El pasado 31 de julio de este año el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, máxima autoridad legal de esa provincia, lanzó un protocolo dirigido a todo el personal judicial cualquiera fuese su rol en el que literalmente “baja línea” afirmando que su objetivo es brindar herramientas conceptuales para adaptar las prácticas judiciales a los casos que involucren la diversidad sexogenérica. El documento, que en sus páginas 18 y 19 enumera trece (13) categorías posibles de esta diversidad sexogenérica, determina luego (página 21) “Reglas prácticas de actuación” al momento de redactar demandas, escritos generales, sentencias, alegatos, etc. Algunas de ellas establecen:
-“No asumir el género ni la orientación sexual de una persona sólo por su aspecto o expresión de género”.
-“Evitar vocablos como Señor, Señora o Señorita, a menos que la persona así se presente”.
–“Incorporar a la causa datos vinculados a la orientación sexual sólo cuando sea relevante y justificado para resolver el planteo o para brindar un plus de protección”
Se puede observar con claridad cómo la ideología y la perspectiva de género inclinarán la balanza (literalmente) desde los inicios de un proceso judicial.
En su pag 22 el protocolo establece:
-“Cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, y evaluar el impacto diferenciado de una solución propuesta, para buscar una resolución justa e igualitaria cuando se detecta una situación de desventaja por cuestiones de identidad o expresión de género u orientación sexual”.
Hablando en criollo: si quien está en posición de juzgar (que per se ya es una persona con inevitables subjetividades) detecta una situación que considere como de desventaja por un tema de género debe cuestionar la neutralidad del derecho, estará, lisa y llanamente, inclinando la balanza.
Como si esto no fuera suficiente, el Protocolo nos lleva a otro documento titulado “Guía Práctica sobre el lenguaje y vulnerabilidad en el ámbito judicial”.
Una especie de glosario de definiciones, un neo-diccionario jurídico con “perspectiva de género”, que contiene reglas como:
-“Evitar los usos de palabras que partan del masculino universal o distingan según categorías binarias”
-“Reemplazar el término ‘mujer embarazada’ por ‘persona gestante’ ya que podría tratarse de un varón trans o de una persona no binaria”
-“Cambiar la palabra ‘niño’ por ‘niñez’”…
…y un sinfín de antojadizas modificaciones terminológicas que no favorecen el acceso a una justicia más dinámica, efectiva y justa. Habrá quien crea que modificar un par de palabritas y/o conceptos no perjudica a nadie, pero en realidad todos como sociedad deberíamos tener mayor consciencia acerca del valor y el peso de las palabras y de cómo, por medio de eufemismos se puede quitar gravedad a hechos que no dejan de tenerla.
En este glosario nos encontramos con un cuadro que explica cuales son los “términos discriminatorios” que no deben utilizarse en ningún escrito judicial en la provincia de Córdoba y cuáles son los términos sugeridos, he aquí un ejemplo:
-“Pornografía infantil” debe ser reemplazado por “Materiales de representación sexual de niñas, niños y adolescentes”.
Vemos así como de manera gradual y edulcorada lo obvio, natural y biológico es descartado y cuestionado y lo grave, minimizado.
Con esta clara bajada de línea del Tribunal Superior de Justicia, se ha generado que entidades como “La Casita Trans” (que se ocupa de “acompañar” en el proceso de transición a niños y adolescentes, lo cual muchas veces implica cambio de nombre, rectificación en su DNI y partida de nacimiento; hormonas cruzadas y cirugías irreversibles), sea la autorizada para “capacitar”, demanda de por medio, al Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, una institución que desde 1960 vela por el ejercicio ético de la profesión e impulsa el desarrollo de las especialidades. Así de bizarro como suena, la justicia de Córdoba puso el peso en la subjetividad y extravagancia de un individuo en detirmento de la enorme trayectoria profesional del Consejo de Médicos e hizo que tuvieran que modificar el dictado de sus cursos, pedir disculpas y recibir una capacitación del titular de La Casita Trans.
Tal como se lee en la propia cuenta de Instagram de esta ong y en los principales diarios de la provincia, en el mes de septiembre de este año la jueza Laila Judith Córdoba del Juzgado de Niñez, adolescencia, violencia familiar y de género resolvió que, al lanzar una convocatoria pública sobre un “Curso de Actualización de Medicina General de Cabecera y Comunidad”, uno de cuyos sus módulos se titulaba: “Disforia de género. Adolescencia: patologías frecuentes”, el Consejo de Médicos de la Provincia estaba patologizando al colectivo LGTBTIQ y ejerciendo violencia de género según la ley provincial 10.401.
