Por Fernando Forio
Abogado laboralista y asesor sindical. Director General de Estudio Jurídico Pampa.
El Gobierno nacional ha relanzado su ofensiva sobre el mundo del trabajo con un nuevo proyecto de reforma laboral. Bajo el discurso de “modernización” y “empleo genuino”, se propone una serie de medidas que profundizan la desregulación iniciada con la Ley Bases. Pero los datos y la experiencia histórica revelan otra cosa: precarización, debilitamiento sindical y pérdida de derechos.
La Ley 27.742, sancionada en 2024, incorporó aspectos del DNU 70/2023que modificaron el régimen de indemnizaciones, facilitaron despidos y promovieron nuevas formas de contratación. Lejos de generar empleo, como prometía el Ejecutivo, el resultado fue una caída del empleo registrado y un aumento de la informalidad. La flexibilización no incentivó la contratación, sino que consolidó un modelo de precarización estructural.
Uno de los argumentos más repetidos por los gobiernos que impulsan reformas laborales regresivas es que “bajando costos laborales” se mejora la registración. Esta idea, instalada desde los años noventa, se repite hoy, pero no resiste el análisis. Tras la sanción de la Ley Bases, no sólo no aumentó el empleo registrado: cayó. Lo que creció fue la informalidad, la rotación y la desprotección.
La historia demuestra que los derechos laborales no son un obstáculo para el empleo: son su garantía. La registración mejora cuando hay crecimiento económico, políticas activas de fiscalización y sindicatos fuertes que defienden el trabajo digno.
Ejes del nuevo proyecto
- Salarios dinámicos: Se propone vincular el salario al rendimiento individual, desplazando el sistema de escalas por convenio. Esta medida fragmenta la negociación colectiva, erosiona la solidaridad gremial y promueve una lógica meritocrática que ignora las desigualdades estructurales del mercado laboral.
- Limitación de la ultractividad: Se busca restringir la vigencia automática de los convenios colectivos una vez vencidos. Esto debilita derechos adquiridos y reduce la capacidad de negociación sindical, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.
- Desarticulación del modelo sindical argentino: Aunque se afirma que no se eliminarán derechos como la indemnización por despido, el proyecto apunta a desarmar el andamiaje institucional que sostiene el derecho colectivo, favoreciendo una relación laboral individualizada y asimétrica.
La memoria no es nostalgia: es herramienta de lucha. Recordar las consecuencias de la flexibilización, visibilizar las continuidades y activar la conciencia colectiva son tareas urgentes. La defensa del derecho a huelga, la negociación colectiva y la estabilidad laboral no son privilegios: son pilares de la democracia.
La reforma laboral post-electoral no busca generar empleo, sino reconfigurar el poder en las relaciones laborales.
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