Diario HOY | Escenas de guerra en Rio de Janeiro: 64 muertos en operación policial más letal

Fuente: AFP

Unos 2.500 policías fuertemente armados penetraron en dos zonas del norte de la ciudad, donde hubo tiroteos, incendios y enfrentamientos con presuntos criminales, constató un periodista de la AFP.

Los uniformados participan de este “Operativo Contención” para combatir la expansión en el territorio del Comando Vermelho, la mayor organización criminal de Rio de Janeiro, indicó el gobierno estatal.

El gobernador conservador Cláudio Castro informó de 60 sospechosos muertos. Una fuente de su administración indicó previamente a la AFP que había además cuatro policías fallecidos.

Un periodista de la AFP vio cómo agentes con armamento pesado en la favela Vila Cruzeiro custodiaban a unos veinte jóvenes apiñados y sentados en la acera, con la cabeza gacha, descalzos y sin camiseta.

Ráfagas de disparos seguían atemorizando a la población de la zona y los comercios estaban cerrados.

“Está todo el mundo aterrorizado porque es mucho ruido de disparos”, dijo por teléfono una fuente que participa en proyectos sociales en el complejo de favelas Penha.

Además, se trata de la “primera vez” que se ven drones de los presuntos delincuentes lanzando bombas, agregó desde fuera de la comunidad esta fuente que no quiso revelar su nombre por temor a represalias.

“Es así como la policía de Rio de Janeiro es recibida por los criminales: con bombas lanzadas por drones. (…) Es narcoterrorismo”, dijo por su parte Castro en X, junto a un video de un dron lanzando un proyectil desde el cielo.

Los operativos policiales contra el crimen organizado son frecuentes en las barriadas pobres de Rio, donde los agentes suelen enfrentarse a tiros con traficantes y la población sufre en medio del fuego cruzado.

La operación causó disrupciones en la ciudad, con vías centrales completamente cerradas o bloqueadas.

“Está todo parado y nos quedamos sin bus, sin nada, en este caos y sin saber qué hacer”, dijo Regina Pinheiro, una jubilada de 70 años que intentaba regresar a su casa.

Más de 50 autobuses fueron utilizados para armar barricadas por parte de supuestos criminales, informó el sindicato del ramo en Rio.

Hasta ahora, la operación más letal en Rio, donde viven unos seis millones de personas, había tenido lugar durante la pandemia de covid, en 2021, con saldo de 28 muertos en un solo día.

– 200.000 afectados –

La fuerza pública ingresó en la madrugada a dos zonas conocidas como los complejos de Alemao y Penha a bordo de 32 vehículos blindados.

Allí han decomisado “una gran cantidad de droga”, afirmó sin dar más detalles el gobernador Castro, aliado político del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

Al menos 81 personas fueron detenidas y la policía incautó 42 fusiles, según el gobierno estatal.

Dos helicópteros y varios drones acompañaron el operativo.

“Más de 200.000 residentes siguen afectados por escuelas cerradas, autobuses desviados y unidades de salud con servicios suspendidos”, indicó la asamblea legislativa del estado.

Una escuela de Ipanema pidió retirar más temprano a los alumnos para liberar a los profesores frente a la situación de alerta, constató la AFP.

Castro afirmó que “los batallones están en estado de alerta ante posibles represalias”.

– “Licencia para matar” –

De su lado, el diputado y pastor evangélico Henrique Vieira denunció en X que el gobierno estatal “trata a la favela como territorio enemigo, con licencia para tirar y matar”.

La corte suprema de Brasil impuso en 2020 algunas restricciones a los operativos en las favelas, como limitar el uso de helicópteros y las acciones en áreas próximas a escuelas o centros de salud.

Estas medidas fueron levantadas este año por decisión del supremo.

Especialistas y organizaciones de derechos humanos critican este tipo de operativos porque tienen una baja eficacia contra las organizaciones criminales.

Exigiremos “explicaciones sobre las circunstancias de la acción, que convirtió nuevamente a las favelas de Rio en escenario de guerra y barbarie”, dijo a la AFP por escrito la diputada Dani Monteiro, presidenta de la comisión de derechos humanos de la asamblea legislativa.

En 2024, alrededor de 700 personas murieron en intervenciones de las fuerzas del orden en Rio, casi dos por día.

Melissa, un huracán de categoría 5 (la máxima), alcanzó el suroeste del país cerca de la ciudad de New Hope con vientos máximos sostenidos de 295 km/h, informó el centro estadounidense de huracanes (NHC).

La isla ya lleva horas sufriendo crecidas y vientos extremos provocados por Melissa, uno de los huracanes más fuertes registrados en el Atlántico.

A pesar de acelerar un poco su desplazamiento, el huracán avanza lentamente, lo que debería aumentar el riesgo de inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra en Jamaica.

Poco antes del impacto, la autoridades se mostraron preocupadas porque muchos habitantes se negaban a acatar las órdenes de evacuación.