Llama poderosamente la atención que, en un mundo globalizado y con información fidedigna al alcance de todos, el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba no haya podido sustentar y respaldar sus políticas, los cursos que brinda y el nombre que otorga a los mismos. Desde países como Reino Unido, Holanda, Suecia, Estados Unidos y Chile llegan documentos, revisiones e informes de comprobada solvencia (como el de la pediatra Hilary Cass de Reino Unido que tomó más de cuatro años de investigación e involucró a más de 113.000 pacientes) que desaconsejan de plano las terapias de intervención de cuerpos sanos en niños y adolescentes ya que sus consecuencias son irreversibles, mutilantes y experimentales y tienen altas tasas de arrepentimiento.
No es posible que los profesionales de la salud del Consejo Médico, entre ellos brillantes médicos clínicos, endocrinólogos y pediatras, desconozca los mismos, ¿será que nos encontramos ante un caso de correctismo político y que la flagrante ideologización de la justicia cordobesa impide que médicos y ciudadanos pensantes tengan una mirada diferente y científica sobre temas tan delicados?
La pregunta se responde sola cuando observamos que, al enterarse la ciudadanía acerca del Segundo Congreso de Infancias y Juventudes Trans convocado otra vez por la empoderada “Casita Trans” con el acompañamiento de la Universidad Provincial de Córdoba para el próximo 17 de noviembre, se movilizaron familias enteras junto a Fundaciones con esta problemática como Manada Argentina, que integramos, y preocupados en igual medida, decenas de asociaciones civiles como Citizen Go, Educadores por la vida (Córdoba), Mujeres libres y soberanas, Frente Joven, Asociacion Morelli, Padres Unidos, Docentes por la vida, Padres con derecho a decidir, etc. y ciudadanos como el legislador con mandato cumplido Gerardo Grosso (REDECO) entre otros.
La manifestación fue pacífica, sin agravios, sin violencia, solo se escuchaba el pedido de prudencia con los niños. Solicitaron al Gobierno de la Provincia que retire su apoyo oficial a dicho evento (más aún existiendo un DNU vigente, el 62/2025 que prohíbe este tipo de tratamientos justamente en niños y adolescentes). Como respuesta, recibieron un bozal legal instado por la Jueza de violencia Zulma Palmero para el candidato a legislador Gerardo Grosso y tres ciudadanos más, que dictamina que no pueden hablar del tema en las redes, cuestionar ni mencionar a la Casita Trans ni al Congreso que va a realizarse en la Ciudad de las Artes, encuadrando toda opinión al respecto en el enorme y cada vez más abarcativo “discurso de odio”, invocado para justificar toda clase de vulneración a la libertad de expresión de los ciudadanos que no comulguen con la ideología de género.
Nos preguntamos, ¿si es tan inocente y fantástico el acompañamiento que realiza La Casita Trans a niños y adolescentes; si no los induce y fomenta la medicalización crónica, la hormonodependencia de por vida y las cirugías de extirpación de órganos sanos, por qué no se pueden escuchar otras voces? ¿Por qué el Consejo de Médicos de la Provincia no puede traer información de vanguardia de otros países que iniciaron con los llamados tratamientos de reasignación de género en menores en la década de los 80 y hoy cuentan con estadísticas y seguimiento clínico de miles de casos disponibles? ¿Por qué no es posible hablar de los miles de detransicionadores que hoy existen en el mundo y sin ir muy lejos, MANADA en Argentina registra ya una significativa cantidad de arrepentidos y la imperiosa necesidad de investigar y buscar soluciones para sus cuerpos dañados que hoy necesitan reparación y calidad de vida? ¿Por qué ciudadanos y agrupaciones que tienen otra mirada, tienen bozales legales y son tachados de tener discursos de odio? Detrás de la inclusión y el supuesto amor por las minorías, existen laboratorios con ganancias millonarias de dólares cuando un país subvenciona y promueve este tipo de tratamientos y que existen cargos públicos, secretarías y ministerios en cada municipio y provincia que se quedarían sin fondos y cajas si los niños vuelven a ser niños.
