- Autor
- Josep Borrell, José Antonio Sanahuja
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- Pedro Friedeberg, «Appropriate Beachwear for Indigent Harpsichordists», 1969. Colección privada
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El retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, con un nuevo mandato, ha traído a escena un trumpismo más radicalizado, organizado, estratégico y disruptivo. En pocos meses ha transformado las relaciones hemisféricas y el vínculo transatlántico. Ello también condiciona el tercer lado de ese triángulo geopolítico: las relaciones entre la Unión Europea y América Latina.
La seguridad hemisférica del imperio Trump: Estados Unidos frente a América Latina y el Caribe
Trump quiere reestablecer una relación de subordinación con lo que Washington llama «el hemisferio occidental».
En su discurso inaugural apeló a la vieja doctrina del Destino Manifiesto y anunció una política exterior que apela al excepcionalismo y al providencialismo, al afirmar que «Estados Unidos volverá a considerarse una nación en crecimiento, que aumenta su riqueza y expande su territorio… y perseguiremos nuestro destino manifiesto hacia las estrellas».
Esa retórica remite al nacionalismo imperial del siglo XIX.
No es casual que en ese discurso Trump reivindicase a presidentes como William McKinley o Theodore Roosevelt, protagonistas de la anexión de Puerto Rico, Guam, Filipinas o Hawái, de la secesión de Panamá para hacer posible la construcción del Canal, o de la guerra de Cuba.
McKinley, como senador y presidente, también pasó a la historia como impulsor del «arancel McKinley» y una política de fuerte nacionalismo económico. Roosevelt formuló un célebre corolario a la Doctrina Monroe, por el que ésta cambió de sentido: se proclamó en 1823 para frenar nuevas tentaciones coloniales de las metrópolis europeas en América Latina, pero en 1904 se reformuló como pretexto para un brutal ciclo intervencionista de Estados Unidos en una región que se convirtió en su «patio trasero».
Como afirma Gideon Rachman, ese renovado espíritu expansionista y ultranacionalista, y la voluntad de ordenar el mundo a partir de un reducido directorio de «hombres fuertes» también sitúa a Trump junto a la Rusia de Putin, con quien tiene evidente afinidad ideológica, o a la China de Xi Jinping nuevo intervencionismo estadounidense no descarta el uso de la fuerza, ni en el discurso ni en los hechos: el despliegue de un poderosos grupo aeronaval en el Caribe y los repetidos ataques a supuestas «narcolanchas», como puesta al día de la «diplomacia de cañonera», pueden ser el anuncio de operaciones armadas para forzar un cambio de régimen en Venezuela.
La política exterior de Trump tiene elementos de continuidad, como la contención de China, pero también cambios radicales, como el acercamiento a Rusia, a expensas del vínculo transatlántico. América Latina también ocupa un lugar clave en la política America First. Según el secretario de Estado, Marco Rubio, la región es clave para atajar la inmigración y el narcotráfico, contener a China, y enfrentar enemigos ideológicos las detenciones y deportaciones masivas de la agencia de control fronterizo (ICE), que afectan a una población que, en gran parte, es de origen latinoamericano.
Es evidente que no es factible deportar a los 14 millones de personas sin papeles que se estima viven hoy en Estados Unidos. El mercado laboral no lo soportaría. Pero esa amenaza genera miedo, explotación laboral y pretende amedrentar a potenciales migrantes. Esa política puede dañar a los países latinoamericanos que dependen de las remesas. También afecta a refugiados y solicitantes de asilo. La Corte Suprema ya autorizó la revocación por orden ejecutiva de la protección legal para medio millón de personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Cerca de un millón de personas podrían perder su estatus y quedar expuestas a deportación, en lo que supone la suspensión de facto el derecho de asilo en Estados Unidos.
Trump también busca externalizar el control migratorio y que los países vecinos acepten a los deportados. Colombia fue el primer caso: ante la resistencia inicial de Gustavo Petro, Trump amenazó con aranceles y restricciones de visados. En horas, Colombia reculó, consciente de que Estados Unidos es su principal mercado. Paralizada por las divisiones ideológicas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) no pudo responder a la actuación coercitiva de Trump.
Bajo la débil presidencia pro tempore hondureña, no logró un acuerdo para reunirse, menos aún una declaración conjunta de respaldo a Colombia o de condena de Estados Unidos.
