La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, está a siete meses de entregar el cargo y aunque el relevo será inevitable no quiere perder el poder. Su estrategia es heredarlo a alguien afín. Sin embargo, la designación del nuevo fiscal, prevista para mayo, está en manos del presidente, Bernardo Arévalo, a quien el Ministerio Público (MP) mantiene bajo ataque desde su elección en 2022.
Arévalo ganó la presidencia prometiendo luchar contra la corrupción y ha gobernado desde enero de 2024 asediado principalmente por Porras, por algunos diputados de oposición y un par de jueces y magistrados. Desde entonces, el MP ha intentado, sin éxito, dejar sin efecto los resultados electorales de hace dos años y intentado llevar a juicio al presidente y su Gabinete. Incluso ha encarcelado funcionarios de Arévalo.
Durante el mes de octubre, Porras inició un nuevo e intenso embate en contra de Arévalo basado en tres presuntos casos de corrupción. El abogado constitucionalista Edgar Ortíz dice que “hay una intención incesante de la fiscalía por defenestrar al presidente”. “Eso añade urgencia a la inminente salida de la fiscal en mayo. Porras sabe que si Arévalo es presidente no va a repetir, ni ella, ni cualquier persona de su coalición, y eso es el telón de fondo de todo lo que vemos”, dice.
Porras es jefa de los fiscales desde 2018 y ha sido reelecta. Durante su administración han salido al exilio más de 100 personas, entre jueces, fiscales, periodistas y activistas de derechos humanos. Suma sanciones emitidas por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido debio a acciones que “socavan la democracia y el Estado de derecho”. Además está incluida en la Lista Engel de actores antidemocráticos y corruptos de Estados Unidos.
El primer ataque
La fuga de 20 pandilleros de Barrio 18 en agosto de una de las prisiones de máxima seguridad del país reactivó al Ministerio Público. “Fue vista por la fiscalía como la ocasión perfecta para atacar a un presidentea. Su tesis siempre ha sido que mientras más impopular sea el presidente más tolerable sería un golpe (de Estado)”, dice Ortíz.
Tras la fuga, Porras dijo que había sido posible por la “complicidad de funcionarios del Estado” y que se estaba ante “una estructura de corrupción incrustada en el corazón del Ejecutivo”. Y pidió la captura de la exviceministra de Gobernación, Claudia Palencia, y del entonces ministro de esa cartera, Francisco Jiménez, quien tras el escándalo renunció al cargo. Javier Monterroso, exsecretario privado del Ministerio Público, dice que hubo una “arremetida del contra el gobierno y la quinta viceministra, Claudia Palencia. Ella sonaba como posible candidata para fiscal general porque gozaba de buenas recomendaciones, así que era una adversaria a la que tenían que quitar del camino”, explica.
Segundo ataque
A la semana siguiente, Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) también designado por corrupción por Estados Unidos y vetado en más de 40 países, convocó a otra conferencia de prensa para informar sobre el caso denominado UNOPS: Corrupción Presidencial.
Desveló allí lo que aparentemente sería un negocio entre la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) y el hermano del presidente, Martín Arévalo, quien es funcionario en el extranjero de esa entidad.
Según Curruchiche las acusaciones surgieron por una denuncia anónima de 2024 y por intecepciones telefónicas realizadas durante ocho meses a algunos de los supuestos implicados. Algunas de esas grabaciones él mismo las reproduce y promociona en su cuenta personal de X. “¡A la muchá este audio está, pero buenísimo!, escúchenlo”, decía en un video que antecedía a los audios y que después borró de sus redes.
Los mencionados en el caso UNOPS explicaron que no tenían nada tenían que ver con el tema. Sin embargo, el MP pidió el antejuicio en contra el ministro de Salud, Joaquín Barnoya y ocho días después un juez ordenó, a petición de Curruchiche, el embargo del 35% del salario del ministro.
“Estamos librando una lucha histórica contra la corrupción y eso genera ataques que rayan en la ficción y no nos extraña que vengan otros aún más absurdos”, dijo Arévalo en un video difundido en sus redes sociales oficiales.
“Yo creo que no es tanto botarlo (al presidente) porque los casos son muy débiles. La idea es deslegitimarlo, golpearlo de cara a la ciudadanía, a la comunidad internacional, decir que es ineficiente, que no puede gobernar y que no debería ser él (Arévalo) quien elija al nuevo fiscal general”, comenta Monterroso.
Tercer ataque
El viernes pasado, el juez Fredy Orellana, considerado por Estados Unidos “actor antidemocrático”, ordenó la nulidad del partido Movimiento Semilla, la organización con la que Arévalo compitió en 2023 y que ya estaba suspendida por el mismo magistrado.
Arévalo trató a Orellana de “sicario que tergiversa las leyes al servicio de Consuelo Porras” y lo acusó de intentar “distorsionar los resultados de las elecciones de 2023 motivando la destitución inconstitucional del presidente”. Además, anunció que solicitó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) una sesión para exponer las “graves amenazas a la constitución y democracia perpetradas por Porras y Orellana”.
Tres días después, la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima corte de Guatemala, resolvió en contra de lo solicitado por Orellana y dejó en firme la sentencia que garantiza el cambio de presidente entre Bernardo Arévalo y su antecesor, Alejandro Giammattei.
El jueves próximo, Guatemala tendrá su espacio para exponer su situación en la sesión extraordinaria de la OEA, tal como lo pidió el mandatario.
A Porras se le acaba el tiempo
Consuelo Porras debe entregar su cargo en mayo de 2026 y los analistas contemplan varios escenarios. En el primero, la fiscal se retira del cargo y se postula para la Corte de Constitucionalidad para obtener inmunidad.
Otra posibilidad es que no quiera soltar el puesto y luche para dejar a alguien de su grupo. Tanto Monterroso como Ortiz coinciden en que los ataques contra el Gobierno se van a intensificar conforme se acerque el cambio de fiscal. Ambos dijeron que si bien Arévalo en su última cadena nacional se mostró por primera vez enérgico, debería dejar de “victimizarse”, buscar alianzas políticas temporales o encontrar alguna solución con los magistrados de la Corte Constitucional que, por sus competencias, podrían interceder en la lucha contra Porras.
Aparte de la elección a Fiscal General, Guatemala se jugará en 2026 la elección de magistrados al Tribunal Supremo Electoral y a la CC. Todos estos procesos son fundamentales porque los que ocupen esos cargos tendrán en sus manos la decisión de detener o continuar con la crisis política que viven los guatemaltecos.
