A través de la Resolución 37/2025 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos de uso civil condicional. Según la normativa, la disposición implica un cambio en el régimen de autorización y control, bajo la órbita exclusiva del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.
Como resultado de esta reforma, los legítimos usuarios y las entidades de tiro podrán adquirir y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, tales como fusiles o subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares y de calibre superior al .22 LR.
No obstante, para acceder a este permiso especial, se exige el cumplimiento de requisitos estrictos que buscan reemplazar la prohibición previa por un sistema de control más preciso y enfocado en la justificación deportiva y la trazabilidad.
Dicha resolución establece una transformación en la estructura administrativa encargada del control y la regulación de armamento en el país. La Agencia Nacional de Materiales Controlados pasa a denominarse Registro Nacional de Armas (RENAR), quedará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional y asume la plena responsabilidad de la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429.
En tanto, se dejan sin efecto varias disposiciones dictadas por el antiguo RENAR, entre ellas las disposiciones 81/02, 54/04, 155/04 y 239/09. Es así como todo el régimen legal vigente para armas y explosivos se consolida bajo la nueva autoridad central.
El rechazo de la APDH local a la compra y tenencia de fusiles
Frente a esta nueva disposición, organismos de derechos humanos matanceros expresaron su rechazo hacia la decisión gubernamental. “El hecho de tener un arma dentro de la casa es muy peligroso. Ante cualquier situación de conflicto, se puede llegar a dirimir mediante el uso de armas”, expresaron Beatriz Capdevila y Juan Carlos Loza, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, en comunicación con El1.
Asimismo, recordaron que, en América Latina, la Argentina “es el país que tiene menos cantidad de muertos cada 100.000 habitantes, con 3,5 asesinatos”. “En tanto, Uruguay tiene diez, mientras que Brasil, 17,9. Tenemos la sensación de que nuestro país quiere parecerse a Estados Unidos, donde el número de muertes por tenencia de armas en la población civil es muy alto”, cuestionaron.
H.I.J.O.S. La Matanza: «El destino final de esas armas va a ser el delito»
Por su parte, Gabriel Fernández, referente de H.I.J.O.S. La Matanza, se mostró crítico hacia los supuestos controles establecidos por el Ejecutivo. “Si uno ve el Boletín Oficial, vemos que se le otorga un papel preponderante a los controles y la fiscalización. Pero sabemos que, en un marco donde el Estado está abandonando todo tipo de controles, no veo que vayan a fiscalizar en qué contexto una persona quiere usar una ametralladora”, indicó.
En este contexto, alertó que la nueva disposición se reflejará en un aumento de la violencia y los crímenes. “Si vamos a copiar modelos extranjeros, donde está permitido cualquier tipo de portación de arma, incluso de guerra, debemos tener cuidado porque se van a introducir delitos que antes no teníamos. Como consecuencia, se expone a toda la sociedad, porque el destino final de esas armas va a ser el delito”, aseveró.
Por último, Fernández aseguró que los organismos de derechos humanos continuarán el trabajo en conjunto para introducir alguna reglamentación que limite las “nuevas libertades” que el Gobierno nacional busca fomentar. “También expresan un poco la ineficiencia de la gestión de gobierno de no poder coordinar políticas entre los distintos ministerios. Responden nada más a las necesidades y solicitudes de estos sectores de privilegio”, cerró.
