YPF.
En un giro clave en el litigio con el fondo Burford por la expropiación de YPF, Argentina comunicó a la jueza Loretta Preska de Nueva York su disposición a cooperar en la entrega de chats y correos electrónicos de 35 funcionarios y ex funcionarios. No obstante, el Gobierno solicitó una nueva prórroga hasta el 21 de noviembre para cumplir el requerimiento, cuyo plazo original ya había sido extendido.
Según documentos judiciales, la solicitud de prórroga responde a la necesidad de obtener el consentimiento individual de cada uno de los 35 individuos involucrados, un requisito legal debido a las leyes de privacidad argentinas. La presentación del Gobierno remarcó que la cooperación no implica admisión alguna sobre el contenido de los mensajes, sino una intención de facilitar el proceso judicial.
Las comunicaciones
Este cambio de estrategia marcó un contraste significativo con la postura anterior del Gobierno, que había argumentado dificultades técnicas y legales para acceder a las comunicaciones. El objetivo ahora parece ser evitar posibles sanciones por desacato y demostrar buena fe ante el tribunal, en un momento crítico de la disputa legal que podría costarle a Argentina miles de millones de dólares.
Fuentes familiarizadas con la defensa argentina enfatizaron que el proceso de recabar consentimientos se realiza de forma individual y confidencial, abarcando tanto a funcionarios de la actual administración como a miembros del gobierno anterior.
La decisión de Preska sobre la prórroga y las condiciones de entrega del material es inminente. El caso es seguido de cerca por el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro, dada la etapa decisiva del litigio y el riesgo de una costosa sentencia.
La estrategia argentina actual buscará ganar tiempo y evitar confrontaciones con el tribunal, mientras intenta influir en las negociaciones sobre los próximos pasos legales en un proceso que ya generó una importante vulnerabilidad financiera para el país. La entrega de los mensajes podría ser clave para determinar el monto final que Argentina deberá pagar.
