El estudio, realizado en conjunto por Vemo y Remsa, examina los niveles de adopción de vehículos eléctricos en los países de la región, los retos que emergen respecto de sus baterías al final de su vida útil y los marcos normativos actuales.
El documento “Gestión de baterías de vehículos eléctricos en América Latina y el Caribe – Reciclaje y segunda vida”, realizado conjuntamente por Vemo -empresa dedicada a la recarga pública, flotas de vehículos eléctricos y soluciones tecnológicas- y Recuperadora Ecológica Mexicana (Remsa) – especializada en gestión de residuos electrónicos y reciclaje de batería-, indica que en la región se han vendido hasta la fecha aproximadamente 221 546 automóviles eléctricos y 5 811 buses eléctricos.
Estas cifras se traducen en la generación de cerca de 92.069 toneladas de baterías usadas en espera de tratamiento mediante segunda vida o reciclaje.
Según el trabajo, el estado de la electromovilidad en América Latina, con números de entre 2021 y 2022, muestra que:
- En Brasil se vendieron 170.417 automóviles eléctricos y 298 buses.
- En México la cifra alcanzó 39.974 automóviles eléctricos.
- En Costa Rica se reportaron 6.446 automóviles eléctricos y 11 buses.
- En Colombia se registraron 5.965 automóviles eléctricos y 1.590 buses.
- En Chile el número de automóviles fue aproximadamente 900 y la de buses 2.659.
- En Uruguay se contabilizaron 5.240 automóviles eléctricos y 37 buses.
De cara a 2030, el informe proyecta que la región alcanzaría un stock de aproximadamente 5 millones de vehículos eléctricos, de los cuales 125.000 serían buses y 4.875.000 automóviles. Esto implicaría un volumen próximo a 2.018.750 toneladas de baterías disponibles para segunda vida o reciclaje.
Marcos normativos y avances regulatorios
En cuanto a marcos normativos y avances regulatorios la investigación detalla varios países: en Colombia existe recolección selectiva, con metas nacionales para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y, desde 2024, se exige la recolección obligatoria de baterías de vehículos eléctricos.
En Costa Rica están regulados los residuos especiales y electrónicos, pero la gestión específica de baterías de ion litio de VE está en fase de desarrollo sin metas obligatorias claras.
En México las baterías de litio usadas se clasifican como residuos especiales no peligrosos, pero no existe aún una normativa específica con sanciones por incumplimiento; en 2022 el gobierno lanzó un Programa Nacional para la Prevención y Gestión de Residuos Especiales que reconoce a las baterías de ion litio usadas como un desafío emergente.
En Chile la legislación sobre responsabilidad extendida del productor (REP) incluye residuos prioritarios, pero las baterías de litio de electromovilidad aún no están explicitadas; se advierte falta de certificación para baterías reutilizadas y barreras logísticas.
El documento resalta que sin un marco regulatorio explícito que contemple ensayos de seguridad específicos, criterios de degradación, trazabilidad, reutilización o reciclaje, las baterías pueden quedar sin un destino adecuado.
Segunda vida
Asimismo, la publicación explica que las baterías con nivel de degradación entre 20 % y 40 % pueden destinarse a aplicaciones de segunda vida, como almacenamiento estacionario de energía, antes de proceder al reciclaje.
Los autores señalan que la capacidad de reciclaje regional es limitada, y que la mayor parte de la capacidad global se encuentra en países como China, Estados Unidos y Europa, lo cual hace que América Latina dependa de instalaciones externas o deba asumir altos costos de logística si envía baterías al extranjero.
Estos datos muestran que la gestión de baterías de vehículos eléctricos en América Latina enfrenta múltiples frentes simultáneos: crecimiento de flota, volumen de baterías al final de su vida útil, vacíos normativos, necesidad de infraestructura local de reciclaje y segunda vida, y escenarios de exportación de residuos si no se desarrollan plantas propias.
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