El 30 de octubre Eduardo Casal se convirtió en el Procurador General de la Nación que más tiempo permaneció en el cargo, pero con una particularidad: lo hizo en carácter de interino. La situación expone el fracaso de los últimos gobiernos que no lograron los acuerdos necesarios para designar al jefe de los fiscales. En una entrevista exclusiva con Clarín, Casal analiza la situación y enumera las dificultades políticas que afrontó cuando el kirchnerismo buscó destituirlo. Su mirada sobre el avance del narcotráfico en el país y los problemas acuciantes del Ministerio Público: la mitad de las fiscalías nacionales y federales podrían quedar vacantes.
-¿Qué análisis hace de estos ocho años sin que la Procuración tenga un titular?
Fundamentalmente, que se ha podido respetar la institucional. No hemos tenido titular pero se aplicó la ley que dispone la subrogancia del cargo y con pleno efecto. Es decir, los mecanismos institucionales funcionaron y la Procuración siguió funcionando conforme lo dispone la ley. La institucionalidad es lo que asegura verdaderamente la independencia y la autonomía del organismo y de los fiscales que lo integran.
-Sin embargo en estos años se debería haber podido designar a un jefe de los fiscales titular.
-Sí, en lo regular sí, pero eso no generó que el organismo no haya podido seguir funcionando. Han pasado tres administraciones, hemos pasado una pandemia que aceleró el trabajo digital. Pasaron muchas cosas. También distintas amenazas desde el punto de vista institucional, intentos de modificar la ley del ministerio público debilitando el consenso necesario para la elección del Procurador que requiere dos tercios de votos del Senado, de la misma manera que los jueces de la Corte Suprema.
-¿Por qué cree que el kirchnerismo buscó eso?
-No me toca a mí hacer esas evaluaciones, pero evidentemente facilitar la proporción necesaria del Senado para lograr el acuerdo, baja el nivel de consenso y deja al poder administrador encargado de hacer la designación con un mayor margen de maniobra en la elección del candidato.
Eduardo Casal, procurador general de la Nación. Foto Ariel Grinberg.-¿De quién es la responsabilidad de que hayan transcurrido tres administraciones sin procurador titular?
El proceso de designación es complejo. Intervienen el Presidente y el Senado. Son decisiones de carácter político, básicamente guiadas por criterios de oportunidad, mérito y conveniencia. El Presidente es el que decide qué candidato proponer. El Senado decide si da acuerdo y también el Presidente decide en qué momento postula un candidato. Son decisiones que entran dentro de su esfera de decisión y de análisis. No hay porqué pensar que esas decisiones no son las adecuadas.
-¿Se puede decir que la política ha fracasado en este tema?
-Son decisiones políticas impulsar una candidatura, o no. Posiblemente han tenido en cuenta otras prioridades, capaz considerando que no era el momento. Es algo que no tengo que responder yo, sino la política.
-Con la implementación progresiva del sistema acusatorio, ¿cómo se garantiza el éxito de este cambio cuando la Procuración tiene el 46,8% de los cargos vacantes?
-El éxito no depende solamente de las vacantes que existen. Es un cambio de paradigma donde el Ministerio Público pasa de ser un órgano simplemente de la acusación a ser un órgano de la investigación y de la persecución penal. Eso requiere otra forma de organización y otros recursos. Además de contar con todos los instrumentos necesarios para la investigación penal, hacen falta cuerpos periciales, tecnología adecuada a las nuevas formas de investigación. Obviamente la cantidad de vacantes también es un tema.
La crisis por las vacantes
-¿Cómo se llegó a esta cantidad de sillones vacíos?
-Nosotros estamos haciendo los concursos para cubrir esas vacantes. Se va avanzando en ese tema; aunque también existe la ley de subrogancias para designar suplentes, necesitamos más fiscales porque actualmente por las vacantes existentes muchos de ellos están con sobrecarga de tareas.
Eduardo Casal, procurador general de la Nación. Foto Ariel Grinberg.-¿Las designaciones también se traban por desavenencias políticas?
