Diario HOY | Denuncian supuesta negligencia para atender a un accidentado en el Hospital de Concepción

El sábado en horas de la madrugada se registró un accidente de tránsito sobre la avenida Agustín Fernando de Pinedo de la ciudad de Concepción, resultando víctima Tomás Alberto Cabral Servín, de 52 años.

Este hombre, quien cayó al asfalto con su motocicleta, fue trasladado al área de Urgencias del Hospital Regional de Concepción. Una vez allí, los médicos habrían actuado de manera negligente al brindarle atención.

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De acuerdo a la denuncia de familiares, Cabral permaneció durante más de cinco horas sentado en una silla de ruedas y no en una camilla, recibiendo solo un suero (que no fue repuesto tras vaciarse) y, por si fuera poco, con vómitos y sangrado en la nariz.

Recién durante la mañana fue sometido a una tomografía, confirmándose que había sufrido un traumatismo de cráneo, razón por lo que se dispuso su traslado al Hospital de Trauma, en Asunción.

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Horas después, el motociclista acabó falleciendo en la capital. Según manifestaron los médicos de este centro asistencial, la demora para el traslado fue uno de factores desencadenantes en su deceso.

Los allegados de la víctima hablan de una presunta negligencia médica cometida en el Hospital Regional de Concepción, donde ya iniciaron un sumario interno para dilucidar lo ocurrido, informó el periodista de Nación Media, Ángel Flecha.

La agente fiscal Laura Giacummo, asignada a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) n.° 13, encabezó un procedimiento en compañía de funcionarios fiscales y personal policial en la Sede 1 de la Fiscalía Zonal de Luque, por la supuesta comisión del hecho punible de usurpación de funciones públicas, presuntamente cometidas por dos funcionarias, quienes prestarían servicios en la Unidad n. °5 de la Fiscalía Zonal de Luque.

Estas personas son sindicadas haber ejecutado diligencias en reiteradas ocasiones; citaciones indagatorias, actas y otras actuaciones indebidas, a más de carecer de las atribuciones propias del cargo, ni autorizaciones para tales efectos.

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El Ministerio Público procedió a la incautación de los teléfonos celulares y equipos informáticos a cargo de las citadas funcionarias, que posteriormente serán objeto de análisis técnico, por parte de peritos.

El procedimiento fue autorizado por el juez de Garantías de Delitos Económicos y Corrupción del Primer Turno, Humberto Otazú.

Durante un allanamiento desarrollado este martes en la localidad de Capitán Bado, se concretó la detención de Jonh Weasley Silva Velozo, de nacionalidad brasileña.

Este extranjero, quien inicialmente se presentó como “Chalison Ferreira Da Silva“, posee antecedentes penales por tráfico de drogas y hurto en Brasil.

En su poder incautaron un fusil tipo M4 calibre 5.56 de la marca Panther Arms Dpms con número de serie borrado, una pistola calibre 9mm de la marca ALFA, con siete cartuchos marca Blazer, además de cuatro cargadores de polímero calibre 5.56.

Entre las evidencias también se encuentran 57 cartuchos calibre 5.56 x 45 con la inscripción “Dimabel”, lo cual da cuenta de que, en su momento, formaron parte del inventario de la Dirección de Material Bélico.

Al ser consultado sobre el tema, el ministro de Defensa, Óscar González, confirmó haberse puesto en contacto con el director de Dimabel, quien se comprometió a abrir una investigación interna para aclarar lo ocurrido.

La provisión irregular de estas municiones se habría dado desde las Fuerzas Armadas o desde la Policía Nacional, afirmó, considerando que son las únicas instituciones que las reciben, bajo acta firmada.

La normativa busca dotar al país de un marco legal moderno que garantice el respeto a los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional.

Al respecto, el senador Patrick Kemper, presidente de la Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro, destacó que la versión aprobada por el Senado es la más adecuada, ya que introduce ajustes relevantes, como la incorporación del principio de limitación del plazo de conservación de datos personales (art. 4), el fortalecimiento del principio de confidencialidad y la reformulación integral del art. 7, relativo al consentimiento de niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, se modificó el art. 17, estableciendo un plazo de 72 horas para la notificación de incidentes de seguridad relacionados con datos personales. Según el legislador, estas y otras disposiciones representan avances significativos para robustecer el marco legal vigente.

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Durante el debate, varios senadores expresaron posturas a favor y en contra del proyecto, incluso cuestionando aspectos de constitucionalidad. Finalmente, mediante votación electrónica, el Pleno ratificó la versión del Senado con 24 votos. La iniciativa pasa al Poder Ejecutivo, conforme al procedimiento establecido.

Cabe mencionar que el proyecto se originó en la Cámara de Diputados, que en segunda vuelta rechazó las modificaciones propuestas por el Senado.