Acorralado por la presión mediática y la creciente preocupación del sector rural, el Gobierno Nacional puso en marcha una serie de medidas destinadas a mitigar el impacto de las inundaciones que afectan a gran parte de la provincia de Buenos Aires. Entre las principales iniciativas, se oficializó hoy la declaración de la emergencia y/o desastre agropecuario en cuatro municipios: Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué.
La decisión, publicada este miércoles en el Boletín Oficial a través de la Resolución 1776/25 del Ministerio de Economía, regirá desde el 1º de septiembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026. Con esta medida, los productores alcanzados podrán acceder a exenciones impositivas, prórrogas en el pago de obligaciones fiscales y líneas de crédito especiales.
En rigor, se trata de una prórroga de la emergencia que ya regía en esos distritos y que originalmente vencía en septiembre. La extensión responde a que la situación hídrica no mostró mejoras sustanciales durante los últimos meses. Según detalla la norma, el gobierno bonaerense había tomado la decisión de ampliar el plazo el pasado 18 de septiembre, aunque recién ahora fue ratificada por la Nación.
Paralelamente, la administración provincial informó que eximirá del pago del Impuesto Inmobiliario Rural a los establecimientos afectados por las inundaciones en 19 municipios: Bolívar, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, General Alvear, General La Madrid, General Viamonte, Guaminí, Junín, Las Flores, Monte, Nueve de Julio, Puan, Saladillo, Tapalqué, Tornquist, Trenque Lauquen, Veinticinco de Mayo e Hipólito Yrigoyen.
Con estas disposiciones, el Ejecutivo busca dar un respiro al sector agropecuario bonaerense, uno de los más golpeados por las intensas lluvias y anegamientos que desde el invierno afectan miles de hectáreas productivas.
