Tras el cierre del proceso de licitación de transmisión PET-3, el Ministerio de Energía y Minas debe trabajar en la preparación del lanzamiento de nuevas licitaciones de transporte eléctrico con el objeto de fortalecer la infraestructura de transmisión y garantizar el desarrollo de la red eléctrica guatemalteca.
Durante el proceso PET-3, la única oferta presentada no completó los requisitos de la evaluación técnica por fallas documentales. Sin más oferentes en competencia, el proceso fue declarado desierto, lo que abre la oportunidad de replantear las condiciones de licitación para atraer una mayor participación.
“No se logró la adjudicación de los proyectos, y el Ministerio deberá buscar los mecanismos idóneos para poder ejecutar las obras en el corto plazo”, sostuvo David Eduardo Cabrera Palomo, presidente de la Asociación Guatemalteca de Transportistas de Electricidad (AGTE) en entrevista con Energía Estratégica.
Cabrera agregó que Guatemala cuenta con un marco jurídico sólido que contiene mecanismos que respaldan la expansión del sistema de transmisión eléctrica mediante diversas modalidades, por lo que resulta fundamental explorar alternativas que fortalezcan e incentiven la inversión en esta infraestructura.
El MEM ya trabaja en el relanzamiento de la PET-3, que podría incluir condiciones más favorables para atraer inversión privada y dinamizar la expansión del sistema. Desde el gremio, consideraron que este nuevo llamado debe impulsarse con celeridad y completarse con nuevas licitaciones —al menos tres— que permitan reordenar la planificación de transporte, recuperar los proyectos no adjudicados y responder a las necesidades que generará la PEG-5, prevista para el primer trimestre de 2026.
La planificación energética en Guatemala enfrenta una presión creciente. Según datos oficiales, el país deberá duplicar su red de transmisión en los próximos 20 años para sostener el ritmo actual de la demanda, que crece entre 5% y 6% anual, con zonas urbanas que ya muestran incrementos de dos dígitos. A ello se suman los efectos de la industrialización y urbanización, que seguirán impulsando el consumo, así como la necesidad de acelerar los planes de Electrificación Rural.
A corto plazo, la adjudicación de la PEG-5 derivará en la necesidad de obras de refuerzo en transmisión. Esto ya ocurrió con licitaciones anteriores, pero ahora los plazos están más ajustados. De hecho, uno de los lotes incluidos en la PET-3 estaba diseñado para atender las necesidades generadas por la PEG-4, adjudicada hace dos años. El desfase entre ambos procesos evidencia la urgencia de dinamizar el calendario de convocatorias.
Para mejorar la participación privada, AGTE recomendó rediseñar el reparto de riesgos. La PET-3 cargaba con una alta exposición para un solo actor, lo que redujo el atractivo de la convocatoria. La solución no implica que el Estado absorba ese riesgo, sino que desarrolle condiciones más equilibradas y predecibles para los oferentes.
“Creemos que, en la medida en que el riesgo se distribuya de manera más equitativa, los procesos de licitación serán más atractivos, fomentando una mayor competencia y generando condiciones que se traduzcan en mejores precios en las ofertas que se trasladarán a los usuarios finales”, explicó Cabrera Palomo. También sugirió dividir los proyectos en lotes más pequeños, de modo que más empresas calificadas puedan participar, elevando así las probabilidades de éxito.
En paralelo, el Ministerio deberá aprobar en enero el nuevo Plan de Expansión de Transmisión, con horizonte de urgencia a dos años y de planificación mínima a cinco. Este documento, obligatorio por normativa, servirá de base para definir las obras prioritarias. Una vez clasificadas como proyectos del sistema principal, el Estado podrá licitarlas formalmente.
Desde AGTE ya se presentó una propuesta de nodos críticos en los que se visualizan futuras limitaciones, elaborada a partir del monitoreo actual de la red. El listado es un insumo técnico que no reemplaza estudios formales, pero busca apoyar el trabajo del Ministerio y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, con el objetivo de que las necesidades del sector queden reflejadas en la planificación oficial.
“Esperamos que nuestras sugerencias puedan ser tomadas en cuenta en el documento final que debe presentarse en enero”, planteó Cabrera Palomo.
En todo caso, planificar no será suficiente si no se resuelven obstáculos estructurales. El avance de los proyectos de transporte eléctrico sigue condicionado por problemas de permisología, servidumbre y licencias municipales, que extienden los plazos de ejecución en múltiples frentes. Mientras estos cuellos de botella no se atiendan, el crecimiento del sistema de transporte eléctrico seguirá estancado en torno al 1,5% anual, muy por debajo de lo requerido para acompañar la expansión necesaria del sistema eléctrico del país.
