Barcelona
Ha llegado un punto, ante posturas tan aparentemente irreconciliables, en el que parece que solo queda ejercer el derecho a pataleta. Pero no solo por defender una parcela propia, sino por cómo afecta al grueso de la sociedad el hecho de no reformar la reserva del 30% de vivienda protegida en las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones, una medida impulsada en el 2018 con la idea de ganar 330 pisos públicos al año y que en seis ejercicios apenas ha arañado un centenar cuando deberían ser cerca de 2.000. Foment del Treball y la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE) han censurado este jueves al alimón el “bloqueo político” que no permite abordar esta cuestión, en un claro mensaje dirigido al gobierno de Jaume Collboni y a Junts, los grupos municipales destinados a dar carril a la modificación de la normativa.
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A través de un comunicado conjunto, el presidente de la APCE, Xavier Vilajoana, reclama a los partidos mantener la puerta abierta “para seguir hablando y encontrar soluciones eficientes”. “Les instamos a consensuar políticas de vivienda que sean realmente efectivas –sostiene–, y por eso creemos que la modificación de la norma del 30% es imprescindible para que se pueda construir un parque de viviendas suficiente, que se adapte a las necesidades de todos los barceloneses”. Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, va un poco más allá y censura que el alcalde Collboni sea “rehén del colauismo y del tripartito del decrecimiento”. Afea también que los partidos no hayan sido capaces de tejer un acuerdo en un momento en el que ya “se está expulsando a la ciudadanía de Barcelona”, con mención especial para los jóvenes que buscan oportunidades en la periferia.
Edificios en construcción en Vallcarca
David Zorrakino / Europa Press
Convencidos de que el problema de la vivienda en Barcelona es la “falta de oferta”, tanto Vilajoana como Sánchez Llibre imploran el regreso a la senda del “diálogo y el consenso”. En conversación con este diario, el presidente de la APCE lamenta “la visión de partido y electoralista” de los distintos actores y recuerda que este es un problema “de la gente, no del sector, que es muy resiliente y se puede adaptar a las circunstancias”.
La reforma del 30% de vivienda protegida es un síntoma de muchas de las cosas que están condicionando el mandato del PSC. Los socialistas, con tan solo 10 concejales de un total de 41, siguen necesitando del virtual tripartito –con ERC y Bcomú– para sacar adelante muchas de sus iniciativas. El presupuesto y las ordenanzas fiscales del 2026 son el último ejemplo, pero esta semana también votaron juntos terminar el tranvía. Cuando todo parecía indicar que la cuestión de confianza era inevitable para salvar los números, los Comuns se ablandaron con dos condiciones: dejar en paz a los vecinos de Vallcarca amenazados de desahucio y poner fin al alquiler de temporada. Ninguna de las dos demandas se cumplirá en los términos que reclama el grupo que lidera Janet Sanz, pero puede brotar un acuerdo que satisfaga a ambas partes, con solución habitacional para los afectados de la parte alta de Gràcia y límites a los pisos por meses. Con todo, si el PSC reabriera el melón del 30% (modificación que genera sarpullido en los Comuns), podría poner en jaque los presupuesto.
El contexto
Los presidente de la APCE y de la patronal piden “diálogo y consenso” para evitar la “expulsión de barceloneses de la ciudad
La negociación parecía encarada en marzo. El grupo liderado por Jordi Martí puso sobre la mesa seis cláusulas, entre las que destaca la rebaja de un 4% del IBI, que Barcelona gestione los pisos vacíos de la Sareb o evitar más “compras mediáticas” como la de la Casa Orsola. El gobierno aceptó rebajar el IBI un 2%, pero no bastó. En junio se rompió el diálogo, y poco después, Collboni dijo que el asunto se guardaba “en un cajón” hasta el próximo mandato. Pasado el verano, con mediación de los sectores interesados, parecía que la cosa volvía a coger cuerpo. Pero nada: ruptura.
El futuro inmediato de Junts es otro de los condicionantes, ya que el partido elegirá antes de enero al candidato para las elecciones del 2027. Con un líder ya firme, y con los presupuestos del año que viene aprobados (o no), quizás sea el momento.
