El Senado dio sanción definitiva al nuevo Código Procesal Penal, que según dijeron, completa la transición hacia un sistema acusatorio y adversarial iniciado en 2011. El proyecto, identificado como Expte. N° 91-52.695/25, fue aprobado en revisión y pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación. Su implementación comenzará en febrero de 2026 en el Distrito Centro y un año después en los distritos del interior.
El nuevo código deja atrás el sistema basado en actas escritas. Todas las audiencias deberán ser registradas en formato de audio y video, lo que permitirá mayor precisión en las revisiones y un control ciudadano más efectivo sobre la actuación de fiscales y jueces.
La reforma incorpora técnicas especiales de investigación —informantes, agentes encubiertos y agentes reveladores— y habilita acuerdos de colaboración con imputados para avanzar en causas complejas. Además, introduce procedimientos específicos para personas jurídicas y establece plazos máximos y diferenciados según la complejidad de los casos.
También se modifica el sistema recursivo: el recurso de casación será reemplazado por un esquema de apelación horizontal más ágil, pensado para resolver controversias en tiempos razonables. El código permite acuerdos totales o parciales entre las partes para resolver causas de manera anticipada, incluyendo juicios abreviados.
Una Oficina judicial que dependerá de la Corte
La reforma crea una Oficina Judicial que dependerá de la Corte de Justicia y concentrará la logística operativa de los procesos: notificaciones, programación de audiencias, control de sistemas de grabación y preparación de salas. La intención es liberar a los jueces de tareas administrativas y optimizar el funcionamiento diario del sistema.
Asimismo, se impulsa una mayor coordinación entre el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas policiales, con especialización del personal, inversión en laboratorios forenses y mejoras en el sistema penitenciario.
Durante el debate en el Senado, el senador Dani Raúl Nolasco destacó que el objetivo central de la reforma es «modernizar el servicio de justicia penal» y dotarlo de «agilidad, transparencia y eficacia», superando las limitaciones del marco normativo actual.
«Esta reforma responde a un reclamo de la sociedad. La oralidad garantiza el control ciudadano de jueces y fiscales», afirmó.
Por su parte, el senador Javier Mónico calificó la reforma como «trascendental» y recordó que constituye una respuesta directa a la exigencia social de terminar con la impunidad y agilizar los procesos. «Definir las reglas del juego es fundamental. Desde que un vecino realiza una denuncia, el código establece cómo actuarán fiscales, defensores, jueces y todos los actores del proceso penal», señaló.
Mónico subrayó que la reforma completa un proceso iniciado hace más de una década y avanzará plenamente hacia un sistema acusatorio adversarial. «Se deja atrás el antiguo modelo de actas que muchas veces no reflejaban con exactitud los actos procesales. Hoy habrá respaldo en audio y video», indicó.
El legislador también destacó la nueva división de funciones: «El fiscal tendrá a su cargo la investigación y la persecución penal; la defensa contará con todas las garantías constitucionales para actuar de forma profesional; y el juez se limitará cada vez más exclusivamente a resolver».
