Es una cifra cambiante porque hoy quizás haya un desalojo mientras la semana pasada se entraba de manera furtiva en otras dos fincas, pero en cualquier caso, es un fenómeno que bebe de la seguridad, los servicios sociales y la optimización de los espacios públicos. A día de hoy, en Barcelona hay 32 propiedades municipales ocupadas de manera ilegal, 10 más que en febrero del 2024 y tres más que a principios del presente año. El dato sobre la situación actual lo ha aportado este miércoles el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, que ha asegurado que el Ayuntamiento “trabaja para recuperarlos en la mayor brevedad posible”.
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El concejal del PSC ha explicado que cada caso requiere “de un análisis y un abordaje individual”, y por ende, todos ellos “tienen unos plazos de actuación distintos”. “No podemos establecer un criterio único”, ha detallado, porque no es lo mismo la ocupación de un piso por parte de una familia vulnerable que la entrada en un local para perpetrar una actividad económica delictiva. El reparto de las fincas consistoriales usurpadas es el siguiente: una en Ciutat Vella, cinco en Sants-Montjuïc, una en Sarrià-Sant Gervasi, seis en Gràcia, tres en Horta-Guinardó, una en Nou Barris, nueve en Sant Anrdreu y seis en Sant Martí. Solo hay dos distritos que se salvan: Les Corts y el Eixample.
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Tres de las fincas de Gràcia son las que, en Vallcarca, han generado una tormenta política entre el PSC y BComú, hasta el punto de que la negociación de los presupuestos del 2026 está, en parte, condicionada por la situación de las familias que residen en estas fincas afectadas por dos planes urbanísticos. Son un ejemplo de la diversidad de casos a lo que debe hacer frente el gobierno de Jaume Collboni, ya que en este caso se impone dar una respuesta habitacional, puesto que hay menores de por medio, algo que los Comuns no se cansan de repetir. Una situación distinta a la de la fábrica de la Escocesa, también de titularidad municipal, donde la Guardia Urbana desalojó el 10 de octubre a medio centenar de personas dedicadas a la recogida de chatarra.
La oposición
El PP reclama transparencia en los datos y lamenta que en tres de las usurpaciones todavía no se haya hecho nada
La oposición, que ha atendido a las explicaciones de Batlle durante la comisión de Seguridad, ha respondido de manera muy desigual. El PP, el grupo municipal que había pedido la comparecencia del teniente de alcalde para dar cuenta de la situación, ha pedido más transparencia sobre los datos, incluida la ubicación y situación real de cada propiedad. Daniel Sirera ha hablado de “opacidad inaceptable” y ha recordado que en febrero del 2024, la cifra de fincas municipales ocupadas era de 22, por 29 a principios del 2025. También ha afeado, tal y como ha admitido Batlle, que en tres de las 32 ocupaciones no se haya dado ningún paso para recuperar la titularidad y ha lamentado “el secuestro del patrimonio”.
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Jordi Martí (Junts) ha aportado un punto de vista similar, quizás no tan duro, celebrando que las cosas “hayan cambiado respecto al anterior mandato” con Ada Colau en la alcaldía. Al margen de pedir celeridad en la recuperación de los pisos, naves y locales públicos usurpados, ha instado al gobierno a actuar desde la prevención, es decir, evitar que haya dependencias municipales que estén en desuso. Ha puesto dos ejemplos: la casa de la calle Hort de la Vila (Sarrià) que está tapiada pero que tiempo atrás fue pasto de los okupas, o el número 1 de la calle Manacor, en el Putxet, “abandonado desde el 2010”. Marc Serra (BComú) y Jordi Coronas (ERC) han invitado a medir muy bien la respuesta en función del caso, pues, ha aseverado, no es lo mismo una “familia vulnerable con menores” -sutil mención a Vallcarca del concejal Serra- que una “ocupación con finalidades delictivas”.
El matiz
BComú y ERC reclaman al gobierno diferenciar muy bien entre familias vulnerables y actividades delictivas
Ha rematado la faena Gonzalo de Oro-Pulido (Vox), que ha denunciado “la permisividad y la inacción política” y ha instado a “no ceder ante los caraduras”. “Con contadas excepciones, la gran mayoría son personas de movimientos anarquistas o inmigrantes ilegales”. Batlle ha pedido orillar la demagogia y ha recordado que el Ayuntamiento aprobó en marzo un plan para abordar estas situaciones de manera que se pueda evitar que se enquisten las ocupaciones y los asentamientos, priorizando los casos en los que se detecte una infravivienda que genere un riesgo para los moradores. “Abordamos el tema desde la máxima responsabilidad y huyendo de la frivolidad”, ha zanjado.
