El fiscal general Diego Velasco no quiere más retrasos para que comience el juicio contra Cristina y Máximo Kirchner por asociación ilícita, lavado de dinero y dádivas. Se trata de las causas Hotesur-Los Sauces. La tardanza de una pericia contable favorece a la ex Presidenta y el debate no iniciará sino hasta 2026. El Ministerio Público Fiscal pidió que se determine una fecha de entrega de ese estudio pericial para dar inicio al juicio.
El expediente se concentró en las empresas familiares Hotesur (firma hotelera) y Los Sauces (inmobiliaria), investigadas por haber sido el presunto vehículo para lavar 120 millones de pesos, cifra calculada entre 2008 y 2015. La maniobra se concretó «con la simulación de contratos de alquiler en el rubro hotelero e inmobiliario», según calificó el representante del Ministerio Público Fiscal, cuando pidió que el juicio se realice.
Estas dos compañías nunca tuvieron sedes comerciales. En ambas, un común denominador fue Lázaro Báez, como inquilino en la inmobiliaria y como responsable de administrar y explotar los hoteles. La acusación lo vinculaba al contratista como una pieza necesaria para «devolver» a los ex presidentes al menos parte del dinero proveniente de los sobreprecios en las obras públicas que sus empresas ganaban en licitaciones cuestionadas en el caso Vialidad donde la ex vice y el dueño del Grupo Austral, fueron condenados y la acusación confirmada por la Cámara Federal de Casación.
En lo que concierne a estas causas por lavado de dinero hay otro delito atribuido: el de dádivas, por tratarse Cristina de una funcionaria, en tal ocasión la máxima autoridad como cabeza del Poder Ejecutivo y un empresario contratista del Estado, con quien mantuvo más de veinte operaciones comerciales durante el período investigado.
Los casos se reabrieron a finales del año pasado tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto el sobreseimiento dictado.
Desde entonces el caso se encuentra radicado en el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), integrado por los jueces José Michilini, Nicolás Toselli y Adriana Pallioti. El fiscal Velasco será el responsable de la acusación a lo largo del debate.
Ante la noticia de que la demora en la pericia sobre la inmobiliaria Los Sauces trasladará el inicio del juicio al año 2026, el fiscal presentó un breve escrito reclamando que se “inste a los peritos intervinientes para que informen sobre el estado de avance del estudio encomendado en el marco de la instrucción suplementaria ordenada, como también que se estime la fecha de finalización del mismo”.
El pedido tiene como finalidad dar previsibilidad al inicio del debate oral y público: una vez que se conozca cuándo los peritos estarán en condiciones de concluir el trabajo y entregarlo, se podrá dar inicio al juicio.
Cuando el caso se reabrió, fue Velasco quien pidió que se realicen sendas pericias contables sobre Hotesur y Los Sauces. La primera de ellas ya fue entregada, y sostenía que la firma hotelera funcionaba únicamente para recibir dinero por parte de Lázaro Báez, quien explotaba Hotesur con Valle Mitre SRL. Esta compañía recibía dinero de manera exclusiva de la constructora del propio Báez Austral Construcciones, que a su vez sólo percibía fondos de la obra pública vial del gobierno kirchnerista.
La segunda pericia aún no concluyó y se concentra en la inmobiliaria Los Sauces. Lo que ocurrió, según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, es que algunos peritos cambiaron y el informe final no ingresará al TOF 5 antes de marzo.
Sin la prueba suplementaria completa, no hay posibilidades de que se fije fecha de inicio del juicio oral y público. Por ese motivo, el fiscal pidió ante el TOF 5 que se le consulte a los peritos cuándo entregarán la pericia.
A esa circunstancia hay que sumarle otro dato: en diciembre, el juez Nicolás Toselli concluye la subrogancia en el Tribunal. Es decir que se deberá convocar a un nuevo magistrado para la conformación del TOF 5 que deberá hacer el juicio.
Esos dos temas centrales generarán un retraso en el inicio del juicio, pese a los reiterados pedidos del Ministerio Público Fiscal para que se fije fecha de entrega de las pruebas para poder así, comenzar el debate.
Una tesis fundamental
En función de los acuerdos comerciales que el dueño del Grupo Austral y la familia Kirchner celebraron, tanto Velasco como Mario Villar (fiscal ante la Casación) entendieron que “el lavado no se agota en Lázaro Báez” y que hay que tener en cuenta que en este expediente las operaciones de blanqueo se “realizaron para que el dinero llegue con apariencia de licitud a los titulares de las empresas Los Sauces y Hotesur, mediante contratos simulados e innecesarios».
Se unió así el caso Vialidad con Hotesur y Los Sauces. El circuito indicado por el Ministerio Público Fiscal indica que con el pago inicial del Estado “era Lázaro quien lavaba el dinero, pero en los pasos siguientes lo lograban lavar los destinatarios finales», es decir: Cristina Kirchner y su familia.
La cronología es la siguiente. Desde 2009 a julio de 2013, el empresario condenado por lavado de dinero pagó a la ex presidenta 27.592.110 pesos a través de Valle Mitre, por la explotación del hotel Alto Calafate, la hostería Las Dunas (que originalmente perteneció a Lázaro Báez y la vendió a los Kirchner para después alquilarlo) y La Aldea de El Chaltén, que se construyó sobre un terreno a nombre del dueño del Grupo Austral.
El alquiler del Alto Calafate incluyó otro valor significativo: entre 2010 y 2011, el 50% de lo facturado por el complejo turístico fue gracias a seis empresas de Báez que alquilaron habitaciones y el salón de conferencias del lugar. Una misma caja.
A esos acuerdos se debe sumar el alquiler de habitaciones por parte de siete empresas del Grupo Austral, garantizando ingresos por 11 millones de pesos. Muchas de esas habitaciones, además, jamás se usaron.
¿De dónde provenían los ingresos de Valle Mitre y de las demás empresas de Báez? De Austral Construcciones. La compañía que recibía contratos viales proporcionaba dinero a las demás empresas del Grupo, y después estas emitían cheques a favor de los hoteles de Cristina Kirchner. La principal empresa del holding inyectó 70 millones de pesos a la gerenciadora de los hoteles y esos fondos terminaron en el patrimonio de la ex vice.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) condenó a la ex vice y a Báez en el caso Vialidad. Allí se sostuvo que todo el dinero volcado a lo que la justicia calificó como “contratos simulados” tuvieron como único origen, las irregularidades en las obras viales. El circuito corroborado funcionaba de la siguiente manera: Báez cobraba irregularmente montos millonarios del Estado nacional, no sólo en concepto de lo que se consignaba en los pliegos licitatorios, sino también a través de las diversas modificaciones de plazos y montos que fueron definidos como sobrecostos por los fiscales del juicio.
Ese dinero, explicó la Justicia, se “destinaba a operaciones privadas con la ex Presidenta de la Nación, quien permitió y facilitó la erogación de ese dinero guiada por un claro interés personal”. Cristina Kirchner proveía “el beneficio económico de las empresas del Grupo Báez comandado por el sujeto con quien la propia ex Presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.
El destino final de ese dinero, era “en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta». La referencia es hacia Hotesur -la firma dueña del hotel Alto Calafate- y Los Sauces SA -la inmobiliaria-.
