Pese a los cuantiosos recursos humanos y económicos de los que dispone, una fuerza de seguridad librada a su inercia institucional no va a lograr nunca un abordaje eficaz del delito y la violencia en su jurisdicción.
Escribe: Ariel Iñiguez Tadeo (*)
Hace más de una década que la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, se debate entre las lógicas municipales de las que proviene y el status de ciudad autónoma que ostenta, implicando responsabilidades y recursos propios de un Estado provincial. Con un presupuesto estimado para el año 2025 de 4,63 millones de pesos por habitante, supera por mucho el gasto planificado (y no aprobado) en provincia de buenos aires de 1,8 millones de pesos por habitante para el mismo período.
A la hora de hablar de los recursos humanos, para pensar las políticas de seguridad, la provincia de Buenos Aires cuenta con una tasa de 571,4 policías cada 100.000 habitantes que se encuentra bastante por debajo de los 866,6 que muestra el territorio porteño.
Estos dos datos enmarcan una realidad institucional más que compleja: el autogobierno de la Policía de la Ciudad y el crecimiento exponencial del delito y la violencia en la ciudad.
La Ciudad de Buenos Aires, desde su constitución como ciudad autónoma en 1996, se encuentra atravesando lo que podemos definir como proceso de “autonomización”, es decir, la conformación de distintos mecanismos por los cuales el gobierno democrático de la ciudad va adquiriendo facultades, potestades y responsabilidades que antes se consideraban “federales”; y estaban circunscriptas a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional o del Consejo de la Magistratura de la Nación. De alguna manera, su status jurídico particular de ciudad autónoma la sitúa en una permanente tensión entre la fisonomía y las capacidades propias de un gobierno provincial inacabado o de un gobierno local híper-desarrollado.
Luego de adquirir su status de Ciudad Autónoma, se abre paso una etapa intermedia de las políticas públicas de seguridad en el distrito, caracterizada por la existencia una agenda federal, dirigida por el Poder Ejecutivo Nacional a través de la conducción del Ministerio de Seguridad de la Nación y la jurisdicción porteña de la Policía Federal Argentina; conviviente con una agenda local, esbozada a través del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en proceso de autonomización, que crea una Policía Metropolitana con recursos propios para ejecutar dicha agenda.
Podemos entender que el traspaso de las áreas de la Policía Federal Argentina con funciones de proximidad al ámbito del GCBA resuelve en favor del PRO una secuencia de disputas políticas y presupuestarias de larga data. Hay una evidente diferenciación en torno a la orientación de las políticas de seguridad que el peronismo impulsaba desde el Poder Ejecutivo Nacional, que tenían una fuerte raigambre ciudadana y buscaban de manera activa la democratización de los elementos de la política pública. Por otro lado, también existía un conflicto sobre los fondos previstos por la ley de coparticipación federal y el privilegio porteño en torno a la cantidad de recursos invertidos en las políticas con impacto en el distrito y el manejo de los mismos.
Una vez resuelto el traspaso, con el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad alineados dentro del mismo proyecto político, en el año 2016 se abre camino la actual etapa, donde la Ciudad de Buenos Aires ostenta el gobierno formal pleno de los elementos de las políticas de seguridad, homogeneizando para sí la conducción de la Policía de la Ciudad, así como también la responsabilidad exclusiva de producir información relevante y garantizar la participación de la comunidad en el diseño y la gestión de las políticas públicas.
Dentro de ese proceso de autonomización la Ciudad de Buenos Aires adquiere numerosos elementos propios de la política criminal que puede definir un gobierno provincial: desde la Legislatura, hasta la Policía; pasando por toda la administración del servicio de justicia que conformó un nuevo Poder Judicial, encabezado por el Consejo de la Magistratura porteño. En este proceso caótico, atravesado por la inestabilidad política y por las disputas presupuestarias, encontramos una hegemonía política por parte del PRO que nos abre el interrogante sobre la definición de las políticas de seguridad en 18 años ininterrumpidos de gestión.
Y allí hay un elemento insoslayable para pensar la conducción y la gobernabilidad. A razón de muestra, el jefe de la Policía de la Ciudad que más tiempo duró en funciones durante el gobierno del Pro, Gabriel Berard, sobrevivió desde que fue designado en el año 2019 a por lo menos cinco ministros de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Martin Ocampo, Diego Santilli, Marcelo D’Alessandro, Eugenio Burzaco y finalmente Gustavo Coria, asumieron las responsabilidades civiles y políticas de la conducción de este sistema de seguridad pública, el cual goza de elementos más que suficientes para trazar una política criminal definida y un gobierno efectivo de las políticas públicas de seguridad. ¿Cuáles de estos elementos conduce al resto? ¿Quién gobierna el territorio, la circulación, los mercados informales?
Pese a los cuantiosos recursos humanos y económicos de los que dispone, una fuerza de seguridad librada a su inercia institucional no va a lograr nunca un abordaje eficaz del delito y la violencia en su jurisdicción. Seguramente Jorge Macri haya tenido la suerte de mostrar una imagen de política activa en su gestión como intendente de Vicente López, comprando patrulleros o cámaras de video vigilancia, complementando la tarea del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, quien más allá de la propaganda asume la responsabilidad jurisdiccional de las políticas de seguridad, conduciendo los recursos humanos, definiendo estrategias de abordaje del delito y elaborando la política criminal. Lamentablemente, ya no es intendente.
(*) Licenciado en Seguridad Ciudadana – UnLa
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