Bloomberg Línea — La edición 2025 del informe “Drugs, Guns, and Cash: A Strategic Threat to the Americas” advierte que el costo económico del crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular supera entre el 8% y el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) en países como El Salvador, Guatemala y Honduras.
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El documento, elaborado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), es una actualización de la primera publicación de 2013.
Felicitamos a @CACIFGuatemala y @Fundesa por la nueva edición de “Drogas, armas y dinero: una amenaza estratégica para las Américas”. Un análisis indispensable sobre cómo el crimen organizado socava economías, instituciones y sociedades en todo el continente. pic.twitter.com/tpWGatQLqM
— Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) November 7, 2025
“Esta edición refuerza la importancia de consolidar el estado de derecho, mejorar la cooperación entre los sectores público y privado y adoptar estrategias integrales que abarquen la prevención, la aplicación de la ley y el desarrollo social”, dijo Fundesa.
La investigación analiza cómo el tráfico de drogas, armas, dinero y personas se ha vuelto un sistema económico paralelo que debilita las instituciones, distorsiona los mercados y frena el crecimiento de los países del norte de Centroamérica.
De acuerdo con el estudio, que también contó con apoyo del proveedor Integrated Security Solutions LLC, los costos del crimen incluyen desde pérdidas de inversión y productividad hasta sobrecargos en seguros y gasto privado en seguridad.
Costos estimado de la delincuencia
El estudio analiza el costo directos e indirectos como porcentaje del PIB anual:
| Guatemala | Honduras | El Salvador | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,1% | 8,7% | 6,7% |
| 2020 | 7,4% | 8,7% | 7,2% |
| 2021 | 7,9% | 9,0% | 7,5% |
| 2022 | 8,2% | 9,3% | 7,9% |
| 2023 | 8,4% | 9,5% | 8,1% |
| 2024 | 8,6% | 9,7% | 8,1% |
| 2025 | 8,7% | 9,8% | 8,2% |
En Guatemala, donde el Gobierno sancionó recientemente la Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas Denominados Maras o Pandillas, el sector de seguridad privada emplea a más guardias que la Policía Nacional, lo que refleja el desafío del Estado para garantizar la seguridad.
El gasto en seguridad, tanto pública como privada, desvía recursos que podrían destinarse a infraestructura, salud o desarrollo productivo.
Según el informe, redirigir apenas el 25% del gasto actual en seguridad privada hacia programas de formación técnica podría generar hasta 100.000 nuevos empleos anuales.
En Honduras, las empresas de San Pedro Sula destinan entre un 15% y un 20% de sus presupuestos operativos a medidas de seguridad, desviando fondos de la innovación y el crecimiento. En El Salvador, las primas de seguros comerciales para empresas de logística aumentaron un 37% entre 2020 y 2024.
Además, la extorsión de las pandillas afecta al 70% de las pymes en municipios de alto riesgo, reduciendo la vida útil de las empresas y desalentando el emprendimiento.
El Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estiman que la criminalidad representa hasta un 10% del PIB regional, lo que equivale a más de US$30.000 millones anuales en pérdidas directas e indirectas.
El doble impacto económico de la migración
De igual forma, la migración genera efectos económicos complejos y, a menudo, contradictorios tanto para los países de origen como para los de destino.
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En Centroamérica, el fenómeno ha reconfigurado el acceso a servicios públicos, la productividad y la estabilidad económica, señala el reporte.
Una empleada cuenta billetes de 100 dólares estadounidenses en una oficina de cambio de divisas.(Bloomberg/Dimas Ardian)
En las naciones emisoras, el éxodo de profesionales calificados ha debilitado la capacidad institucional y reducido la productividad general.
Esta fuga de talento impacta directamente en la provisión de servicios esenciales y limita las posibilidades de desarrollo social a largo plazo.
Las remesas que los migrantes envían a sus familias se han convertido en un sostén financiero fundamental, representando el 26% del PIB en Honduras y el 23% en El Salvador en 2024. Si bien estos recursos alivian necesidades inmediatas y sostienen el consumo interno, también generan una dependencia estructural de ingresos externos y presionan los precios locales.
Este “paradigma económico de la migración” ilustra cómo las remesas brindan alivio temporal pero ocultan los déficits estructurales de productividad, empleo y oportunidades que empujan a las personas a migrar.
Sin inversión sostenida en generación de empleo y fortalecimiento institucional, los países de origen corren el riesgo de quedar atrapados en un ciclo de dependencia y bajo crecimiento. Por ello, el informe subraya que la sostenibilidad debe basarse no solo en facilitar una migración segura y ordenada, sino también en crear condiciones internas que permitan que migrar sea una opción, no una obligación.
