
La comisión estará formada por 25 personas: 13 técnicos de la Generalitat (la mayoría de Territori pero también de otros departamentos), 10 de los municipios (5 de la Federació de Municipis de Catalunya y otros 5 de la Associació Catalana de Municipis), un miembro de la Confederació de Associacions Veïnals de Catalunya y otro de la Taula del Tercer Sector.
Los expedientes se evaluarán en dos fases. En la primera se medirá las condiciones objetivas del territorio y su nivel de vulnerabilidad con 26 indicadores, lo que dará una primera ponderación. “Los que no alcancen 50 puntos quedarán ya descartados”, explicó Martí. En una segunda fase, se valorará el impacto del proyecto y en una escala de 100 deberá obtener un mínimo de 35 puntos. El resultado final se ordenará por nota y se irán adjudicando los proyectos por orden hasta agotar los 200 millones de euros.
“La idea es hacer cinco convocatorias y quienes no entren en esta primera pueden volver a presentarse. El objetivo es que el Pla de Barris i Viles acabe siendo una política estructural, que se convoque cada año, esté quien esté en el Govern”, añadió Carles Martí.
