¿Qué conflictos gremiales recientes fueron los más polémicos y qué novedades hay en cada uno?

ElMinisterio de Trabajo y Seguridad Social(MTSS) y particularmente la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) se encuentran en plenas negociaciones, no solo por los convenios colectivos de varias ramas de actividad en el marco de los Consejos de Salarios sino por conflictos sindicales desatados durante los últimos meses. Los motivos fueron varios y generaron que algunos sectores de la industria paralizaran sus actividades, lo que requirió la intervención del gobierno.

De hecho, el presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió al sindicato de la industria láctea para destrabar el conflicto desatado en Conaprole. Por su parte, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, recibió al Sindicato Único Portuario (Supra) que había paralizado la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, participó de varios encuentros, que entre los más recientes se destacó el conflicto en la curtiembre sanducera Paycueros.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) también participó de varias instancias a partir de conflictos en la industria láctea que también tuvieron la presencia de la central sindical, Pit-Cnt. “El gobierno ha generado y va a seguir generando todos los ámbitos necesarios y permanentes que se requieran para que los consensos se den”, había indicado la jefa de Industria, Fernanda Cardona.

Los vaivenes con la curtiembre sanducera comenzaron en abril de este año cuando la empresa anunció 50 despidos de un total de alrededor de 300 trabajadores. Días más tarde confirmó que dejaría sin efecto las desvinculaciones y en cambio, los trabajadores pasarían a estar amparados por el seguro de desempleo. Además, otros 120 tendrían una prórroga de seguro de paro.

La polémica volvió a reavivarse hace una semana cuando la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) señaló que “la Dirección Nacional de Seguridad Social (Dinass) rechazó el pedido de prórroga de 89 seguros de paro”. El director Nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, salió al cruce y dijo a El País que esta información es “absolutamente errónea” ya que no fue decisión de la Dinass, sino que explicó que “quien no está cumpliendo con las pautas es la empresa”.

Según relató a El País el presidente de la Unión de Trabajadores de Paycueros (UTP), Antonio Ferreira, días atrás la empresa comunicó al sindicato luego de una reunión tripartita, que no otorgaría prórrogas, por lo que la empresa comunicó al gremio que 143 trabajadores estarían despedidos. Al día siguiente, la firma dio marcha atrás; otorgó 89 prórrogas y efectuó el despido de 44 trabajadores. El País se comunicó con Paycueros, cuyos ejecutivos prefirieron no brindar testimonios.

Unos 220 trabajadores desempeñan funciones en la curtiembre de Paysandú que se dedica a la exportación de cuero y es una de las líderes. Ferreira sostuvo que los trabajadores agremiados al sindicato se encuentran realizando paros por turnos y se espera que el martes se celebre una reunión tripartita virtual para dialogar sobre los despidos. Además, la UTP tiene previsto recibir al secretariado ejecutivo del Pit-Cnt en el departamento.

Elconflicto en el puerto acaparó la atención de los actores del comercio exterior uruguayo durante casi todo el mes de octubre. Unos intensos 25 días de negociaciones se vivieron en el MTSS cuando la empresa Katoen Natie –principal accionista de la TCP- instaló el pasado 3 de octubre el nuevo software informático, Navis N4.

Esto despertó la molestia del Supra que entendió que aumentaría la productividad, automatizaría tareas y eliminaría puestos de trabajo en base a una consulta que hizo a la inteligencia artificial generativa ChatGPT. La paralización de actividades en TCP –única terminal especializada en contenedores– obligó a algunos buques a modificar su recorrido y descargar la mercadería en Brasil. Esto hizo que la Unión de Exportadores (UEU) contabilizara pérdidas por al menos US$ 60 millones.

El 8 de octubre, el gremio mantuvo una reunión con el Poder Ejecutivo en la que recibió una propuesta que implicaba levantar las medidas gremiales y establecer un ámbito de diálogo durante los siguientes 10 días. Si bien terminaron siendo 20, la tensión se fue disipando y luego de varias modificaciones a propuestas planteadas por la empresa, el Supra resolvió por unanimidad el pasado 28 de octubre aceptar un nuevo cambio que se le realizó al documento.

Según la propuesta aceptada por los trabajadores a la que tuvo acceso El País, el documento incluía la conformación de una mesa técnica tripartita y dos partidas económicas de $ 50.000 líquidos cada una. Además, la empresa se comprometió a igualar el salario con los apuntadores y no desvincular personal por la incorporación del Navis N4.

La industria láctea fue una de las primeras en atravesar situaciones complejas a partir del cierre de la empresa Calcar en Colonia en abril de este año y que en julio logró reabrirse a luego de que la distribuidora Nofrock ganara la licitación para adquirir la planta de la láctea que hoy reúne a unas 60 personas trabajando. Los trabajadores ocuparon la planta para mantenerla activa.

