El ministro Gabriel Katopodis señaló que la administración de Javier Milei paralizó la ejecución del Plan Maestro de la Cuenca del Salado. Productores de Bragado denunciaron inacción municipal y evalúan una rebelión fiscal.
Las intensas lluvias que provocaron graves inundaciones en el centro de la provincia de Buenos Aires reavivaron la discusión por la falta de obras hídricas y de coordinación entre Nación y Provincia. El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, acusó al Gobierno nacional de haber frenado el Plan Maestro Integral de la Cuenca del río Salado, considerado una política de Estado clave para prevenir este tipo de emergencias.
En declaraciones oficiales, Katopodis recordó que “esta es una política de Estado que desde 1997 se viene desarrollando de manera conjunta entre la Nación y la Provincia”. Según explicó, las obras se ejecutaron sin interrupciones durante más de dos décadas, pero “a partir de diciembre de 2023, la Nación paralizó los trabajos correspondientes a la etapa 2 del tramo 4, como ocurrió con más de 2.300 obras públicas en todo el país”.
El funcionario advirtió que la suspensión, financiada por el Fondo Hídrico, “trabo las gestiones para obtener el crédito internacional del tramo 5, que iba a ejecutar la Provincia”. Señaló además que la interrupción “ya lleva casi dos años” y detuvo una fase que podría haberse completado en 2024. “En momentos como este se demuestra el verdadero valor de la obra pública y del trabajo mancomunado del Estado. Sin planificación y sin inversión, los daños se multiplican”, afirmó.
Productores rurales al límite
Mientras tanto, productores del interior bonaerense atraviesan una situación crítica. En Bragado, una de las zonas más afectadas, la productora Paulina Bordeu denunció que el municipio no realizó obras durante los tres años de sequía. “Estamos con el agua al cuello por la inacción municipal”, dijo en diálogo con Radio Rivadavia.
Bordeu explicó que los caminos rurales se transformaron en ríos y muchas familias quedaron aisladas. “Tenemos animales que se están muriendo por el agua estancada. Se levantan bacterias y no te da tiempo a reaccionar”, relató. Indicó que en su campo de 500 hectáreas paga una tasa vial de entre cinco y siete millones de pesos mensuales “sin contraprestación alguna”, y que el municipio aplicó además un aumento del 25 %. “El productor quiere salir adelante, pero si no pagás, te bloquean la cuenta y no podés mover un camión”, sostuvo.
Frente a la falta de respuestas, los productores enviaron una carta documento al gobierno local y evalúan una rebelión fiscal. Recién entonces, según Bordeu, “el intendente apareció en helicóptero a recorrer la zona”. La productora agregó que el problema es estructural: “El agua que llega desde 9 de Julio no puede escurrir hacia Mechita por el terraplén de las vías y por una laguna cercana a la ciudad. Bragado es una gran olla que recibe agua y queda estancada”.
Los efectos de las inundaciones no se limitan al campo. Trabajadores rurales recorren hasta 50 kilómetros diarios por caminos intransitables para llegar a sus puestos, mientras que muchas familias viven con el agua a pocos metros de sus casas. “Hay gente que no es escuchada y la está pasando muy mal. No pedimos privilegios, pedimos hechos”, insistió Bordeu.
El productor Ignacio Iturriaga, de Roque Pérez, estimó que las pérdidas ascienden a 2.466 millones de dólares y afectan más de 5 millones de hectáreas —2,25 millones agrícolas y una cifra similar ganadera—. “Lo que no se sembró o no se invirtió no es solo plata que pierde el productor: es plata que pierde el contratista, el que vende insumos, el del pueblo. Es dinero que no circula y que no vuelve”, explicó.
Ante el avance del agua y la falta de obras, el Gobierno bonaerense reiteró que la reactivación del Plan del Salado es indispensable. Katopodis concluyó: “Cuando la obra pública se detiene, el agua siempre encuentra la manera de recordarnos por qué era necesaria”.
