Foto: Pablo Porciuncula/AFP fotos
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó y envió al Congreso un proyecto de ley que endurece las penas para líderes e integrantes de los grupos criminales, hasta los 30 años de prisión.
La propuesta, presentada por el Ministerio de Justicia, busca actualizar la legislación vigente de 2013.
La firma del presidente se produce después del megaoperativo policial contra el Comando Vermelho en las favelas de Penha y Alemão, en el norte de Río de Janeiro, que dejó un saldo de entre 121 y 132 muertos, según diversas fuentes.
De aprobarse en todas las instancias, el proyecto instaurará el tipo penal de “organización criminal calificada”, que implica un control de territorio o de actividades económicas a través del uso de la violencia, y los condenados por este delito enfrentarán penas que irán de ocho a quince años de prisión.
Con la posibilidad de que aumente la condena si se comprueban homicidios por orden o en beneficio de las facciones criminales, o la participación de funcionarios públicos en el esquema, entre otros agravantes.
También se incrementará la condena en caso de que se compruebe que el grupo criminal opera trasnacionalmente o mantiene conexiones con organizaciones criminales de otros países.
El texto además prevé la creación de un banco nacional de datos para estandarizar las informaciones sobre las facciones criminales con el fin de nutrir las investigaciones y facilitar el rastreo de los grupos.
Y habilita a los jueces a determinar que los proveedores de servicios de internet y telefonía móvil viabilicen el acceso a datos de geolocalización de un usuario perteneciente a una facción, en el caso de que se compruebe que existe una amenaza inminente a la vida o a la integridad física de las personas.
Tras el operativo policial del martes, Lula defendió la integración de las diferentes fuerzas policiales del país en una política antidrogas, y dijo que, más que enfrentamientos violentos en las favelas, el crimen organizado se vence con medidas para descapitalizar estos grupos y reducirles su poder financiero.
El Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), las dos organizaciones criminales más importantes del Brasil, han sofisticado su accionar y han logrado expandir su dominio más allá del narcotráfico, transformándose en empresas criminales con tentáculos en los sectores económicos formales.
Operativos policiales del último año han investigado la presencia del PCC en el mercado de los combustibles, los transportes, moteles, e inclusive el mercado inmobiliario, entre otros ramos.
US$ 2,4 millones en armas. Durante la reciente megaoperación policial contra el narcotráfico en Río de Janeiro, la más letal en la historia de Brasil, las autoridades confiscaron más de dos millones de dólares en armas, incluyendo fusiles de guerra de otros países, anunció el gobierno estatal ayer sábado.
Al menos 117 delincuentes y cuatro policías murieron en la operación del pasado martes en dos favelas de Rio contra el Comando Vermelho.
El gobierno de Río de Janeiro anunció “una de las mayores incautaciones” de armamento de guerra en un solo día, con 120 armas, incluyendo 93 fusiles, valoradas en 2,4 millones de dólares.
Además encontraron municiones, explosivos, drogas, y equipamiento militar.
Según las autoridades, una parte del armamento proviene de otros países como Venezuela, Argentina, Perú, Bélgica, Rusia y Alemania, e incluye modelos usados en zonas de conflicto como el AK-47 o el FAL. Algunos fusiles pertenecen a fuerzas armadas de diferentes países.
“Estamos ante un arsenal típico de un escenario de guerra”, dijo el secretario de la policía civil de Río de Janeiro, Felipe Curi, citado en un comunicado oficial.
Curi señaló que ahora investigarán las rutas que usan los grupos criminales para llevar esas armas hacia Río de Janeiro.
La operación policial, que se produjo pocos días antes de que Brasil acoja la COP30 en la ciudad amazónica de Belém, ha levantado críticas de residentes de las favelas de Río y organismos de derechos humanos por su mano dura. Sin embargo encuestas publicadas en los últimos días muestran que la mayoría de los brasileños aprueba esta operación, calificada como un éxito contra el narcoterrorismo por el gobernador del estado, el conservador Cláudio Castro.
“Se necesita una movilización nacional para combatir a esta organización, que ya no es solo una organización criminal, sino una organización terrorista (…) que emplea tácticas guerrilleras y oprime a los residentes de la comunidad”, declaró Curi, en una conferencia de prensa el viernes.
Según Curi, hasta el momento se han identificado en el instituto forense los cuerpos de 99 personas, descritas por las autoridades como delincuentes. Entre ellas, 42 tenían órdenes de arresto pendientes y 78 contaban con amplios antecedentes penales.
La ONG Human Rights Watch denunció el viernes en una nota que la policía no tomó “medidas de investigación cruciales” para determinar las circunstancias de las muertes durante el operativo, como preservar el lugar de los tiroteos o establecer una cadena de custodia rigurosa de las pruebas.
El miércoles, al día siguiente de la incursión, los vecinos encontraron decenas de cadáveres en una zona boscosa y los trasladaron a una plaza de la favela, donde los alinearon despojados de ropa. Curi anunció que investigarán si la remoción y exhibición de los cuerpos se hizo con la intención de crear una narrativa contra la actuación policial.
57% dice que operativo en Río de Janeiro fue un éxito
La última encuesta de Datafolha reveló que el 57% de los residentes de la ciudad de Río de Janeiro y su área metropolitana, consideraron un éxito la intervención policial más letal jamás registrada contra el Comando Vermelho, que el martes 28 cobró la vida de al menos 121 personas. En contraste, el 39% expresó una opinión desfavorable. La encuesta se realizó mediante contacto telefónico con 626 votantes los días 30 y 31 (jueves y viernes). El margen de error estimado para la muestra total es de cuatro puntos porcentuales, más o menos. OGlobo /GDA
Con información de EFE y AFP.
