Una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada en Miami, Estados Unidos, alertó sobre la importancia de atender la situación de la libertad de expresión en Argentina y recordó los pronunciamientos previos del organismo. “Estamos interesados en hacer una visita”, afirmó el presidente de la CIDH, José Luis Caballero.
En alerta por los ataques aperiodistas y reporteros gráficos, FOPEA y Poder Ciudadano solicitaron la realización de una misión oficial del Relator Especial para la Libertad de Expresión, la elaboración de un informe exhaustivo de país, la derogación del Decreto 780/2024 por restringir la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, la creación de un Observatorio Permanente sobre la situación de la libertad de expresión, el apoyo para activar el acuerdo vigente entre la Corte Interamericana y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la elaboración de un protocolo que garantice el litigio sin costos económicos en casos de reclamos por acceso a la información pública.
Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA

La apertura de la exposición estuvo a cargo de la presidenta de FOPEA, Paula Moreno, quien denunció “un deterioro veloz y pronunciado del clima para el ejercicio periodístico”. Así, cuestionó el «aumento inédito de agresiones» -principalmente violencia digital y hostigamiento protagonizado por las máximas autoridades-; el uso de «acciones judiciales para intimidar a periodistas» y la «violencia física contra la prensa» durante manifestaciones.
Según datos del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, en 2024 se registraron 179 casos de ataques, lo que representa un aumento del 53 por ciento respecto a 2023 y del 103 por ciento frente a 2022. Además, en lo que va de 2025 ya hay un récord de 257 casos.
El vicepresidente de la institución, Claudio Jacquelin, advirtió que estas agresiones lesionan el derecho de la ciudadanía a estar informada y denunció la inactividad institucional: la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados no funciona hace más de un año.
En tanto, Alconada Mon recordó la persecución (con intentos de jaqueo y amenazas) de que fue víctima luego de revelar un plan de la SIDE sobre espionaje interno. “El objetivo de los ataques es intimidar y desalentar a quienes podrían investigar o publicar información sensible”, sintetizó.
Además, Wortman Jofré alertó acerca del uso de la Justicia como arma política y mencionó como punto crítico las modificaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública. “El uso de la Justicia crea un ambiente de miedo y desconcierto, forzando a los periodistas a evaluar muy detenidamente si profundizan o abandonan sus líneas de investigación“, enfatizó.



