Para los policías que trabajan en el sistema penitenciario se ha vuelto moneda corriente encontrar droga durante los horarios de visita a los reclusos. Desde sustancia introducida dentro del cuerpo y envío de encomiendas, hasta arrojar paquetes desde la ruta en los casos en los que la distancia no es muy grande. Todo vale. “Los delincuentes se las ingenian para buscar distintos métodos”, dijo una fuente policial a El País.
El motivo por el que los mecanismos para pasar droga a las cárceles mutan constantemente es que suelen encontrarse sus debilidades. Las encomiendas son revisadas cada vez con más exhaustividad, se han instalado mejores escáneres y tirar los paquetes conlleva un gran riesgo de que sean perdidos.
Pero en los últimos días un hallazgo alertó a los investigadores sobre un nuevo método utilizado por los delincuentes, del cual ya se tenía pista y se intentaba perseguir desde hace algunas semanas. La Operación Hidra, denominada así por la Policía, surgió en la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario (UIAP) y tuvo como objetivo fortalecer los controles para evitar el ingreso de droga a la cárcel de Canelones.
A fines de octubre una encomienda llamó la atención de los policías, que finalmente encontraron cocaína en lo que parecía ser un paquete de sal. Esta incautación permitió obtener información que luego sería útil para nuevos procedimientos. La fiscal de Canelones de 1er Turno, Irena Penza, fue quien llevó adelante la investigación en conjunto con la Policía.
Días después del hallazgo del paquete de sal falso, llegó otra encomienda, esta vez con supuestos productos de limpieza. Para ese momento, los investigadores ya contaban con la información de que los criminales estaban buscando nuevas formas de ingresar la droga y que el formato líquido era una de las posibilidades, debido a que facilita la evasión de controles.
Ante la sospecha de que los supuestos productos de limpieza podían ser en realidad estupefacientes, la fiscal Penza pidió su incautación. Uno de los hechos que levantó sospecha fue que el producto no tenía su olor característico.
Foto: Ministerio del Interior.
Fuentes de la investigación dijeron a El País que los delincuentes no dejaron el color del “producto de limpieza” al azar, sino que fue estratégicamente seleccionado. La decisión se encuentra directamente relacionada con las pruebas químicas que se realizan de forma primaria para conocer si la sustancia es cocaína.
Esto se debe a que al aplicar el reactivo utilizado para los exámenes de esa droga, este se pone de color turquesa en caso de ser positivo. Conociendo este detalle, los criminales utilizaron un solvente que dejaba la cocaína líquida de ese color. Su objetivo era evitar el examen primario, ya que de todas formas el color que arrojaría el estudio iba a ser el mismo, imposibilitando conocer con certeza la sustancia.
De igual manera, los análisis de laboratorio realizados posteriormente corroboraron que se trataba de cocaína. La droga tenía como destinatarias a personas recluidas en un sector conocido como “la Barraca”, tratándose de una de las zonas de la cárcel dedicada a presos de menor peligrosidad.
¿Cómo se convierte?
El procedimiento para convertir la droga en cocaína sólida -o en pasta base- no requiere de un gran laboratorio. “Lo que se necesita es algo para dar calor y hacer la cocción. Es algo que podrían hacer en una olla y hacer de cuenta que están haciendo arroz”, relató una fuente del caso a El País. Otro de los elementos necesarios es el bicarbonato de sodio, que también fue incautado en la encomienda junto con las botellas que contenían la cocaína.
El proceso de cocción podía realizarse dentro del sector de la Barraca debido a que, por ser una zona de menor seguridad, los reclusos tienen acceso a algunos electrodomésticos.
Consultadas por El País, fuentes del caso descartaron que la droga fuera utilizada para consumo en forma líquida. También explicaron que al diluir la cocaína y luego solidificarla, se pierde cerca de un 30% de la sustancia, pero igualmente sigue siendo rentable para los delincuentes por su precio dentro de los centros penitenciarios. Según datos del Ministerio del Interior, lo incautado tiene un valor de $ 4.500.000 dentro de la prisión.
Condenados
Luego de realizados allanamientos en Montevideo y La Paz, desde donde realizaban los envíos, fueron detenidas dos personas y trasladados dos privados de libertad. Los cuatro llegaron a acuerdos abreviados y ya fueron condenados.
Dos de ellos -un recluso y una persona que se encontraba en libertad- deberán cumplir con 18 meses de prisión y fueron condenados como coautores por delitos de asociación para delinquir y suministro de estupefacientes. Los dos restantes fueron condenados como cómplices de un delito de suministro de estupefacientes especialmente agravado en grado de tentativa, con seis meses de prisión.
La investigación concluyó que en el caso de las personas que estaban en libertad, una era la que armaba los paquetes, mientras que la otra los enviaba. Dentro de la cárcel uno era el que recibía, pero el destinatario final era el otro.
Uno de los elementos que Fiscalía y la Policía continúan investigando es a qué grupo criminal están vinculados los ahora condenados. Además, están en la búsqueda de identificar a más personas involucradas, tanto detenidas como en libertad.
El objetivo de Interior es pegar “donde más duele” a delincuentes
Luego de la imputación de Luis “Betito” Suárez por delitos vinculados a drogas, el ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió al tema y aseguró que la investigación estuvo dirigida a pegar “donde más duele” a los delincuentes: en su economía. Suárez fue imputado por un delito de tenencia de estupefacientes no para consumo, y está siendo investigado por presunto lavado de activos, aunque hasta el momento esta situación no fue llevada ante la Justicia. Suárez es uno de los delincuentes más reconocidos del país, contando con un extenso prontuario. Si bien es señalado por la Policía como uno de los líderes de los grupos criminales con base en Cerro Norte, su abogado, Diego Cabrera, aseguró que Betito quiere “rehacer su vida”.
Luego de su detención, el ministro Negro se expresó a través de la red social X y dijo: “Demostramos, una vez más, que, también en este tipo de delitos, el que las hace las paga”. La declaración de Negro sobre este caso es similar a la realizada tras el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, por el que actualmente hay seis personas imputadas.
Se trata, según explicó en una conferencia del Mercosur la fiscal del caso, Angelita Romano, de los autores materiales del hecho. “Seguimos investigando y queremos llegar (al fondo) porque sabemos que eso no nació en Uruguay. Sabemos que las personas que ordenaron y que idearon estas cosas no están en Uruguay. Tenemos los autores materiales, pero todavía no tenemos a los autores intelectuales”, expresó.
