La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) difundió su Encuesta sobre los factores de confianza en las instituciones públicas en América Latina y el Caribe. El informe abarca diez países y revela un patrón persistente: la región continúa rezagada respecto de las economías desarrolladas y exhibe variaciones significativas entre países y tipos de instituciones.
Panorama regional
De acuerdo con el estudio, sólo 35% de los latinoamericanos declara confiar en su gobierno nacional. El valor se ubica por debajo del promedio de los países de la OCDE, que alcanza 39%. A escala regional la desconfianza es predominante. Casi la mitad de los encuestados afirma tener poca o nula confianza en sus autoridades centrales. Las diferencias, sin embargo, son amplias: México registra un nivel de confianza del 54% en su gobierno nacional, mientras que Perú apenas alcanza el 20%. Entre ambos extremos se ubican Ecuador, República Dominicana, Costa Rica, Brasil y Chile, con valores intermedios o moderados.
Los gobiernos locales muestran un desempeño levemente superior. En promedio, el 37% de la población confía en sus autoridades municipales o regionales. Salvo México, donde la confianza local ronda el 48%, la mayoría de los países presenta niveles cercanos al 30%-40%. La distancia entre la confianza nacional y la local es reducida, aunque la cercanía territorial parece operar como un factor que suaviza la percepción negativa.
Instituciones políticas
El informe subraya que los poderes de representación política concentran los niveles más bajos de confianza pública. El Congreso es la institución con peor evaluación relativa: en promedio, sólo 27% de los latinoamericanos manifiesta confianza en su legislatura. El fenómeno se profundiza en países con ciclos recientes de inestabilidad o alta conflictividad política. En Perú, por ejemplo, el Congreso registra apenas un 15% de confianza; en Chile, un 19%. En contraste, México alcanza un 43% y República Dominicana ronda el 40%, ubicándose en el extremo más alto de la región.
El sistema judicial tampoco logra revertir la percepción negativa. Apenas 36% de la población confía en sus tribunales y jueces, un valor considerablemente inferior al de las economías miembros de la OCDE. La evaluación se mantiene por debajo de la mayoría absoluta en todos los países relevados. La asociación entre desconfianza y percepción de corrupción es uno de los elementos que el informe destaca como determinante en la opinión pública.
Fuerzas de seguridad y medios
La encuesta muestra un comportamiento diferenciado en el caso de las instituciones de defensa y seguridad. Las Fuerzas Armadas son, en promedio, la institución mejor evaluada. En los países con datos comparables, más del 55% de la población declara confiar en ellas. La policía, por su parte, exhibe niveles menores pero aún superiores a los de los poderes políticos, con un promedio regional cercano al 44%.
Los medios de comunicación también se ubican por encima del gobierno nacional en términos de confianza. En la región, 42% de los ciudadanos afirma confiar en la información que difunden los medios, mientras que la proporción en los países OCDE es de 45%. El estudio destaca que los medios funcionan como un puente entre la ciudadanía y el Estado, lo que podría explicar su mayor nivel de credibilidad relativa en un contexto de desconfianza generalizada.
Factores que influyen en la confianza
La OCDE identifica una serie de determinantes que explican las variaciones entre países. La calidad de los servicios públicos es uno de los más relevantes. En la región, 55% de los encuestados se declara satisfecho con los servicios administrativos, pero sólo 50% lo hace con la educación pública y 40% con el sistema de salud. La insatisfacción en áreas esenciales constituye un limitante para la consolidación de instituciones más confiables.
La percepción de corrupción ocupa un lugar central. El 49% de los encuestados ubica la corrupción gubernamental entre los tres principales problemas de su país. En Perú la cifra asciende al 64%, mientras que en Chile desciende al 32%. La falta de integridad en la función pública se refleja también en otro indicador: apenas 31% de los ciudadanos cree que un empleado estatal rechazaría un soborno.
La participación política y la sensación de ser escuchado son otros elementos determinantes. Sólo 25% considera que la ciudadanía tiene influencia real en las decisiones gubernamentales. Este porcentaje se asocia directamente con la confianza: quienes perciben mayor capacidad de incidencia muestran niveles significativamente superiores de confianza en el gobierno nacional.
El uso legítimo de los datos personales y la percepción de que las políticas públicas se basan en evidencia técnica también son factores claves. Sólo 38% de los encuestados afirma que las decisiones gubernamentales se toman con fundamento en información confiable. Una proporción similar declara confiar en las estadísticas oficiales. La OCDE señala que la falta de transparencia y la baja credibilidad de los datos limitan la capacidad del Estado para sostener vínculos de confianza con la ciudadanía.
Brechas y desafíos
El informe muestra que América Latina enfrenta un desafío estructural: la confianza institucional permanece baja y fragmentada. Aunque México, Ecuador y República Dominicana exhiben niveles relativamente más elevados, la mayoría de los países se ubica en un rango moderado o bajo. La región mantiene una brecha significativa respecto de los países de la OCDE.
La OCDE sostiene que mejorar la calidad de los servicios, fortalecer la integridad pública y ampliar los mecanismos de participación podría contribuir a revertir esta tendencia. Asimismo, resalta que las instituciones más confiables suelen ser aquellas percibidas como profesionales, menos politizadas y orientadas al largo plazo.
Las conclusiones del informe reflejan un problema persistente: la confianza pública no sólo depende de los resultados económicos, sino también de la capacidad de las instituciones para operar con eficacia, transparencia y equidad. En un escenario de demandas crecientes, las economías de la región enfrentan el desafío de reconstruir un vínculo que, en muchos casos, aparece debilitado desde hace años.
