Sector petrolero
Aunque el texto no menciona actividades específicas, su alcance impactaría de lleno en las economías del sur, donde el petróleo, el gas y la minería sostienen buena parte del empleo privado registrado. La iniciativa propone habilitar convenios colectivos regionales o por empresa, e introduce figuras como el banco de horas , la redefinición de descansos y la exclusión de beneficios sociales como parte del salario .
- 29/10/2025 • 13:09
El borrador del proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, impulsado por el Gobierno Nacional, plantea una serie de modificaciones estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que encendieron las alarmas en el sector petrolero patagónico. Los cambios propuestos, que buscan reducir costos y otorgar mayor flexibilidad a las empresas, podrían afectar derechos adquiridos de los trabajadores y contradecir fallos previos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Aunque el texto no menciona actividades específicas, su alcance impactaría de lleno en las economías del sur, donde el petróleo, el gas y la minería sostienen buena parte del empleo privado registrado. La iniciativa propone habilitar convenios colectivos regionales o por empresa, e introduce figuras como el banco de horas, la redefinición de descansos y la exclusión de beneficios sociales como parte del salario.
Uno de los puntos más controvertidos es el nuevo artículo 197 bis, que permitiría adaptar la jornada laboral a la productividad mediante acuerdos sectoriales. Esto incluye el uso de bancos de horas y la reconfiguración de los francos compensatorios. En palabras de un abogado laboralista consultado por ADNSUR, “ese punto es una locura, porque donde haya crisis van a decir que el trabajador haga cuatro días a la semana de doce horas cada uno y le darán doce de descanso”, advirtió.
El límite legal que fija el borrador es un descanso mínimo de 12 horas entre jornada y jornada, criterio que podría afectar la organización del trabajo en sectores como el petrolero, donde los turnos rotativos y extensos son habituales. Según el análisis de expertos, la implementación de este esquema podría derivar en reducciones salariales encubiertas y mayores riesgos de precarización.
En paralelo, el proyecto crea el Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones (RIMI), destinado a beneficiar la compra de bienes de capital, infraestructura o activos productivos. Sin embargo, las actividades con regímenes laborales diferenciales, como el petróleo y la minería, quedarían excluidas de estos beneficios, lo que impediría a las empresas descontar parte de las contribuciones patronales por nuevos empleados.
Otro eje conflictivo es la modificación del artículo 103 bis, que redefine el concepto de beneficios sociales no remunerativos. En la práctica, prestaciones como vivienda, viáticos, alimentación o transporte dejarían de ser consideradas salario, excluyéndose del cálculo de aportes jubilatorios e indemnizaciones. “Esto es inconstitucional. La Corte Suprema ya dijo en varios fallos que quitar esos ítems del salario es ilegal. Cambiar eso implicaría modificar toda la doctrina vigente”, sostuvo el especialista citado por ADNSUR.
El impacto de esta medida sería profundo en el sector petrolero, donde los beneficios en especie representan una parte sustancial de la estructura salarial. Si se aplicara el nuevo criterio, el resultado sería menores aportes al sistema previsional y reducción del poder adquisitivo futuro de los trabajadores, además de una posible desfinanciación de las obras sociales y sindicatos.
En un contexto en que el Ejecutivo busca promover inversiones mediante incentivos fiscales y baja de cargas, la contracara sería un reordenamiento del sistema laboral con menos garantías para los empleados de los sectores estratégicos del sur.
Aunque el proyecto aún circula en versión preliminar, se prevé que el Gobierno lo envíe al Congreso Nacional para su tratamiento en sesiones extraordinarias, luego del 10 de diciembre, cuando asuma la nueva conformación parlamentaria tras el triunfo libertario.
El debate promete ser intenso: mientras el oficialismo plantea la reforma como un paso necesario hacia la modernización del empleo, las organizaciones sindicales y especialistas en derecho laboral advierten sobre una reforma regresiva, que podría alterar el equilibrio entre competitividad y derechos adquiridos en la Patagonia y el resto del país.