En ese contexto, Estados Unidos apoya la «bukelización» de la seguridad: más mano dura, más autoritarismo. La aceptación de deportaciones hacia prisiones de máxima seguridad en El Salvador ha convertido al país en un agujero negro de ilegalidad y de violaciones de derechos humanos denunciado por organismos internacionales. Lo más preocupante es que esta cesión se presenta como un servicio, pagado por Estados Unidos el visible apoyo que Trump otorga a Nayib Bukele y a su voluntad de autocratización. El Departamento de Estado ha valorado positivamente la reforma constitucional en El Salvador que permite la reelección indefinida.
Ese viraje de Estados Unidos importa, y mucho. Según el Índice de Democracia de la Economist Intelligence Unit (EIU), América Latina es, aún, la segunda región más democrática del mundo, tras Europa y Estados Unidos, que este índice ya considera «democracia defectuosa» (flawed democracy). Pero América Latina es también la de más rápido retroceso en ese indicador algunos cárteles han sido definidos como «organizaciones terroristas internacionales», abriendo la puerta a intervenciones armadas unilaterales. Con el pretexto del fentanilo, y el recurso a legislación de excepción, Trump ha optado por la militarización y el intervencionismo, en lugar de soluciones cooperativas, de justicia y desarrollo. De nuevo, se obvian las causas estructurales del problema —pobreza, desigualdad, demanda interna de drogas— y se insiste en el prohibicionismo, represivo y arriesgado, a ambos lados de la frontera.
En especial, Trump acusa a México de haber perdido soberanía frente a los cárteles. Con el argumento del fentanilo, Trump amenaza con imponer fuertes aranceles a México, al igual que a Canadá. Pero esta medida también dañaría gravemente a la economía estadounidense, que tiene sectores, como el del automóvil, muy integrados con sus dos socios.
México y Canadá han respondido con importantes concesiones en el ámbito migratorio y de seguridad, pero con mayor firmeza en el terreno comercial. Las idas y venidas de las amenazas arancelarias de Trump parecen mostrar que existe margen de respuesta y negociación donde hay mayores interdependencias de coste recíproco, y las asimetrías no son tan marcadas 7.
Con la imposición a escala mundial de «aranceles recíprocos» en abril de 2025 Trump anunció un gravamen del 10% sobre casi todas las importaciones de América Latina.
Desde agosto, Washington aplicó además aranceles más altos a países con déficits comerciales persistentes —México, 25% en los bienes no cubiertos por el USMCA; Brasil, 10% + 40% «por razones de emergencia»—.
A esta medida no escaparon los gobiernos cercanos ideológicamente, como Argentina, que ya se ha visto dañado por esta actuación coercitiva.
También México se ha visto compelida a aumentar sus aranceles frente a China, a fin de evitar los de Estados Unidos anunciando la venta de las concesiones de 43 puertos en todo el mundo —incluyendo los puertos panameños, al fondo de inversión estadounidense Blackrock—. Pero han surgido objeciones políticas y regulatorias del gobierno chino, y esa operación aún está abierta.
El rescate financiero de Estados Unidos a Argentina —un acuerdo de swap por al menos 20.000 millones de dólares— también responde a una matriz que es a la vez ideológica y geopolítica.
Por un lado, está explícitamente orientado a sostener al gobierno de Javier Milei en una difícil coyuntura política y económica, con casos de corrupción abiertos, riesgos de devaluación del peso y de escalada inflacionaria, y ascenso electoral de la oposición peronista. El propio Trump condicionó los fondos a un resultado favorable para Milei en las elecciones legislativas de octubre de 2025.
A través de Scott Bessent, secretario del Tesoro, Estados Unidos anunció un whatever it takes para sostener políticamente a lo que considera uno de sus aliados preferentes en América Latina. Dado que ese auxilio carece de condiciones económicas creíbles: no se han exigido reformas fiscales ni mecanismos de control del déficit que aseguren la estabilidad macroeconómica a largo plazo, es una operación arriesgada.
Según Gillian Tett, más que responder a la política MAGA –Make Argentina (and America) Great Again– podría conducir a un MADA, o Make Argentina Default Again Venezuela.
