La radiografía regional de 2025 es severa. El Latin America Country Risk Index and Analysis evaluó doce países y encontró un entramado de riesgos entrelazados: baja confianza en la política, criminalidad al alza y tensiones geopolíticas que complican la planificación de largo plazo. El estudio combina indicadores y la opinión de expertos de la academia, las empresas, la sociedad civil y el gobierno.
El documento introduce el Trust-O-Meter, que mide la confianza en los partidos, los parlamentos y las élites políticas. El resultado regional está en estado de “alerta”, el nivel más alto de riesgo. En el promedio anual sobresalen Paraguay, Brasil y Bolivia como los de mayor riesgo de confianza, mientras México registró el salto más pronunciado y el puntaje más alto en noviembre por señales de sobrealcance del Ejecutivo y el debilitamiento judicial.
El caso de México ilustra la intersección entre el riesgo institucional y la inversión extranjera. En junio de 2025 se celebró una reforma sin precedentes: la elección popular de jueces federales, medida que expertos internacionales han calificado como una posible amenaza a la independencia judicial. Ello coincide con el alza del índice de confianza en México del informe del Adam Smith Center, lo cual explica parte de su posición de riesgo elevado en el ámbito institucional.
En paralelo, el crimen organizado se consolida como el principal riesgo social y político: ya no es solo narcotráfico, sino minería ilegal, trata, cibercrimen y lavado con redes transnacionales. La literatura reciente lo define como la “cuarta ola” del crimen (Douglas Farah, 2024), mientras que Eduardo Gamarra documenta su inserción en estructuras estatales en Bolivia. En 2025, México, Brasil, Chile, Ecuador y Colombia figuran en niveles de alerta alta.
El panorama macroeconómico de la región ofrece señales de alerta. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el crecimiento estimado para América Latina en 2025 se sitúa alrededor del 2,4 % y se proyecta un crecimiento aún menor para 2026, lo que confirma el marco de crecimiento lento que detecta el estudio del Adam Smith Center for Economic Freedom. Esta moderada expansión limita la capacidad de reactivación cuando los riesgos político-institucionales y sociales ya están elevados.
El Salvador es la excepción: la criminalidad cayó con fuerza bajo el régimen de excepción impuesto por Nayib Bukele, lo que redujo el riesgo medido por el índice. El informe advierte, sin embargo, que la suspensión prolongada de garantías puede normalizar prácticas que erosionen el Estado de derecho.
Sin embargo, según Human Rights Watch, las autoridades salvadoreñas han cometido “detenciones arbitrarias y abusos de poder”, y muchas de esas detenciones “parecen basarse en la apariencia física o en condiciones socioeconómicas más que en pruebas creíbles”. En otro informe, la organización denunció que policías reconocieron practicar detenciones sin orden judicial bajo la lógica de “primero detener, luego investigar”, en lo que calificó como un patrón de represión institucional.
El frente económico tampoco despeja incertidumbres. El desempleo y la inflación se mantienen como binomio de mayor presión y elevan el indicador conjunto de tensión económica. El estudio subraya el peso de la informalidad —más de la mitad de los trabajadores— como freno estructural a la productividad y a la protección social. A corto plazo el crecimiento será débil; las proyecciones mejoran de forma gradual a 2-5 y 5-10 años.
En la fotografía por país, el riesgo económico más bajo del año corresponde a Argentina (2,74) y Paraguay (2,76), mientras que Bolivia (3,91) encabeza las alertas y México (3,61) le sigue.
La dimensión electoral ofrece un respiro. En 2025, los expertos reportaron alta confianza en la limpieza de los procesos de Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador, que pasan a estado de “precaución”. Para 2026, Brasil, Colombia y Perú entran en estado de “advertencia” por la polarización, la violencia política y la fragilidad institucional; el caso peruano es el más delicado tras la salida de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí.
En el plano internacional, la rivalidad entre EEUU y China gana peso como riesgo. Panamá es el país más expuesto (4,91) por la centralidad del Canal; México y Chile también quedan en de “alerta”. Paraguay exhibe el riesgo más bajo por su alineamiento con Washington y su vínculo diplomático con Taiwán.
La reconfiguración de las cadenas de suministro abre oportunidades de near/friend-shoring para quienes garanticen seguridad jurídica, mano de obra calificada, infraestructura y seguridad en puertos y logística. Son condiciones necesarias para captar inversiones que migren por tensiones comerciales globales.
En recomendaciones de inversión, los expertos muestran un alto optimismo con República Dominicana y Paraguay, y una recuperación de confianza en Argentina; Chile, Panamá y Perú se ubican en una zona de optimismo vigilante. México y El Salvador son los más negativos por la incertidumbre institucional y el Estado de derecho.
El diagnóstico converge: la legitimidad y la capacidad estatal para entregar seguridad, empleo y justicia determinan el clima de negocios tanto como los precios o el tipo de cambio. Donde falla la confianza, la política se empantana y la inversión se frena. Eso muestran los puntajes del índice.
Los autores —Erich de la Fuente (director del proyecto), Carlos Díaz-Rosillo (director fundador del centro), Eduardo Gamarra y Sary Levy-Carciente— sostienen que el reto es convertir la resiliencia en estrategia: reconstruir instituciones creíbles, blindar el Estado de derecho y coordinar la seguridad, la inclusión y la productividad para reducir el riesgo país.