Su potencia supera la de algunos de los huracanes más devastadores de los últimos años, como Katrina, que arrasó la ciudad de Nueva Orleans en 2005.

Siete muertes, tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana, ya se han atribuido al deterioro de las condiciones meteorológicas provocadas por la tormenta.

Se prevé que Melissa alcance el extremo oriental de Cuba el martes por la noche, después de azotar Jamaica.

El Consejo de Defensa Nacional declaró la “fase de alarma” en las seis provincias del este (Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Camagüey, Granma y Las Tunas).

Las autoridades empezaron a evacuar a unas 650.000 personas en estas provincias, donde la población hace acopio de víveres y trata de asegurar con cuerdas los techos de sus hogares. Las clases y actividades laborales no esenciales fueron suspendidas.

Fuente: AFP

Simeón Pérez Marroquín, capturado en el departamento del Meta (centro), está acusado de ser el intermediario entre el círculo cercano al sicario y el grupo armado detrás del atentado a disparos contra Uribe durante un mitín en Bogotá el 7 de junio.

Se “le imputará los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas”, dijo la Fiscalía en un comunicado en X.

Este es el séptimo detenido por el asesinato, incluido el menor de edad que disparó contra el también senador de derecha, en un atentado que sacudió la carrera para las elecciones presidenciales de 2026.

En el archivo de televisión pública colombiana aparece el nombre de Pérez como uno de los detenidos por el asesinato de los sicarios del presidenciable Luis Carlos Galán, también asesinado a tiros durante un acto político en 1989.

Galán era un popular candidato de izquierda a favor de la extradición de narcotraficantes como el abatido barón de la cocaína Pablo Escobar en los peores años del conflicto armado.

Imágenes compartidas por medios locales muestran al recién capturado Pérez escoltado por un fuerte dispositivo militar mientras es llevado a un helicóptero.

El sicario fue condenado a siete años de encierro y el conductor que lo transportó a 21 años de prisión.

Las autoridades están tras los autores intelectuales del crimen, con quienes Pérez tenía contacto directo, según el ente acusador.

Uribe era un legislador opositor de 39 años y pasó dos meses en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Bogotá, donde falleció el 11 de agosto tras sufrir una hemorragia cerebral.

Su muerte revivió el fantasma de la violencia contra políticos en la décadas de 1980 y 1990 en Colombia y prendió las alarmas por la seguridad de los candidatos de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

Hallado culpable en septiembre de haber tratado de impedir la asunción del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro busca corregir “ambigüedades, omisiones, contradicciones y oscuridades” en la decisión de la corte suprema, según el documento del recurso al que tuvo acceso la AFP.

“Hay puntos relevantes que deben aclararse, tanto en lo referente a la condena como a la pena impuesta, que generan profundas injusticias”, señalan los abogados del exmandatario ultraderechista en la apelación enviada al tribunal el lunes, última fecha para recurrir la sentencia.

Los abogados reclaman por supuestos obstáculos para ejercer la defensa y aspiran a obtener una reducción de la pena impuesta.

Los magistrados de la corte suprema no tienen un plazo límite para evaluar los argumentos.

El expresidente (2019-2022) se encuentra en prisión domiciliaria preventiva desde agosto por incumplir medidas cautelares que restringen sus expresiones en medios de comunicación o redes sociales.

Bolsonaro, de 70 años, no irá a prisión definitiva hasta que se agoten todos los recursos legales.

El proceso contra el mayor líder de la derecha brasileña avanza mientras Brasil y Estados Unidos recomponen su relación bilateral, tensionada precisamente por este juicio.

El presidente estadounidense Donald Trump impuso aranceles punitivos de 50% a productos brasileños bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra Bolsonaro.

Trump, sin embargo, se reunió con Lula el domingo en Malasia para conversar sobre los aranceles y anticipó “buenos acuerdos para ambos países”.

– Pena en discusión –

Aunque es inusual que el supremo brasileño cambie el sentido de sus fallos, “ya ha sucedido que en el mismo tribunal haya cambios, principalmente en la duración de la pena” tras una apelación, explicó a la AFP Thiago Bottino, profesor de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas.

Los abogados del expresidente ya anunciaron que recurrirán la sentencia “incluso a nivel internacional”.

El líder ultraderechista sufre las secuelas de una puñalada en el abdomen en 2018, por lo que ha sido operado varias veces desde entonces.

Además, fue diagnosticado en septiembre con cáncer de piel, aunque las lesiones le fueron retiradas.

Por sus problemas de salud, podría solicitar cumplir su condena en casa, tal como lo hizo en mayo el expresidente Fernando Collor de Mello, quien obtuvo prisión domiciliaria para una condena de ocho años por corrupción.

El bolsonarismo impulsó un proyecto de ley de amnistía en el Congreso que beneficiaría al expresidente y a cientos de sus seguidores que participaron en el asalto a las sedes de los poderes públicos en Brasilia el 8 de enero de 2023.

Sin embargo, la iniciativa se desinfló después de grandes protestas en varias ciudades de Brasil.