Pero no se trata de apoyar a sus pueblos, pues no ha habido excepciones en asilo o refugio. En el caso venezolano, tras varios canjes de prisioneros, Washington retiró la exención que permitía operar libremente a la petrolera Chevron, pero después le concedió una licencia temporal. De esta forma, el discurso ideológico no parece ser incompatible con determinados intereses económicos.
Con Venezuela, frente a la agenda migratoria o empresarial, en las que priman intereses domésticos, parece imponerse la visión «primacista», más ideologizada, de Marco Rubio: con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos ha desplegado frente a Venezuela una poderosa flota de guerra, incluyendo un portaviones. En una desproporcionada e ilegal acción armada, ha atacado supuestas «narcolanchas» matando a sus ocupantes en vez de someterles al debido proceso judicial.
Esas acciones, además de ilegales, son también de dudosa utilidad si de lo que se trata es de combatir al narcotráfico. Más bien, parecen estar al servicio de una doble estrategia: por un lado, se pretende justificar ante los tribunales de Estados Unidos, por la vía de los hechos, el recurso a legislación de excepción alegando que existe una «guerra» o «invasión» del narco que lo justifica la Nobel de la Paz 2025, la líder opositora María Corina Machado, rompiendo así con una larga tradición latinoamericana con relación a ese galardón la reunión del Grupo de Ramstein en febrero de 2025: reclamó que fueran los europeos –con tropas sin cobertura de la OTAN– quienes asumieran un arriesgado despliegue en Ucrania. Trump también anunció una reducción drástica de la ayuda a Kiev, planteando una negociación bilateral con Rusia sin participación de europeos ni ucranianos. Días después, en una reunión humillante en la Casa Blanca, Trump y su vicepresidente J. D. Vance exigieron a Zelenski aceptar una «pax trumpiana» muy parecida a la «pax russica», acompañada de un acuerdo desfavorable de explotación de minerales y tierras raras por parte de empresas estadounidenses.
Se trata de un visible viraje respecto a la política seguida por la administración Biden. Los países del flanco este europeo –Polonia, bálticos, nórdicos, entre otros–, al igual que la actual Comisión, consideran a Rusia una amenaza existencial, y por ende también lo es ese viraje, pues es parte de la retirada de Estados Unidos de la seguridad europea, anunciada por el propio Trump.
Trump sabe que ese miedo existencial le da una gran ventaja y por ello ha situado el compromiso de Estados Unidos en la OTAN como la gran palanca para sus exigencias en defensa, comercio, y otros asuntos. En la reunión de Davos, el 22 de febrero de 2025, reclamó que los aliados europeos destinen un 5% del PIB a defensa, dividido en un 3,5% para gasto militar directo y un 1,5% para infraestructura, ciberseguridad e industria.
El objetivo es forzar un incremento de compras a Estados Unidos, dada la fragmentación y menor capacidad de la industria europea. Así, Washington busca reequilibrar la relación transatlántica y «poner precio» a su compromiso de seguridad.
La Cumbre de la OTAN en La Haya, el 25 de junio de 2025, cristalizó esta presión, con la aprobación del 5% como meta para 2035. Fue una cita corta y cuidadosamente coreografiada para aplacar a Trump. Es el momento en el que Trump hizo público el mensaje obsequioso, si no abiertamente servil, enviado de manera privada por el secretario general, Mark Rutte, atribuyendo a Trump el éxito de la Cumbre y que los europeos terminaran «pagando lo debido».
¿Diplomacia hábil o innecesaria muestra de servilismo? Los socios europeos de la OTAN pasaron en pocos meses de los discursos sobre la autonomía estratégica a las demostraciones de vasallaje, aunque la posible espantada trumpiana se evitó. Por otra parte, ese 5% ha quedado inscrito de manera ambigua, hay miembros renuentes a cumplirlo y distintas vías de escape 17.
Quizás se trataba, sobre todo, de ganar tiempo.
Las élites europeas más atlantistas están convencidas de que Trump es un fenómeno pasajero, que con las elecciones presidenciales de 2028 volverán los buenos y viejos tiempos, con alguien más dialogante en la Casa Blanca, que tenga voluntad de recuperar la vieja relación transatlántica y preservar la OTAN.