Conaprole como principal cooperativa láctea del país con el 80% de participación despertó el debate en torno al cierre de su planta 14 de Rivera. Según había comentado el gerente general de la empresa a El País, Gabriel Valdés, el principal motivo fue la reducida venta de leche en sachet en todo el país.

Trabajadores de Conaprole.

Luego de varias instancias en el MTSS, paros que afectaron la comercialización de lácteos y denuncias de productores por tener que tirar leche, la empresa anunció en julio que adelantaría el cierre de la planta, que en un principio estaba previsto para octubre. Esto tensó aún más la situación y luego de varias intervenciones del MTSS y Orsi, se logró destrabar el conflicto a partir del establecimiento de un centro de distribución de leche para el norte del país.

Sin embargo, la discusión no terminó ahí ya que los trabajadores anunciaron trabajo a reglamento hace algunas semanas por la suspensión de un trabajador que rompió un locker de manera accidental. El viernes realizaron paros en todas las plantas y productores denunciaron nuevos derrames de materia prima en los tambos debido a atrasos en la recolección.

Por su parte, el negocio de Coleme quedó sin efecto luego de que el directorio y el posible inversor argentino exdirectivo de Boca Juniors, Osvaldo Spataro, no continuaran el diálogo. El presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale), Ricardo de Izaguirre, señaló a El País que «las voluntades eran totalmente distintas». El País se intentó comunicar con directivos de la cooperativa para conocer la continuidad de Coleme pero no obtuvo respuesta.

Claldy también fue partícipe de los conflictos sindicales ya que en julio anunció que se sometería a un proceso de reestructuración que implicaba 50 despidos, lo que despertó la molestia de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) quien se declaró en conflicto durante varias semanas.

Las panaderías y confiterías tampoco estuvieron ajenas a la conflictividad sindical. El último caso tuvo como protagonistas a El Emporio de los Sándwiches y la Mesa Coordinadora del Pan y Afines, quienes acordaron mantener un «buen clima de trabajo» y divulgar un comunicado entre el personal que fue acordado en conjunto por las partes y basado en un protocolo de prevención de acoso. El motivo de paros y movilizaciones durante las últimas semanas fue por «persecución sindical» denunciada por el gremio.

Luego de que la Mesa Coordinadora del Pan —que agrupa al sindicato de El Emporio de los Sándwiches— denunciara que la empresa «no acepta la organización sindical», el nuevo documento indica: «Se recuerda que todos los trabajadores tienen derecho a afiliarse o no afiliarse a una organización sindical sin recibir presiones de ningún tipo tanto por parte de la empresa como del sindicato y sin que ello implique un trato diferencial entre trabajadores o en el trato con la empresa».

Según señaló a El País el presidente de la Mesa Coordinadora del Pan, Luis Echevarría, el protocolo fue recibido de forma positiva por ambas partes, mientras que durante los últimos días se mantuvieron instancias de diálogo para negociar la asignación de tareas. En ese sentido, explicó que la empresa entiende que las colaboraciones son de carácter permanente y el sindicato planteó una contrapropuesta que indica que no se le asignarán cambios o nuevas actividades a los trabajadores. El dirigente sindical sostuvo que durante la próxima semana se coordinará una nueva reunión para definir más detalles de este tema. El País se comunicó en varias ocasiones con ejecutivos de la empresa, quienes declinaron brindar declaraciones sobre la situación en todas esas oportunidades.

Una de las primeras panaderías que estuvo en el centro de la polémica fue La Vienesa, que en junio de este año anunció el cierre de sus ocho sucursales ubicadas en Montevideo. El primer comunicado que alertó una situación delicada en torno a la panadería fue emitido en abril por parte de la CSI, que aseguraba que la empresa estaba “en quiebra”.

Foto: Francisco Flores/El País.

Según confirmó a El País el dueño de la empresa, Alejandro Aguerre, si bien atravesaba dificultades y adeudaba a proveedores y trabajadores por un total de $ 15 millones, la panadería no planeaba detener su actividad en ese momento. Semanas más tarde, la Mesa Coordinadora del Pan denunció que las deudas alcanzaban los US$ 900.000.

Luego de varias instancias de negociaciones en el MTSS y movilizaciones en la casa central de la panadería ubicada en Avenida Rivera y Avenida Luis Ponce, la empresa cerró cinco sucursales y semanas más tarde las tres restantes. Esto resultó en el amparo de 80 trabajadores en seguro de desempleo y un llamado a concurso para adquirir La Vienesa.

Según comentó Echevarría, días atrás el propietario de la firma se presentó a concurso de acreedores. En la actualidad, 10 trabajadores se encuentran conformando una cooperativa, otros 30 reperfilaron su currículum a partir del asesoramiento de la Dinatra y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), mientras que otros 40 trabajadores se reinsertaron en otras panaderías y panificadoras.