-Dentro del Ministerio Público es un proceso de índole técnica, y luego hay una parte que es de la política. La idoneidad técnica de los candidatos se evalúa con el sistema de concurso, una vez que culmina ese proceso se elevan las ternas al Poder Ejecutivo y el Presidente elige a uno. Después, el Senado tiene que dar un acuerdo con la mayoría normal. Pero llevamos casi dos años sin que se mande ni un solo pliego. Desde que estoy a cargo se han designado nueve fiscales, de los cuales cinco fueron de concursos hechos durante mi gestión. Los otros cuatro eran ternas ya elevadas. Es decir, esto no es un fenómeno de los últimos tiempos.
-¿Hay intención de limitar el rol del Ministerio Público o es desidia?
-No le daría esa interpretación porque no se trata solamente de la cobertura de las vacantes del Ministerio Público, sino que también ocurre respecto a los cargos de la Defensoría y de la judicatura.
-Pero todo tiene que ver con la justicia.
-Sí, es cierto. Pero la política también aprobó una ley de fortalecimiento del Ministerio Público.
-¿Están dadas las condiciones para implementar el sistema acusatorio en Comodoro Py?
-Entendemos que no es suficiente el estado en el cual estamos. Es algo que hemos planteado en sucesivos informes al Ministerio de Justicia, pero de todas maneras tratamos de adecuarnos. Una vez que se implementa el sistema en una jurisdicción, viene una etapa de consolidación. Lo que ocurre es que cuando quedan muchas necesidades insatisfechas y se pasa a otra jurisdicción se acumulan los problemas. Por ejemplo en Mendoza se puso en marcha y el edificio se consiguió un año después.
-¿El calendario de implementación es un capricho del Ministerio de Justicia?
-No sé si caprichoso o si responde a otros criterios.
Eduardo Casal, procurador general de la Nación. Foto Ariel Grinberg.
El recorte del presupuesto judicial
-El Gobierno proyecta para el año que viene casi un 26% menos de partidas presupuestarias de lo que solicitó la Procuración, ¿puede afectar su funcionamiento?
-Obviamente, la falta de presupuesto afecta el funcionamiento. Nosotros tenemos una administración muy austera. Esto significa que hay inversiones en infraestructura y tecnología que tienen que posponerse.
-¿Esas inversiones no son necesarias?
-Lo son para poner en marcha el sistema acusatorio en buenas condiciones, por eso las reclamamos. Menos dinero significa no poder atender esos requerimientos porque la prioridad son los gastos corrientes que tenemos en materia de alquileres, servicios y mantenimiento. De mantenerse a este nivel de reducción de presupuesto, podemos empezar con problemas en la atención de los gastos corrientes. Con esto no quiero cuestionar en modo alguno el poder administrador del Gobierno, simplemente manifestamos las dificultades que se nos presentan.
-¿Cree que se incrementó el narcotráfico en nuestro país? ¿Qué se hace al respecto?
Es evidente que la criminalidad se va transformando en un fenómeno de criminalidad organizada y que va evolucionando. Hay que combatirlo, atacarlo. Se trabaja desde distintos aspectos: por un lado, con una procuraduría especializada que brinda asistencia a las investigaciones. Es una actuación coordinada y transversal de las distintas procuradurías especializadas para no sólo investigar el fenómeno criminal en sí mismo sino atacar el lado patrimonial.
Narcotráfico y lavado
-¿Atacar los bienes y el lavado del narco es clave?
-Sí. Llegar a los recursos, que es lo que toda criminal organizada busca: un beneficio económico. Entonces se trata de parar al mismo tiempo ese beneficio con las investigaciones patrimoniales para proceder a los secuestros y decomisos.
–Se decía que Argentina era solo un lugar de paso para el narcotráfico, ¿eso cambió?
-Es un lugar de consumo y es un lugar de tránsito. A la vez, las organizaciones criminales utilizan las vías de transporte para trasladar el estupefaciente. Desde ese punto de vista, la prevención es importante para desalojar pero requiere recursos y coordinación con todas las autoridades.
-En caso de que haya cambios en el Ministerio de Justicia ¿que espera de las nuevas autoridades?
-Nuestra relación con el Ministerio de Justicia es institucional. Espero que el proceso de implementación del nuevo Código Procesal sea una actividad coordinada entre todos los actores del sistema y que se proporcionen recursos.