Pero esto es quizás más un deseo que una realidad. Trump puede ser un síntoma de un cambio político y cultural más profundo, y de su traducción geopolítica, pues el distanciamiento estadounidense de Europa y el giro hacia el Indopacífico se acentuará. Las concesiones europeas en La Haya no resuelven esta cuestión, y seguirá habiendo dudas sobre el verdadero compromiso de Washington con la seguridad europea La irrupción de drones rusos en Polonia en septiembre de 2025 podría ser un intento deliberado de pulsar la respuesta de la OTAN, y la respuesta de Trump fue ambigua y mostró comprensión hacia Moscú.
La visión europeísta, que se resiste a la dependencia estratégica de Estados Unidos, demanda un mayor gasto en defensa, sea dentro del «pilar europeo» de la Alianza, o como política europea más autónoma. Ello supone reconocer la soledad estratégica de la Unión y los costes que ello comporta, que, siendo elevados, Europa puede y debe afrontar el presidente estadounidense aceptó buena parte de las exigencias rusas.
Días después Zelenski se reunió en Washington con los principales líderes europeos, que arroparon al líder ucraniano buscando resituar la cuestión en términos más favorables a los intereses europeos y de Ucrania. Allí lograron arrancar a Trump un ambiguo compromiso sobre garantías de seguridad para Ucrania.
Tras esa reunión Putin, constatando que Trump se desdecía de lo aparentemente acordado en Alaska, volvió a la estrategia dilatoria: rechazó cualquier encuentro bilateral con Zelenski y planteó que Rusia debía tener derecho de veto sobre esas garantías de seguridad, la misma pretensión que ya hizo fracasar las negociaciones de Estambul en 2022. En suma, esa dinámica ha estado marcada por los sucesivos vaivenes que, dentro de su política más favorable a Rusia, han caracterizado a la política de Trump el acuerdo comercial alcanzado el 27 de julio de 2025 en Turnberry, en Escocia, entre Estados Unidos y la Comisión Europea. Frente al déficit en el comercio de bienes, esta última aceptó aumentar las compras de gas natural licuado, hasta 700.000 millones de euros en tres años, así como las de productos agrícolas y armamento. También aceptó revisar estándares regulatorios en materia ambiental, sanitaria y fitosanitaria, en la automoción, el sector agropecuario o la biotecnología.
A cambio, Estados Unidos suspendió temporalmente la amenaza de aranceles del 50% –aunque mantuvo los del 25% sobre acero, aluminio y automóviles– y fijó un arancel general del 15% para las importaciones de bienes europeos. Este afecta a en torno a 70% de las exportaciones de la Unión, triplicando el promedio pre-Trump de 4,8%.
El pacto, presentado como gran éxito por ambas partes, reflejó en realidad la asimetría de la negociación: las cesiones europeas pueden agravar la dependencia económica, tecnológica y en energía de la UE. No se trata solo del arancel del 15%, al debilitar el dólar respecto al euro, que ya está en niveles muy altos, Trump ya estaría aplicando un «arancel invisible» adicional aún mayor.
A partir de ese acuerdo, los datos preliminares sobre el comercio UE-Estados Unidos ya muestran una importante caída de las exportaciones europeas a ese país.
La Comisión Europea defendió el Acuerdo de Turnberry como opción pragmática para evitar una guerra comercial con Estados Unidos. Según Bruselas, el pacto evitará aranceles que habrían golpeado con dureza a la industria automovilística, farmacéutica y tecnológica europea. Permitiría también estabilizar las relaciones transatlánticas y comprar tiempo y «espacio político» en un momento en que el vínculo con Washington estaba tensionado por la guerra de Ucrania.
También subrayó que las normas digitales europeas habían quedado fuera del pacto, preservando la soberanía regulatoria de la UE. Algunas voces han señalado que el acuerdo dejó atrás el momento «TACO» (Trump Always Chicken Out) y que la Unión Europea, como otros países, se dejó llevar a un nuevo momento «WACO» (World Always Chicken Out). Sin embargo, hay cesiones de improbable cumplimiento, que reflejaría que ante Trump la actitud general sería la de la «EMPANADA» (Everyone Makes Promises And Never Actually Does Anything) Enrico Letta y Mario Draghi 23.
Pero las fallas de ese acuerdo son muy evidentes.
