Con la tinta de la resolución de la jueza de la Seguridad Social Karina Alonso Candis que rechazó un amparo de Cristina Kirchner para volver a cobrar su jubilación y pensión graciable aún fresca, el ministerio de Capital Humano avanzará de inmediato con un paso más: exigir que la ex presidenta condenada por corrupción devuelva todo el dinero que percibió por haber ejercido la primera magistratura de la Nación y ser viuda de otro expresidente: calcula que serán unos mil millones de pesos.
Cristina viene resistiendo en la justicia la pérdida de sus dos ingresos extraordinarios, que le fue quitada cuando la Cámara de Casación Federal confirmó su condena por fraude al Estado en el caso Vialidad, alcanzando así un doble conforme que convertía a esa sentencia en definitiva. Sólo faltaba la ultima mirada de la Corte para que además quede firme, lo que ocurrió en junio pasado.
La ex presidenta cobraba unos 21 millones de pesos mensuales en bruto, sumando su jubilación y la pensión de Néstor Kirchner.
Pero ese beneficio es «honorario», es decir que se recibe por el «honor» de haber ejercido la presidencia y no responde a ningún aporte previo. En la interpretación del gobierno, robarle al Estado tal como probó la justicia elimina cualquier mérito para recibir ningún beneficio de ese mismo Estado.
“El beneficio previsto por la Ley 24.018 se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo», explico el vocero Manuel Adorni cuando se decidió quitarle los beneficios a Cristina. «La señora Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la Causa vialidad como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño.»
La ex mandataria inició un reclamo. Primero en la ANSES, que fue rechazado, y luego en la Justicia. Explicó a través de sus abogados que la ley establece que esas jubilaciones solo se pueden revocar en caso de juicio político, lo que no ocurrió en su caso.
El antecedente más fresco de esa política ordenada por la ministra Sandra Pettovello y ejecutada desde la ANSeS es un reclamo similar contra el exvicepresidente Amado Boudou, también con condena firme por corrupción en el caso Ciccone y a quien en junio pasado se le reclamó la devolución de un total de 236.066.031,25 pesos «más su pertinente actualización».
La ANSeS le había quitado a Boudou el cobro de la jubilación de privilegio en noviembre pasado, horas después de anunciar una medida similar sobre Cristina Kirchner. En ese entonces, el también exministro de Economía percibía 8.153.816 pesos por mes.
«La resolución encontró sustento en el hecho de que haber sido encontrado culpable de un delito contra la administración pública en el ejercicio de su función pública, tornaba inadmisible que pudiera seguir percibiendo de modo directo o derivado, asignaciones de privilegio de las que resultaba beneficiaria», sostuvo el organismo.
Boudou comenzó a cobrar su pensión de privilegio en agosto de 2020, cuando su condena ya tenía confirmación por parte de la Cámara de Casación y estaba siendo estudiada por la Corte Suprema. Es decir que beneficio llegó a él en la misma instancia en que el gobierno de Javier Milei decidió quitárselo a Cristina.
