Diario HOY | Proveedor mimado de Prieto financia la campaña de Mujica

• Por Rossana Escobar M.
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Para muchos esteños no quedan dudas de que los recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este están financiando de alguna manera la campaña a la intendencia de Daniel Pereira Mujica que, en resu­midas cuentas, es la campaña del destituido por corrup­ción Miguel Prieto; pues el exdirector administrativo y exasesor de la comuna es su candidato. Al parecer, esta sospecha no es muy desca­bellada ni muy alejada de la realidad, considerando que quienes recibieron millona­rios fondos de la institución hoy son sponsors de sus acti­vidades proselitistas.

Sin desparpajo, a su estilo, Prieto y su candidato Pereira Mujica, ambos sin trabajo ni ingresos formales desde hace varios meses tras su salida de la Municipalidad de Ciudad del Este, mueven una enorme estructura que tiene sus cos­tos difícilmente justificables en las circunstancias en las que ambos se encuentran. En este contexto, aparecen algunos favores vinculados precisamente a gente que manejó millonarios fondos de la comuna mediante las famosas comisiones, en este caso de festejos aniversario.

Orden de pago firmada por Prieto en la que consta también firma del beneficiario dueño de minibús que pasea a Pereira Mujica

Documento de automotores del minibús que pasea a Pereira Mujica y sus operadores

FAVORES DE CAMPAÑA

Entre los favores de cam­paña está el ya conocido minibús para los paseos en busca de votos para Pereira Mujica. Este colectivito puesto a disposición, en el que Prieto y su candidato aplanan las maltrechas calles de Ciudad del Este heredadas por su adminis­tración, según documentos de automotores, pertenece a Héctor Sánchez Meza.

¿Quién es Héctor Sánchez Meza? Es el mismo que lide­raba la Comisión Organiza­dora de Festejos para con­memorar los aniversarios de Ciudad del Este, precisa­mente los 64.° y 65.° realiza­dos en los años 2021 y 2022.

Algunos documentos a los que pudimos acceder reve­lan que en el 2021 el gremio de Sánchez Meza recibió G. 700 millones de la admi­nistración Prieto, adminis­tración de la que formaba parte Pereira Mujica que ahora hace campaña en el bus de quien en su momento manejó los aportes de la municipalidad.

Parte de la directiva de la comisión beneficiaria fue­ron también Antonio Peng y Salem Esgaib Zugaib.

Héctor Sánchez Meza tam­bién es el mismo que hace un par de años denunció haber sido víctima de un atraco en ruta en el que presuntamente fue des­pojado de nada menos que USD 70.000. Coincidente­mente, en el percance que sufrió estaba acompañado de Víctor Manuel Pereira Romero, sobrino del candi­dato Pereira Mujica, según cuentan en Ciudad del Este.

La denuncia resultó dudosa para la Policía porque las características de los ori­ficios causados por los dis­paros no coinciden con las balas que presuntamente ingresaron desde afuera de la camioneta en la que se encontraban las víctimas.

La Comisión Económica para América Latina (Cepal) informó que la inversión extranjera directa de Paraguay descendió un 30,06 % en el 2024, frente a los USD 576 millones del año anterior.

También lanza “chákes” sobre lo que llama “señales de cautela” respecto al grado de inversión y las expectativas para la captación de capital extranjero.

Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, cuestionó la irresponsabilidad de Cepal por utilizar estimaciones o números preliminares sin aclararlo debidamente.

“Organismos multilaterales tienen obligación de publicar informaciones estadísticas veraces sobre las economías. En caso de usar estimaciones y/o números preliminares deben aclararlo debidamente. Lo de la @cepal_onu sobre IED en Paraguay fue un acto de irresponsabilidad inaceptable”, advirtió.

Sin embargo, en otra publicación de Cepal, pero relacionada al crecimiento económico, señalan que Paraguay será el segundo país de Sudamérica con el mayor crecimiento al cierre de este 2025: Venezuela (6%), Paraguay (4,5%) y Argentina (4,3%).

El Dr. José Mereles, director de la región sanitaria del departamento de Misiones, comentó que esa zona del país no se registran casos de sarampión, pero ante el avance de la enfermedad, ya se preparan para hacer frente ante un posible brote.

Según sostuvo, hay muchos niños que no fueron inmunizados contra la enfermedad, especialmente, aquellos que viven en zonas rurales, muchas veces por falta de conocimiento o tubú por parte de los padres.

En esos casos tuvieron que recurrir a la Justicia para poder inmunizar a los 18 niños que no contaban con la vacuna.

“No hay negativa de los padres una vez que judicializamos. No nos quedó de otra”, expresó Mereles a la radio 1020 AM.

Hasta la fecha, se han confirmado 49 casos de sarampión en el territorio nacional, la mayoría dentro del departamento de San Pedro.

En un comunicado, los afectados expresaron su profunda preocupación y decepción por la falta de respuestas institucionales y la pasividad de los poderes del Estado ante un caso que ya ha dejado más de 17.000 víctimas en situación de vulnerabilidad.

“Cada vez más estamos seguros de que la Corte Suprema de Justicia no ha tomado determinaciones contundentes en proporción a la magnitud de la mafia de los pagarés”, señala el pronunciamiento.

El texto también cuestiona la concepción de seguridad jurídica defendida por la Corte, afirmando que “ha sido violentada en sus narices”, y critica la “hipocresía del puritanismo jurídico” con que los ministros abordan el proyecto de ley que busca frenar los abusos en el uso de los pagarés.

“No hay peor ciego que el que no quiere ver”, indica el comunicado, asegurando que los hechos ocurren “ante los ojos de los ministros”.

Los firmantes manifestaron además su decepción hacia la mayoría de los parlamentarios, a quienes acusan de guardar silencio e indiferencia frente al drama de miles de familias afectadas.

“En lugar de agilizar soluciones, se limitan al silencio. Al parecer, pretenden ser adulados, sintiéndose grandes señores, y se olvidan de sus funciones de representar al pueblo”, expresa el texto.

La Coordinadora también advirtió que las iniciativas legislativas que se discuten actualmente en el Congreso son “remiendos parciales”, que no bastarán para desmantelar el esquema judicial y financiero que sostiene esta red mafiosa.