Para Dominique de Villepin ha sido una «rendición pura y simple», y Thierry Breton, anterior Comisario responsable del mercado interior y servicios digitales, se trató de una humillación que, además, es inútil, pues tampoco evitará un futuro de inestabilidad 25. En materia ambiental, el acuerdo supone una clara apuesta por el gas de fracking estadounidense y la erosión de estándares ambientales mediante la eliminación de las barreras no arancelarias. En el sector automotriz, el principio de reconocimiento mutuo de normas abre la puerta del mercado europeo a los vehículos estadounidenses, con estándares de emisiones y seguridad menos estrictos.
La simplificación de certificados sanitarios debilita las exigencias ambientales y sanitarias europeas en el ámbito agropecuario. Bruselas también se compromete a revisar a la baja su Reglamento contra la deforestación —que hasta ahora imponía controles estrictos sobre soja, cacao, café, carne bovina o madera—, así como las directivas de diligencia debida empresarial, reduciendo las obligaciones de las grandes compañías en relación con los derechos humanos, el medio ambiente y la transición climática.
En conjunto, estas concesiones implican un amplio retroceso normativo, que afecta no solo a la agenda verde europea sino también a su capacidad de proyectar un modelo regulatorio propio frente a Washington. Paradójicamente, pueden ser bien recibidas por América Latina, que las ha criticado como muestra de un nuevo «proteccionismo verde».
Todo esto, a cambio de aplacar las amenazas de Trump, y de un horizonte incierto e inestable de acuerdos mal cerrados, que Washington puede volver a abrir en cualquier momento.
En los términos utilizados por Emmanuel Macron, representaría un verdadero acto de vasallaje 27.
Pero incluso este acuerdo tan asimétrico no garantiza estabilidad ni predictibilidad. Ante las críticas, la Comisión Europea alegó que no había hecho concesiones en materia de regulación de los servicios digitales y que estas normas quedaban fuera del pacto comercial.
Sin embargo, apenas unos días después, Trump utilizó su cuenta en Truth Social para lanzar nuevas amenazas contra los países que regulen o graven a las grandes tecnológicas estadounidenses. En concreto, anunció aranceles adicionales y controles a la exportación sobre aquellos Estados que, según él, «discriminan» a Silicon Valley.
Por otro lado, los aranceles estadounidenses tienen una base legal frágil y han sido impugnados ante los tribunales, estando pendientes, en el momento en el que se escribe este artículo, de una resolución de la Corte Suprema.
En realidad, con la amenaza de abandonar su compromiso noratlántico tradicional, Estados Unidos exige a Europa una nueva relación de subordinación.
Bajo el mandato de Trump, Estados Unidos ha transformado, a peor, al sistema de relaciones internacionales.
Josep Borrell y José Antonio Sanahuja
Ante Trump, la Unión enfrenta un doble dilema, entre fragmentación o unidad, y entre subordinación o autonomía estratégica. Las viejas élites atlantistas –Von der Leyen, Rutte, Starmer, Kallas, entre otros– siguen apostando por una política de contención de daños, y así preservar el vínculo con Washington, aunque cada vez a un precio más alto.
La narrativa de la autonomía estratégica europea sigue presente en planes como ReArm EU o en políticas de energía, industria y defensa. También en la búsqueda de nuevos socios comerciales, como Mercosur o la India. Sin embargo, en la práctica, domina la lógica del apaciguamiento para evitar un colapso inmediato del vínculo transatlántico. Para la Unión, es una «tormenta perfecta»: si no cede en comercio o en gasto militar, Trump presiona con Ucrania y el compromiso con la OTAN, lo que deja a Europa atrapada en una triple y muy ardua negociación en clave de autonomía estratégica abierta Cumbre UE-CELAC en julio de 2023 en Bruselas, tras ocho años de ausencia de reuniones de ese tipo. Se reformuló la cooperación al desarrollo, con el nuevo instrumento de cooperación financiera e inversión de la pasarela Mundial o Global Gateway, con el anuncio de compromisos por unos 46.000 millones de euros en los próximos años. Finalmente, en el plano comercial, se cerró la modernización del Acuerdo de Asociación UE-Chile; y se avanzó de manera decisiva con el Acuerdo con México y con Mercosur, a cuyo cierre final en diciembre de 2024 ha contribuido, de manera decisiva, la amenaza que representa Trump para ambas regiones internacional reaccionaria de la que es parte.
